Nuevas escuchas telefónicas complican la situación judicial de Lázaro Báez y aportan detalles sobre el presunto manejo de sus propiedades mientras permanece detenido en el penal de Ezeiza. En las conversaciones, el empresario condenado por corrupción da instrucciones a Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Los audios forman parte de una investigación federal que busca determinar si existió una estructura destinada al lavado de dinero, la asociación ilícita y la administración de bienes alcanzados por medidas judiciales.
Uno de los aspectos centrales del expediente es la presunta continuidad del control patrimonial de Báez a través de personas de su confianza, pese a los embargos y las restricciones dispuestas sobre sus propiedades.
En uno de los intercambios telefónicos, el empresario expresa: “El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, en referencia a las decisiones sobre la administración de sus bienes.
La investigación está a cargo de la fiscalía federal de Río Gallegos, encabezada por Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Según la hipótesis fiscal, las operaciones bajo análisis habrían movilizado aproximadamente $390,9 millones.
Las órdenes de Báez sobre dos estancias de Santa Cruz
Una de las conversaciones más relevantes fue registrada el 5 de octubre. En ella, Báez habla con Ibáñez sobre la administración de las estancias La Entrerriana y Alquinta, dos establecimientos que aparecen entre los bienes identificados para su decomiso.
Durante el diálogo, Ibáñez se refiere al empresario como “Tío” y a Claudia Insaurralde, pareja de Báez, como “Tía”. El intercambio muestra diferencias sobre quién debía designar a las personas encargadas de administrar los campos.
Báez reclama que los responsables respondan a sus indicaciones y propone trasladar al administrador de una de las propiedades para organizar la otra.
“Necesitamos uno que sea nuestro, que sea tuyo”, sostiene durante la conversación. También advierte sobre la posibilidad de que las decisiones de Insaurralde interfieran con sus propias instrucciones.
En otro momento, insiste en que tendrá supervisión sobre ambos establecimientos y remarca que las designaciones deben respetar su decisión.
La discusión sube de tono cuando Ibáñez intenta explicarle cómo está organizada la administración. Báez responde con una advertencia: “Si no, yo voy a llamar al que tengo que llamar y los voy a sacar cagando a todos”.
Para los investigadores, estos intercambios constituyen elementos relevantes para establecer si el empresario continuaba interviniendo en la explotación y administración de propiedades bajo investigación judicial.
El vínculo con el presunto narcotraficante
Las escuchas también permiten reconstruir el grado de confianza entre Báez e Ibáñez, señalado como uno de los posibles integrantes de una organización dedicada al transporte y distribución de cocaína en Santa Cruz.
En otra comunicación del 5 de octubre, Ibáñez le informa que tiene preparada una operación vinculada con una de las estancias.
“Ya tengo todo, avisame nomás para que el muchacho ponga el gancho y lo manejemos nosotros”, le comenta.
Cuando Báez pregunta a qué propiedad se refiere, su interlocutor menciona Alquinta. El empresario responde afirmativamente y continúa dando indicaciones sobre la intervención de Insaurralde.
La fiscalía intenta establecer qué funciones cumplía Ibáñez dentro del presunto esquema patrimonial y si existía una conexión entre las operaciones económicas atribuidas a Báez y las actividades investigadas en la causa por narcotráfico.
La discusión por los alquileres de inmuebles
Otra conversación incorporada al expediente corresponde al 8 de octubre y gira alrededor de contratos de alquiler de inmuebles en Río Gallegos, utilizados por empresas vinculadas a servicios médicos.
En el diálogo participa un hombre identificado como “Tato”, quien menciona negociaciones relacionadas con las firmas Trinidad, Cedimag y Prexa.
Báez interviene para reclamar que se respeten las instrucciones que, según afirma, ya había transmitido a Claudia Insaurralde.
Durante el intercambio cuestiona las negociaciones realizadas sin su autorización y sostiene que las decisiones deben quedar bajo su control.
“El dueño de la historia acá soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, repite el empresario, en una de las frases que adquirió relevancia dentro de la investigación.
Los investigadores consideran que estas comunicaciones podrían aportar indicios sobre la continuidad de las operaciones comerciales vinculadas con sus propiedades, incluso durante su detención.
Una investigación con 27 allanamientos y movimientos millonarios
El expediente se originó a partir de las pesquisas sobre una presunta organización narcotraficante que operaba en Santa Cruz. Según la hipótesis de los investigadores, la banda habría utilizado camiones de una empresa para transportar cocaína y distintos puntos de distribución, entre ellos un lavadero.
La investigación patrimonial apunta a establecer posibles conexiones entre esa estructura y el entorno de Báez.
Entre los elementos analizados figuran movimientos financieros por aproximadamente $390,9 millones, además de estancias, inmuebles destinados a alquileres comerciales, vehículos y otras propiedades relacionadas con el entramado empresarial del condenado.
En el marco de la causa se realizaron 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires. Los procedimientos incluyeron detenciones y secuestros de documentación, vehículos, armas y estupefacientes.
Entre los detenidos se encuentran Cristian Ibáñez y Claudia Insaurralde, pareja de Báez, quien tenía facultades para intervenir en la administración de sus propiedades.
La situación judicial de Lázaro Báez
La investigación también alcanzó al empresario dentro del penal de Ezeiza. La Justicia dispuso una inspección de su celda para buscar documentación, teléfonos y otros elementos que permitieran reconstruir las presuntas operaciones.
Después del procedimiento, Báez quedó incomunicado.
Actualmente, cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad.
Ahora, la fiscalía busca determinar si el empresario continuó impartiendo órdenes desde la cárcel para administrar y explotar bienes alcanzados por embargos y medidas de decomiso, y qué participación habrían tenido las personas de su entorno en ese presunto esquema.
