El deterioro de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe volvió a quedar en el centro del debate político e institucional. Desde el gobierno provincial aseguran que el abandono vial responde a una decisión política del Estado nacional, pese a la existencia de fondos específicos para mantenimiento.
La situación impacta de manera directa en la seguridad vial, la producción y la logística, y ya derivó en acciones judiciales impulsadas por la provincia, legisladores y municipios para forzar reparaciones mínimas en distintos corredores.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que los reclamos se realizaron por todas las vías administrativas disponibles, sin resultados concretos.
“Yo viajé 12 veces a la Casa Rosada para pedir que reparen o cedan las rutas, pero no hubo respuestas reales”, afirmó el funcionario.
Reclamos sin respuesta y pedidos de cesión
Según explicó Enrico, la provincia solicitó en reiteradas oportunidades la cesión de rutas nacionales para poder intervenirlas con fondos propios. Uno de los casos emblemáticos es el de la ruta A012, corredor clave hacia los puertos del Gran Rosario.
“No pedimos financiamiento nacional. Queremos que nos transfieran la ruta y hacernos cargo del arreglo”, remarcó el ministro.
El pedido formal por ese corredor fue presentado en febrero de 2024 y, según indicaron desde la provincia, nunca fue respondido.
Críticas políticas y tensiones institucionales
Enrico también expresó cuestionamientos hacia la conducción política nacional y la falta de atención a las problemáticas del interior del país.
“No hay interés real en el estado de las rutas que están lejos del centro político y administrativo”, sostuvo.
En ese marco, señaló que las decisiones vinculadas a Vialidad Nacional en Santa Fe dependen de referentes políticos nacionales y que las intervenciones básicas siguen sin ejecutarse.
Corredores nacionales en estado crítico
El deterioro alcanza a múltiples trazas estratégicas, entre ellas las rutas nacionales 9, 11, 33, 34, 8, 178 y la A012, además de las circunvalaciones de Santa Fe y Rosario.
En muchos tramos se observan banquinas inexistentes, baches profundos, falta de señalización, malezas que cubren carteles y ausencia de mantenimiento básico.
Uno de los casos más graves es el de la ruta 9, donde un puente dañado entre Carcarañá y Correa mantiene interrumpido el tránsito desde hace semanas. También preocupa la obra inconclusa en el acceso a Rosario, considerada hoy un punto de alto riesgo vial.
Fondos del impuesto al combustible y obras judicializadas
Desde la provincia insisten en que no se trata de falta de recursos, sino de una decisión política. El impuesto a los combustibles líquidos incluye un porcentaje destinado por ley al mantenimiento vial, que actualmente queda bajo administración nacional.
“Las pocas rutas que hoy se arreglan son las que tienen una orden judicial detrás”, afirmó Enrico, en referencia a fallos federales que obligaron a intervenir tramos de las rutas 33 y 11 tras la presentación de amparos.
Riesgo vial y posibles medidas provinciales
El Ministerio de Obras Públicas advierte que el mal estado de las rutas nacionales incrementa el riesgo de siniestros viales, especialmente en días de lluvia, cuando los conductores deben esquivar pozos y se producen invasiones de carril.
Ante este escenario, la provincia no descarta avanzar con obras de seguridad vial propias y profundizar la vía judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales.
“No hay un plan de mantenimiento en marcha y las soluciones prometidas no llegan. Mientras tanto, la gente sigue circulando por rutas deterioradas”, concluyó el ministro.
