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Control a los fiscales: dudas sobre los casos ya cerrados

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La presidente de la Comisión de Acuerdos, Inés Bertero, admitió que podría ser observable la retroactividad de la norma, aunque reparó en que dicho aspecto no fue vetado por el Ejecutivo. No descartó citar a la auditora María Cecilia Vranicich para ampliar información sobre los procedimientos.

La presidente de la Comisión de Acuerdos, Inés Bertero, admitió que podría ser observable la retroactividad de la norma, aunque reparó en que dicho aspecto no fue vetado por el Ejecutivo. No descartó citar a la auditora María Cecilia Vranicich para ampliar información sobre los procedimientos.



Bertero anticipó que en virtud del volumen de la documentación remitida por la Auditoría, se requerirá “tiempo” para poder analizar y avanzar con cada procedimiento. Foto: Archivo

 

Mientras ajusta cuestiones reglamentarias y hasta busca un lugar físico para funcionar, la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura se prepara para comenzar a revisar los más de sesenta expedientes que llegaron a ese ámbito desde la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Su titular, María Cecilia Vranicich, envió el 1° de febrero a dicha comisión la resolución Nº 25 de su área, en la que expresa que “ha cesado” su función disciplinaria sobre los fiscales, a partir de la reforma a la ley, que delegó dicha potestad en diputados y senadores.

 

La norma generó controversia tanto por la manera en la que fue votada -sobre tablas y sin debate-, hasta por las advertencias del propio MPA sobre la posible inconstitucionalidad de la ley.

 

La presidente de la Bicameral, Inés Bertero, confirmó que los procedimientos de investigación sobre los fiscales estarán ahora en manos de los legisladores, y anticipó que en virtud del volumen de la documentación remitida por la Auditoría, se requerirá “tiempo” para poder analizar y avanzar con cada procedimiento.

 

“Por el volumen de material que tenemos y de procesos en curso, necesitamos contar con un lugar físico para el resguardo de esa documentación, y también de algún personal que habrá que destinar para llevar adelante estas actuaciones. Lo demás está en la ley -planteó. Yo sé que habrá que hacer una evaluación del reglamento que actualmente tiene la comisión y que se sancionó cuando se discutió la remoción del ex defensor general Gabriel Ganón. La ley actual -ejemplificó- extiende los plazos (para el proceso) a un año así que habrá que revisar esto y también desde el punto de vista de las garantías y las defensas, y si es necesario, hacer modificaciones. Una vez que hayamos concluido todo eso, pasaremos a la etapa de análisis de cada proceso remitido por la auditora; dictaremos las resoluciones respectivas y se llevará a votación de la asamblea legislativa”.

 

—¿Son 62 expedientes?

 

—Tengo entendido que son 16 cajas que en algunos casos ni se abrieron; ciertos procesos están concluidos, y en otros está terminada la etapa de investigación por lo que allí habrá que emitir una resolución. Hay casos en los que está la denuncia y hay que avanzar, y en el caso de los fiscales de Santa Fe (María Laura Martí y Roberto Apullán), por ejemplo, también hay denuncias penales por lo que habrá que aguardar allí a que el juez resuelva la cuestión para poder avanzar.

 

—¿Qué pasa con los casos cerrados, porque según la ley hay retroactividad?¿Se pueden revisar esas actuaciones?¿Se puede llegar a un veredicto distinto al que arribó la Auditoría?

 

—Bueno, la letra de la ley es amplia; exactamente, habla de retroactividad. La semana próxima estaremos convocando a la Comisión de Acuerdo y allí analizaremos y de ser necesario convocaremos a la Dra. Vranicich para que podamos hacer una evaluación rápidamente de todo el proceso.

 

—¿Corresponde la retroactividad?¿No es inconstitucionalidad que una ley plantee eso?

 

—Algo de eso podría verse pero bueno, no fue vetado... Hay trabajo por delante y fundamentalmente hay que tratar de analizar cada causa. Ya hubo también pronunciamientos de los fiscales (en contra de la ley); llevaron esa postura al gobernador para ver la posibilidad de un veto que finalmente no prosperó. La redacción de una ley siempre puede mejorar. Es cierto que la Legislatura es un espacio político (a propósito del cuestionamiento de que sea ahora el poder político quien controle a los fiscales), pero todo se debe analizar con las garantías del debido proceso.

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