La Justicia procesó a José Luis Espert por presunto lavado de activos
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, procesó este jueves a José Luis Espert por presunto lavado de activos. La causa investiga el origen de US$200.000 que el exdiputado habría recibido en 2020 mediante una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado.
Además, el magistrado fijó un embargo de $1.000 millones sobre los bienes de Espert y le prohibió salir del país. La investigación busca determinar si el dinero provenía de actividades ilícitas y cómo ingresó al patrimonio del exlegislador.
La resolución también alcanza a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert. El juez lo procesó como presunto partícipe necesario y le impuso un embargo de $700 millones.
Por otra parte, la Justicia fijó una medida patrimonial de $500 millones sobre Varianza SA. La empresa pertenece a Espert y a su esposa, María Mercedes González.
La transferencia de US$200.000 bajo investigación
Los investigadores siguen el recorrido de una transferencia de US$200.000. Según la causa, el dinero habría ingresado a una cuenta de Espert en Estados Unidos mediante Wright Brothers Aircraft Title Inc. La investigación vincula a esta compañía con la estructura asociada a Machado.
El fiscal federal Fernando Domínguez sostiene que los fondos tendrían origen en una organización criminal transnacional. También investiga si Espert incorporó ese dinero a su patrimonio mediante distintas operaciones.
Entre los movimientos analizados figuran la compra de un BMW y la adquisición de un Lexus valuado en US$130.000. Los investigadores también examinan la participación del exdiputado en un fideicomiso en Costa Esmeralda.
Para la fiscalía, estas operaciones podrían haber servido para ocultar el origen del dinero. El expediente incluye registros bancarios y documentos recuperados de la computadora del contador Cosentino.
Qué dijo Espert sobre el origen del dinero
Espert explicó que los US$200.000 correspondían a un contrato de asesoramiento con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala.
Sin embargo, el fiscal cuestionó esa versión. Según la acusación, el contrato podría haber servido para justificar servicios que no se prestaron.
La fiscalía señaló dos elementos para sostener su hipótesis. Por un lado, Espert no habría viajado a Guatemala. Por otro, las minas mencionadas no estaban en actividad.
El exdiputado compareció ante la Justicia el 7 de julio. Luego presentó un escrito para defender el origen contractual de la transferencia.
En esa presentación, también cuestionó el desarrollo de la investigación. Espert advirtió que existen dos expedientes sobre los mismos hechos y señaló un posible riesgo de doble juzgamiento.
La investigación sobre la empresa Varianza SA
La Justicia también analiza el papel de Varianza SA en las operaciones investigadas. La empresa se constituyó el 13 de diciembre de 2019, pocas semanas antes de la transferencia de US$200.000.
Según la hipótesis fiscal, la sociedad habría registrado ingresos mediante asientos contables presuntamente ficticios. Los investigadores buscan determinar si esos registros sirvieron para justificar ingresos atribuidos a Espert.
Entre las pruebas figura un audio de 2021. En esa grabación, una contadora habría afirmado que la empresa solo facturó durante dos meses a lo largo de su existencia.
Además, los investigadores examinaron un retiro de US$80.000 en efectivo que Espert habría realizado el 27 de octubre de 2025. Ese movimiento ocurrió pocos días después del inicio de la causa penal.
La denuncia contra Espert y el vínculo con Fred Machado
Juan Grabois presentó la denuncia que dio origen al expediente en octubre de 2025. La difusión del vínculo entre Espert y Machado también tuvo consecuencias políticas.
En ese contexto, Espert renunció a su candidatura como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Machado permanece detenido en Texas. El empresario aceptó declararse culpable de cargos vinculados al lavado de activos y al fraude para evitar un juicio por narcotráfico.
Las medidas judiciales sobre sus bienes
Antes de dictar el procesamiento, el juez Mirabelli había ordenado la inhibición general de bienes de Espert y de su esposa. También prohibió que realizaran cambios sobre el patrimonio alcanzado por la causa.
En marzo de 2026, la Justicia prorrogó esas restricciones. Luego, la Cámara Federal de San Martín confirmó las medidas.
El expediente busca establecer el origen de los fondos, el papel de las empresas involucradas y el destino del dinero. El procesamiento constituye una decisión judicial dentro de la investigación y no equivale a una condena penal.
