La Legislatura de Santa Fe resolvió la remoción de la fiscal Shirli Soledad Tomasso, quien se desempeñaba en la Fiscalía Regional 5, con asiento en Tostado. La decisión se tomó en una sesión conjunta de ambas cámaras, luego de un extenso debate y de la evaluación de un dictamen de mayoría de la Comisión de Acuerdos.
La medida contó con 14 votos afirmativos en el Senado, todos correspondientes al oficialismo, mientras que en la Cámara de Diputados reunió 30 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones.
La votación también estuvo marcada por ausencias de legisladores del justicialismo y del sector socialista que responde a Clara García, un dato que generó atención durante el tratamiento del caso.
Los motivos de la remoción de la fiscal
El proceso se inició a partir de una acusación presentada por el auditor general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, que posteriormente fue abordada por la Comisión de Acuerdos.
La acusación contra Tomasso estuvo relacionada con demoras en investigaciones y falta de diligencias judiciales. Durante el debate, el diputado radical Marcelo González, quien actuó como acusador ante la Comisión Bicameral, expuso los fundamentos del pedido de remoción.
Entre los episodios mencionados, señaló una demora de 11 meses para solicitar un allanamiento en una causa vinculada con un acusado de abuso sexual contra una persona menor de edad.
González también sostuvo que el desempeño de la fiscal tuvo consecuencias negativas en otras investigaciones y afectó las posibilidades de avanzar con la persecución penal en distintos expedientes.
Cómo votaron los diputados y senadores
La resolución tuvo resultados diferentes en cada cámara legislativa. En el Senado, los 14 legisladores presentes al momento de la votación acompañaron la remoción.
En Diputados, en cambio, el resultado reflejó posiciones contrapuestas:
- 30 votos afirmativos: a favor de la remoción.
- 10 votos negativos: en rechazo de la medida.
- 3 abstenciones: legisladores que no acompañaron ninguna de las dos posiciones.
El dictamen de la Comisión de Acuerdos había conseguido una mayoría, pero no la unanimidad. Esa diferencia anticipaba parte de las discusiones que posteriormente se trasladaron al recinto.
Los argumentos de quienes rechazaron la medida
Entre las intervenciones contrarias a la remoción se destacó la del diputado provincial Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), quien cuestionó la proporcionalidad de la sanción.
Oliver planteó las dificultades materiales que enfrentan los fiscales que trabajan en el norte de la provincia, especialmente por las distancias territoriales y la disponibilidad de colaboradores para desarrollar las investigaciones.
También consideró que la decisión era arbitraria y cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Acuerdos, a la que definió como una «Comisión Inquisidora».
Desde el bloque Somos Vida, el diputado Emiliano Peralta también defendió a Tomasso. Junto con los demás integrantes de su bancada, rechazó la remoción y sostuvo que una suspensión de 180 días habría sido una medida suficiente.
Los votos negativos se completaron con legisladores del justicialismo. En ese espacio también se registraron abstenciones y ausencias.
Las ausencias que marcaron la sesión
Otro de los aspectos destacados de la votación fue la cantidad de legisladores que no participaron del tratamiento.
Ninguno de los cinco senadores provinciales del justicialismo estuvo presente: Rubén Pirola, Alcides Calvo, Hugo Sosa, Armando Traferri y Eduardo Rosconi.
También se ausentaron la presidenta de la Cámara de Diputados y las legisladoras socialistas vinculadas al sector de Clara García: Lionella Cattalini, María del Rosario Mancini y Gisel Mahmud.
Estas ausencias se sumaron a otras faltas registradas durante la sesión, aunque con menor relevancia política.
La reforma constitucional y el futuro del mecanismo de sanciones
El tratamiento de la remoción también abrió una discusión sobre las atribuciones que actualmente tiene la Legislatura para sancionar a fiscales y defensores del sistema judicial.
La nueva Constitución provincial establece un cambio en ese mecanismo. Prevé que las decisiones de esta naturaleza queden en manos de un Consejo de la Magistratura, con participación de colegios profesionales y representantes de distintos sectores institucionales.
Al finalizar la sesión, el presidente del bloque socialista, Joaquín Blanco, planteó la necesidad de avanzar con una ley que permita implementar el nuevo esquema.
El legislador reconoció la incomodidad que genera entre los propios diputados y senadores la demora en actualizar la normativa. Según expresó, habían transcurrido 14 meses sin avances legislativos en esa materia.
La cláusula transitoria de la Constitución reformada establece que la Legislatura tiene plazo hasta septiembre de 2027 para debatir y sancionar la nueva legislación.
Por otra parte, desde el Frente Amplio por la Soberanía vincularon la remoción de Tomasso con una denuncia por violencia laboral que la fiscal había presentado contra el fiscal regional Carlos Vottero. Según esa interpretación, antes de esa presentación la funcionaria había recibido buenas calificaciones internas dentro del MPA.

