El planteo fue formalizado por dirigentes de la Coalición Cívica ante la Cámara baja santafesina. Es por el polémico audio del ministro de Seguridad
La Coalición Cívica (CC) formalizó ante la Cámara baja santafesina un pedido de juicio político al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, como consecuencia de la viralización de un audio en el que critica y descalifica a la policía provincial.
La diputada nacional por Santa Fe Lucila Lehmann y su par provincial electo Sebastián Julierac Pinasco solicitaron para Sain el “juicio político y eventual destitución por mal desempeño en sus funciones y delito cometido en ejercicio de estas”.
“Recientemente circuló un audio del ministro de Seguridad en el que dio cuenta de las más indignas injurias al pueblo santafesino, denigrando e insultando a todos los habitantes de la provincia”, destaca el texto del planteo.
Lehmann y Juleriac Pinasco recordaron en el escrito que, según la Constitución, “son causales de juicio político el incumplimiento de los deberes de un funcionario y la comisión de delito” durante su gestión.
“En primer término, basta repasar las estadísticas de seguridad en la provincia, desde que asumió Sain hasta la fecha, para dar cuenta de la pésima performance y el mal trabajo realizado”, argumentaron los dirigente de la CC.
Y añadieron: “En segundo lugar, cabe destacar que las expresiones injuriantes, discriminatorias y ofensivas proferidas por el ministro al pueblo de Santa Fe son un crimen y se encuentran tipificadas como delito de injurias establecido en el artículo 110 del Código Penal de la Nación”.
Pasos a seguir
Por su parte, el constitucionalista Oscar Blando, consideró que, a partir de la presentación de la CC, “se debe iniciar el procedimiento previsto en la Carta Magna provincial”.
“La acusación no se hará sin previa averiguación de la verdad de los hechos por la comisión permanente respectiva, con citación y audiencia del acusado y declaración de haber lugar a la formación de causa por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara baja”, tuiteó el abogado.
En esa línea, añadió. “Si la comisión o, en su caso, la Cámara baja no se expidiese en el término de 90 días útiles correspondientes a los períodos ordinarios de sesiones o de prórroga, caducarán las actuaciones respectivas, inclusive la petición”.
“Admitida la acusación, la Cámara baja designará una comisión para que sostenga la acusación ante el Senado y podrá suspender al funcionario acusado por las dos terceras partes de sus miembros presentes”, prosiguió Blando.
Al respecto, el ex director de Reforma Política y Constitucional provincial indicó: “Si se desechara una petición de acusación manifiestamente temeraria, se aplicará al particular peticionante la sanción de multa o arresto que establezca la reglamentación”.
“Finalmente, será el Senado al que le corresponderá juzgar, en su caso, al acusado en la Cámara baja”, completó.
