Tras los allanamientos, el ex ministro y otros ex funcionarios de Seguridad tendrán que asistir a la Agencia de Investigación Criminal para escuchar sus derechos como imputados. Es el paso previo a la audiencia. La prueba aún no se conoce y no fue valorada por ningún juez, pero de aceptarla podría implicar una prisión preventiva
El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y otros ex funcionarios de su gestión quedaron al borde de ser imputados por asociación ilícita y otros delitos por las causas por espionaje ilegal y una presunta licitación direccionada para adquirir armas. Es a partir de la citación para todos para ser notificados en sede policial y escuchar la lectura de derechos.
La medida, dispuesta por los fiscales de Delitos Complejos provinciales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez alcanza a Marcelo Sain, Germán Montenegro (ex secretario de Seguridad Pública), Nadia Schujman (asistente técnica), Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal), Pablo Álvarez (Subsecretario de Investigación Criminal) y Débora Cotichini (jefa de Inteligencia Sur del Organismo suspendida). Junto a ellos, el contador Maximiliano Novas, ex secretario de Finanzas, quien aparece en las investigaciones por las licitaciones.
Todos los ex funcionarios deben pasar por la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). «En todas las IPP (Investigación Penal Preparatoria) con imputado individualizado hay que hacer saber los derechos, designar defensor, constituir domicilio y esas cosas…», explicó una fuente judicial a Rosario3.
En principio, la notificación los vincula a una presunta asociación ilícita y a delitos como el espionaje ilegal, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
A algunos de los involucrados, que podrían no ser los únicos, les secuestraron sus teléfonos personales, como el caso de Montenegro y Novas. Por ahora se conocen medidas y descargos públicos, pero en ninguna de las causas trascendió la prueba en su contra. Los fiscales trabajan con hermetismo y bajo perfil.
Sain se fue en marzo de Seguridad y en noviembre fue destituido del cargo como director del Organismo de Investigaciones, al que había accedido por concurso. Su equipo a fin de noviembre, tras los allanamientos.
Ninguna de las investigaciones incluyen al actual ministro Jorge Lagna, que compartió gestión con Sain y luego ocho meses con el equipo que había conformado quien desarrolló la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sain cuestionó ello en su descargo público, cuando dijo que hubo «perfilamientos» en el marco de investigaciones judicializadas y negó la comisión de algún delito.
Eso contrasta con la confirmación del fiscal Hernández, que sostuvo a Telenoche (El Tres) que una de las motivaciones de los allanamientos al Ministerio es «una investigación referida al espionaje ilegal y que refiere a acumular información de personas fuera de las previsiones legales». El propio Fiscal General Jorge Baclini aseguró que en Gobernación se halló «documentación destruida» entre los elementos secuestrados.
Así, tras los allanamientos y la lectura de derechos, el paso siguiente sería la audiencia imputativa para que los involucrados puedan conocer la prueba y defenderse. La pesada acusación y la pena en expectativa, que es de prisión efectiva, podría derivar en que los fiscales soliciten la prisión preventiva, siempre y cuando la acusación y prueba –que no se conoce– sean sólidas para un juez que debe valorarlas.
Después de la salida de Sain y su equipo, el gobierno de Omar Perotti aún no tiene confirmados a los reemplazantes para secundar a Jorge Lagna, ratificado en la cartera. La crisis se da en medio de números crecientes de homicidios por segundo año consecutivo en Rosario. Tras los seis del fin de semana, se registran 229 en lo que va de 2021. Son cifras oficiales y similares a 2014 (234 al 6/12) y 2015 (219 al 6/12), que junto a 2013 fueron los más violentos.
