El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en Argentina. La iniciativa fue aprobada por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, tras haber recibido previamente media sanción en Diputados.
La norma, impulsada por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, ahora aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial para entrar en vigencia.
### Cómo fue la votación en el Senado
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El debate estuvo marcado por fuertes cruces entre el oficialismo y el bloque peronista. Durante la sesión, la vicepresidenta Victoria Villarruel presidió la votación que dio sanción definitiva al proyecto.
Desde el oficialismo se defendió la reforma como una herramienta para “restablecer el orden” y garantizar que los delitos cometidos por adolescentes tengan consecuencias penales dentro de un sistema diferenciado.
En contraste, legisladores del peronismo anticiparon que la norma podría derivar en mayor litigiosidad judicial y cuestionaron su encuadre constitucional.
### Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
La ley crea un sistema penal especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos diferenciados respecto del régimen de adultos.
Entre sus principales puntos, se destacan:
- Presunción favorable a la minoría de edad.
- Prohibición de compartir ámbitos judiciales o penitenciarios con adultos.
- Aplicación de los principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad.
- Prioridad en la resocialización y reinserción social.
El sistema contempla un esquema de sanciones progresivas que incluye:
- Medidas educativas.
- Tareas comunitarias.
- Reparación del daño.
- Monitoreo electrónico.
- Restricciones de circulación.
La privación de libertad quedará reservada para delitos graves, con límites temporales estrictos y separación permanente de adultos.
Además, se incorpora la figura del supervisor judicial especializado, encargado de acompañar el proceso de ejecución de la sanción y la reintegración social.
### El rol de las víctimas y las garantías procesales
El régimen otorga un lugar central a las víctimas de delitos cometidos por adolescentes. La norma prevé:
- Asistencia jurídica y psicológica inmediata.
- Participación en audiencias.
- Posibilidad de oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal.
- Intervención en instancias restaurativas como la mediación penal juvenil.
Asimismo, establece la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil y fija estándares de alojamiento que garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención integral.
En los casos de menores inimputables, la intervención quedará bajo la órbita de la justicia civil, con medidas de carácter protectorio o curativo.
### Críticas por financiamiento e inconstitucionalidad
Desde el bloque peronista, senadores como Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Gerardo Zamora y Martín Soria cuestionaron distintos aspectos del proyecto.
Entre los principales señalamientos:
- El presupuesto asignado —$23.700 millones para las provincias— sería insuficiente para implementar el nuevo sistema.
- Advertencias sobre una eventual inconstitucionalidad de algunos artículos.
- Críticas por considerar que la norma prioriza el enfoque punitivo por sobre políticas integrales de protección de la infancia.
Según datos citados en el debate, el monto previsto permitiría construir alrededor de 7.400 metros cuadrados de infraestructura penitenciaria, lo que implicaría un promedio estimado de 308 metros cuadrados por distrito.
Desde el oficialismo y el bloque libertario, legisladores defendieron la viabilidad del esquema y sostuvieron que las provincias también deberán asumir responsabilidades presupuestarias.
Contexto e impacto
La sanción del Régimen Penal Juvenil representa uno de los cambios más relevantes en materia penal de los últimos años en Argentina. El eje central de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, junto con la creación de un sistema especializado que combina sanción y reinserción.
La implementación efectiva dependerá ahora de la reglamentación y de la coordinación entre Nación y provincias para su puesta en marcha.
