El Gobierno refuerza la prevención ante amenazas en establecimientos educativos
El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Educación, emitió una alerta preventiva dirigida a toda la comunidad educativa tras los recientes episodios vinculados a amenazas de tiroteos en escuelas. En ese marco, se solicitó a directivos, docentes y estudiantes asumir un rol activo en la prevención de estas conductas.
Desde la cartera educativa se instó a trabajar esta problemática en las aulas, incorporándola como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar. Además, se pidió fortalecer el diálogo en los hogares para evitar la reproducción de este tipo de situaciones.
Amenazas: un delito grave con consecuencias penales
El comunicado oficial, elaborado junto al Ministerio de Justicia y Seguridad, remarca que estas acciones “no constituyen una broma”, sino que se encuadran como un delito grave.
Según se explicó, realizar pintadas, difundir mensajes en redes sociales o generar falsas alarmas que involucren a instituciones educativas configura el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal. Esto puede derivar en penas de prisión y procesos en el fuero penal juvenil.
Asimismo, se busca desarticular la percepción de anonimato en redes sociales, advirtiendo que estas plataformas pueden amplificar la difusión de amenazas y minimizar su impacto real.
Identificación rápida y operativos de seguridad
Desde el Gobierno destacaron el trabajo del Ministerio Público de la Acusación, que utiliza herramientas tecnológicas como rastreo de IP, análisis de redes sociales y peritajes informáticos para identificar a los responsables.
Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones, lo que refuerza el mensaje de que no hay impunidad en este tipo de delitos.
El costo económico de las falsas amenazas
Cada amenaza activa un importante operativo de seguridad que incluye policía, servicios médicos y cortes de tránsito, además de la suspensión de clases.
Este despliegue genera costos significativos para el Estado. Por ese motivo, la normativa vigente establece que los padres o tutores deben responder económicamente por los daños ocasionados por menores de edad. En consecuencia, la Provincia puede reclamar judicialmente el reintegro de los gastos.
El rol clave de las familias y el efecto de las redes sociales
El documento también advierte sobre el “efecto contagio” que pueden generar las redes sociales, donde estos hechos pueden viralizarse y ser percibidos como desafíos o bromas.
“Lo que comienza como un reto en redes puede terminar en un proceso penal”, señala el texto, que además llama a las familias a involucrarse activamente.
En ese sentido, se solicitó dialogar de forma urgente con niños y adolescentes, con el objetivo de prevenir conductas que pueden poner en riesgo su libertad y afectar económicamente a sus familias.
