La Justicia Federal procesó a Sergio Aguirre, exsocio de Martín Menem, y a dos exinterventores de OSPRERA, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contratos celebrados por la obra social de los trabajadores rurales.
La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello, quien atribuyó a los tres imputados los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Además, dispuso embargos por un total de $1.000 millones.
La investigación sobre OSPRERA
La causa analiza la contratación de HTECH, una empresa vinculada a Aguirre que comenzó sus actividades en abril de 2024. Según la investigación, la firma no contaba con antecedentes, empleados ni facturación previa antes de comenzar a prestar servicios para OSPRERA.
La empresa fue contratada para brindar servicios de consultoría informática, procesamiento de datos y desarrollo de software. Entre noviembre de 2024 y julio de 2025, HTECH recibió aproximadamente $266 millones de la obra social.
OSPRERA permanece intervenida por el Gobierno desde 2024, en un contexto de conflicto con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
El vínculo entre Aguirre y Martín Menem
Sergio Aguirre tuvo como socio a Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados. Ambos fundaron en 2018 TR Nutrition SRL, una empresa dedicada a la importación y comercialización de suplementos dietarios.
La investigación judicial también puso bajo análisis los vínculos societarios y laborales relacionados con HTECH. María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre, figuraba como socia de la empresa y, al mismo tiempo, trabajaba como secretaria privada de Marcelo Petroni, uno de los interventores investigados.
Los exinterventores de la obra social
El contrato inicial con HTECH fue firmado por Virginia Montero, primera interventora de OSPRERA. Su sucesor, Marcelo Petroni, renovó y amplió posteriormente el acuerdo.
Ambos fueron citados a indagatoria durante el avance de la investigación. En su declaración, Montero defendió la contratación de HTECH, mientras que Aguirre negó haber intervenido en el proceso que derivó en el contrato con su empresa.
Qué pasó con la investigación
En julio, Casanello había citado a los imputados a indagatoria y dispuesto embargos por $920 millones, que incluyeron vehículos de alta gama.
Posteriormente, a comienzos de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña anuló una parte de las medidas de prueba. Los camaristas invalidaron el allanamiento realizado en el domicilio de Montero, el secuestro de su teléfono y las pruebas obtenidas a partir de ese dispositivo. También dejaron sin efecto los embargos que habían sido dictados sobre el patrimonio de los imputados.
Sin embargo, la investigación principal continuó bajo la conducción de Casanello, con la intervención del fiscal federal Guillermo Marijuán.
Los procesamientos no implican una condena y la causa continúa en etapa de investigación judicial.
