Avanza la investigación por corrupción en la ANDIS
La Justicia Federal ordenó 15 allanamientos en distintos puntos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires por la causa de presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Los procedimientos fueron ejecutados por la Policía de la Ciudad y la Bonaerense, con el objetivo de incautar celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos.
Según fuentes judiciales, la medida fue dispuesta por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, tras detectar nuevas pruebas que vinculan a más personas con la presunta red de corrupción.
Del análisis de los teléfonos de los primeros implicados surgieron nombres y datos que derivaron en esta nueva etapa de la causa.
Los audios de Spagnuolo, origen del caso
La investigación se inició tras la difusión de audios del exjefe del área de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien habría hablado de una operatoria de cobro de coimas a laboratorios proveedores del organismo.
Entre los mencionados en esos audios figuran la secretaria general de la Presidencia y su asesor, Eduardo “Lule” Menem.
Los allanamientos se realizaron un día después de que la Cámara de Diputados aprobara las interpelaciones a Karina Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, previstas para el próximo miércoles a las 14.00.
El Gobierno acelera la auditoría interna en la ANDIS
En paralelo, el Gobierno nacional intensificó la auditoría interna sobre las contrataciones del organismo. Fuentes oficiales confirmaron que la Justicia entregó al Ejecutivo los documentos incautados en el primer operativo.
“Ya entraron los primeros documentos para que podamos avanzar”, indicaron desde Nación.
Los archivos incluyen facturas de compras de medicamentos a distintas droguerías, muchas de las cuales no figuran en los portales públicos de transparencia y fueron ejecutadas sin trazabilidad del Ministerio de Salud.
Sospechas sobre contratos y sobreprecios
La cartera sanitaria sospecha que no hubo contratos formales con la droguería Suizo Argentina, sino múltiples compulsas de precios consecutivas para evitar controles.
Desde la Casa Rosada reconocen que existen indicios de sobreprecios y planean reformar el sistema autárquico de contrataciones de la ANDIS, de modo que dependan directamente del Ministerio de Salud.
Asimismo, el Gobierno evalúa centralizar la compra de medicamentos de forma directa con los laboratorios, eliminando intermediarios.
Una auditoría con plazo político
El sumario interno de la ANDIS se extenderá hasta seis meses, y el Ejecutivo espera que los resultados de la auditoría se conozcan después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La revisión también abarca las pensiones por invalidez que fueron derogadas en los últimos meses, otro eje de cuestionamiento hacia la gestión del organismo.
Actualmente, la ANDIS cuenta con 921 empleados y un presupuesto de $3,74 billones, de los cuales $3,1 billones corresponden a gastos de seguridad social, $556.000 millones a salud y $5.300 millones a promoción y asistencia.
