El juicio a los cuadernos de las coimas continúa hoy jueves en su séptima audiencia en el Tribunal Oral Federal N°7, luego de que, el martes pasado, la defensa de Julio De Vido, uno de los principales acusados del caso, intentara recusar a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canedo y Germán Castelli. Los jueces suspendieron la audiencia para resolver la cuestión; un cuarto intermedio de “diez minutos” se convertiría en casi cinco horas de espera con la pantalla en negro de la transmisión del Poder Judicial en YouTube
Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro señalaron a los magistrados -que condenaron al ex superministro kirchnerista casi dos meses atrás en la causa Gas Licuado- de una posible parcialidad, luego de la publicación de los fundamentos de esta condena. Los jueces rechazaron in limine el planteo; Rusconi habló de “palmarias violaciones”, anunció que apelaría en la Cámara Federal y que, incluso, convocaría a un veedor del Colegio de Abogados porteño para supervisar el proceso.
Sorteada esta polémica, continuará la agenda del proceso con la lectura del segundo pedido de elevación a juicio del caso, escrita por el fiscal Carlos Stornelli en 2019, un documento de 142 páginas. Se centra en un expediente paralelo al principal al iniciado por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que involucra a Roberto Baratta, su secretario Nelson Lazarte y los empresarios Hugo Dragonetti, Jorge Mauricio Balán y Alberto Taselli por el pago de diversas coimas anotadas por Centeno.
El anuncio del Tribunal antes de la audiencia comenzó con varias bajas para la jornada. Gerardo Luis Ferreyra, exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A., empresario y representante de Grupo Eling S.A. y Vialco S.A, acusado de 22 coimas, se encuentra internado por una operación. Néstor Otero, otro empresario del caso, de 87 años, presentó un certificado médico fechado en el día de ayer por una gastroenteritis aguda con deshidratación. Así, fueron eximidos de la audiencia.
Tras los anuncios de rigor, el secretario Ernesto Javier Ruiz comenzó la lectura de la imputación de la causa 96′9/2018/TO2, escrita por el fiscal Stornelli. “Entre los años 2003 y 2015, funcionó una asociación ilícita que fue formulada, esquematizada y liderada por quienes ejercieron como máximos referentes del Poder Ejecutivo de la Nación”, aseveró.
“Este Ministerio Público Fiscal consideró que” CFK, De Vido, Roberto Baratta, Oscar Centeno y otra decena de imputados participaron de esta “asociación ilícita fundada y sostenida durante el período señalado, con el objeto de que sus integrantes pudieran enriquecerse personalmente de manera ilegal, mediante negociaciones y acuerdos espurios entablados con empresarios de distintos rubros”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con dos canales independientes aunque complementarios”, siguió. Se trataba de los propios funcionarios, con Roberto Baratta y su secretario, Nelson Lazarte, a la cabeza. Luego, “la Camarita” misma, con Ernesto Clarens, Wagner y López. Ambos conformaron “la misma estructura jeraquizada” para entregar el dinero en el departamento de los Kirchner en Recoleta o en la Quinta de Olivos. Luego, se procedía a “favorecer a la empresa cohechante” a cambio de “el pago de un retorno”. Las cifras de la acusación se basan en los cuadernos de Centeno y su declaración como arrepentido, números a los que Stornelli considera “aproximadas”.
El primer supuesto pago relatado, en base a los cuadernos, fue uno de 1,5 millones de dólares, entregado por Hugo Dragonetti y recolectado por Baratta y Lazarte. Hugo Dragonetti fue el presidente de Panedile Argentina S.A, acusado de 22 coimas. El propio empresario reconoció el pago en su indagatoria. “Hay uno que no figura y que fue en el año 2010 en la cochera de la oficina”, aseveró en su indagatoria. Sin embargo, contradijo el número: según el empresario, fue un pago de 35 mil dólares.
En todo caso, para Stornelli -y por ende, para la fiscal acusadora Fabiana León- Dragonetti pagó para obtener beneficios.
Panedile, según la causa, fue la tercera empresa más beneficiada en obras energéticas durante aquel período.
Jorge Alberto Tasselli registró 23 ingresos al Ministerio de Planificación. La pericia a la computadora Macbook Air de Walter Fagyas, ex presidente de ENARSA, otro funcionario de Planificación acusado, reveló varios reclamos del empresario por diversas obras en una lista de llamados.
Tasselli, hoy de 79 años de edad, presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A, está acusado de pagar seis coimas, por ejemplo, una supuestamente abonada el 31 de julio de 2013 en medio de un almuerzo en el Yacht Club de Puerto Madero.
En su declaración como arrepentido, Tasselli aseguró, minimizando los montos fabulosos ventilados por Centeno:
“Entregué en total no más de 1,7 millones de pesos aproximadamente”.
Por primera vez, los abogados, acusados y funcionarios conectados al Zoom del juicio superaron en cantidad a los televidentes de la sala digital.
Los beneficios que recibió un empresario
Qué recibieron los empresarios por pagar las supeustas coimas es otra polémica del caso. Jorge Balán es el presidente de Industrias Juan F. Secco S.A., una de las energéticas más poderosas del país. Lo acusan del pago de tres coimas entre 2013 y 2015. Centeno lo mencionó en sus cuadernos, con un supuesto pago de 500 mil dólares.
Balán, según Stornelli y la fiscal León, mantuvo “diversas comunicaciones con integrantes de la asociación ilícita en e¡ contexto en el cuai se llevaron a cabo las transacciones», con llamados entre su teléfono y Nelson Lazarte, bolsero del dinero y secretario de Baratta.
“En forma paralela, a través de los informes remitidos por la Oficina Anticorrupción, se verificó la existencia de distintas contrataciones registradas por la firma en el ámbito del ex Ministerio de Planificación”, afirmó la acusación de la fiscalía, con ocho obras en total.
“Además, Integración Energética Argentina S.A. (ex ENARSA) hizo saber que Industrias Juan F. Secco S.A también había participado en licitaciones y contrataciones correspondientes a su ámbito de actuación”, con diez adjudicaciones de diversos proyectos y contratos. CAMMESA, por otra parte, informó a la Justicia federal Secco firmó varios contratos de abastecimiento.
Stornelli continuó, como para cerrar el círculo. Las mayúsculas corresponden al expediente:
“En los contratos celebrados con CAMMESA participaba la Secretaría de Energía que funcionaba en el ámbito del Ministerio donde se desempeñaban los funcionarios a ios cuales el nombrado les realizó los pagos. Esto último fue confirmado por Armando Roberto LOSON en el marco de su acuerdo de colaboración quien sostuvo que el Ministerio de Planificación manejaba los pagos de CAMMESA y que Roberto BARATTA era quien indicaba quién cobraba y quién no”.
Fuente: Infobae
