Machado, que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en su casa de Viedma, fue trasladado por la Policía Federal a una unidad penitenciaria federal en esa ciudad, a la espera de la extradición a suelo norteamericano.
“La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”, comienza el comunicado.
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Y agrega: “El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por la Ley”.
“La República Argentina ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”, completa.
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Este martes por la mañana, el máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los argumentos presentados por la defensa de Machado y avaló el pedido de extradición formulado por la justicia estadounidense. Según el fallo, la solicitud cumple con los requisitos de cooperación internacional en materia judicial, lo que permitió confirmar el proceso iniciado a raíz de la petición de las autoridades de Estados Unidos.
Esa resolución de la Corte dejó la decisión en manos del Poder Ejecutivo, que la viabilizó horas después. En ese marco, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, adelantó que Machado será custodiado por las fuerzas federales.
La afirmación de la funcionaria surgió en medio de un cruce con el dirigente Juan Grabois en la red social X. “Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”, escribió Bullrich.
Una vez que se conoció la aceptación por parte del Poder Ejecutivo a la Justicia de Estados Unidos, Machado habló en diálogo con Radio La Red y sostuvo que se “imaginaba algo así”. “¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Que me abra una botella de champaña? Obviamente que me afecta. Los abogados están hablando allá. ¿Arrepentido de qué? La Justicia americana va a tirar estos cargos. Sí, van a quitar esos cargos», remarcó.
Y añadió: “¿Qué pasa si a mí me quitan los cargos de narco? ¿Qué van a decir? Hoy estoy con arresto domiciliario y a derecho, con una tobillera y tengo controles periódicos. Solo le tengo miedo a Dios“.
El origen de la causa
La causa se originó cuando un Gran Jurado Federal del Distrito Este de Texas dictó un auto de procesamiento contra Machado y otras ocho personas. El expediente detalla que el empresario argentino enfrenta cinco cargos principales: el primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína; los cargos segundo y tercero amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, presumiendo su importación ilegal a Estados Unidos, y lo señalan como cómplice en estos delitos; el cuarto lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero; y el quinto lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.
Durante el proceso, la defensa, representada por Norberto Oneto y Roberto Rallin, presentó diversas objeciones. Alegaron la inexistencia de “doble incriminación”, cuestionaron la imparcialidad del juez federal interviniente por rechazar pruebas ofrecidas y negar la recusación solicitada, y denunciaron una supuesta violación al principio de igualdad de armas, ya que en el juicio participaron tres funcionarios del Ministerio Público Fiscal frente a solo dos defensores. Además, plantearon la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767, que delimita el alcance del juicio de extradición, e invocaron el principio de “ne bis in idem”.
En el marco de la investigación, Machado fue vinculado al diputado José Luis Espert, quien recientemente renunció a su candidatura legislativa por La Libertad Avanza tras conocerse sus lazos económicos con el empresario. Según consta en la causa, Espert habría recibido una transferencia de aproximadamente USD 200.000 en concepto de asesoría para un proyecto minero de una empresa controlada por Machado en Guatemala. Además, se le atribuye haber realizado cerca de treinta vuelos en aviones privados financiados por el empresario durante su campaña presidencial de 2019, por un monto estimado en USD 350.000.
La defensa también solicitó que se requiriera a la justicia estadounidense información sobre la situación procesal de la coimputada Kayleigh Moffet y su posible impacto en el pedido de extradición. El último informe de la Secretaría Judicial consignó que el juzgado requirente informó la condena de Moffet —mediante un acuerdo— por los cargos 4 y 5, y de Debra Mercer Lynn Erwin —tras juicio— por los cargos 1, 2, 4 y 7. Además, Estados Unidos reiteró su interés en la extradición de Machado.
Entre los fundamentos del fallo firmado este martes, la Corte Suprema sostuvo que “de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, se confirma la sentencia apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos de América para ser sometido a proceso por los cargos uno, dos, tres, cuatro y siete de la Quinta Acusación de Reemplazo de fecha 5 de mayo de 2021”.
La decisión final sobre la extradición recayó así en el Poder Ejecutivo, que resolvió minutos antes de las 16 horas conceder la extradición para que el empresario sea trasladado.
Fuente: Infobae
