El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se refirió este miércoles a la investigación judicial que derivó en la detención e imputación de seis policías por la muerte de Mauro González, ocurrida en una comisaría de la ciudad de Santa Fe. El mandatario pidió actuar con «mucha prudencia» y sostuvo que será la Justicia la que deberá determinar las responsabilidades del caso.
Pullaro pidió esperar el avance de la investigación
Durante una conferencia de prensa, el gobernador evitó realizar un juicio anticipado sobre el accionar de los efectivos involucrados y señaló que solicitó al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, seguir de cerca la evolución del expediente.
«Pido mucha prudencia», insistió Pullaro, al recordar que en la provincia existieron antecedentes de causas similares en las que policías fueron finalmente absueltos tras el avance de las investigaciones.
En ese sentido, mencionó los casos Casco y Paris como ejemplos de expedientes que, según indicó, tuvieron un desenlace distinto al que inicialmente se planteaba.
Defensa del trabajo de la fuerza policial
El mandatario provincial remarcó que la gran mayoría de los integrantes de la Policía de Santa Fe cumplen su tarea con honestidad y compromiso, y advirtió que no debe generalizarse la conducta de toda la institución por el accionar que pueda atribuirse a un grupo de agentes.
Además, sostuvo que los resultados obtenidos en materia de seguridad durante la actual gestión reflejan el trabajo cotidiano de la fuerza.
«Si hay policías que cometieron delitos, deberán ser apartados y responder ante la Justicia, pero primero hay que esperar el resultado de la investigación», expresó.
El Ministerio de Seguridad asistirá a los efectivos imputados
En paralelo, trascendió que el Ministerio de Seguridad provincial asumirá el pago de los honorarios de los abogados que representarán a los seis policías imputados.
La causa investiga la muerte de Mauro González, de 35 años, quien había sido detenido en enero por provocar disturbios en la vía pública. La investigación encabezada por el fiscal determinó la imputación de los efectivos por los delitos de tortura seguida de muerte y vejaciones, mientras el proceso judicial continúa en etapa de instrucción.
