Ariel Zancocchia fue imputado en libertad este miércoles junto a otros seis policías. Según los fiscales integraron una asociación ilícita dedicada a lucrar con reparaciones que no se llevaban a cabo y en la comercialización de repuestos para los móviles que fueron pagados con fondos del gobierno provincial
El ex subjefe de la Policía de Santa Fe Ariel Zancocchia fue imputado en libertad este miércoles por irregularidades en el manejo de fondos para la reparación de patrulleros y por venta de autopartes de los móviles de la fuerza de seguridad provincial. Junto a él fueron acusados ex altos mandos de la Unidad Regional II y agentes que pasaron por la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. Todos deberán pagar una caución de 200 mil pesos. La jueza Paula Álvarez además ordenó la prohibición de salida del país de todos los sospechosos.
En total fueron siete los uniformados alcanzados en la audiencia imputativa que encabezaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. La causa se inició en 2019 por manejos de fondos en la reparación de patrulleros y venta de autopartes, y se amplió tras una inspección de la Agencia de Control Policial en Tarragona 790 bis, en «La base Comando, Rampa Norte», también denominada comúnmente «Taller Tarragona». La investigación tomó estado público el 29 de julio pasado, cuando fueron los 19 allanamientos.
Los fiscales atribuyeron a los siete sospechosos haber integrado una presunta asociación ilícita que, de acuerdo a la causa, hacía pasar arreglos que no se hacían –o registraban reparaciones a otros que estaban en buenas condiciones–, compraba repuestos que nunca se colocaban en móviles fuera de servicio y los vendían a terceros.
A Zancocchia además los fiscales lo acusaron por negociaciones incompatibles con la función pública, ya que la proveedora de autopartes de la fuerza de seguridad era la firma «Genarino Mecánica», cuyo socio fue el propio Zancocchia antes de ser alto mando provincial.
Hay un octavo alcanzado en la investigación, pero ya fue imputado meses atrás. Se trata del suboficial Germán Trujillo, que se desempeñó como encargado de «Taller Tarragona» hasta el año pasado, cuando fue la inspección que impulsó la causa.
En una auditoría elevada el 15 de abril pasado por la Agencia de Control Policia. se dejó asentado que se encontraron “irregularidades manifiestas como la contradicción en el registro de los estados de los móviles y lo observado a simple vista; móviles entregados para arreglos determinados y se encuentran en otro estado; vehículos que no pertenecen al Comando Radioeléctrico, sino a otras dependencias”.
En ese informe además se precisó que en «Taller Tarragona» fueron hallados 23 patrulleros de otras dependencias y que dicha situación nunca había sido asentada en ningún documento público.
Los otros roles, según los fiscales
Los otros imputados fueron Sergio Cantero, jefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional II entre 2018 y julio de 2021; Cristian Molina y Débora Savani, ex jefe y subjefa del Comando Radioeléctrico; el ex habilitado de la URII Martín Ronsisvalle y su par de la Policía de San Lorenzo, Daniel Vega; y Francisco Fernández, quien fuera jefe de Logística.
Los fiscales imputaron a Francisco Fernández, quien fue jefe de Logística de la Policía de Rosario del 6 de octubre de 2016 al 6 de octubre de 2017; y del 1 de agosto de 2018 al 17 de diciembre de 2019. Según los investigadores, tenía a su cargo el planeamiento, organización, control y coordinación de los asuntos relacionados con el apoyo logístico de todas las dependencias de la Unidad Regional II.
Para Edery y Schiappa Pietra, ese policía permitió las maniobras al no hacer el control de los bienes de administración pública y avaló la compra de repuestos con dinero público sin la documentación que justifique cada una de las operaciones, e incluso sin haber informado a sus superiores de las irregularidades que había.
A Martín Ronsisvalle, ex jefe de administración y finanzas –también llamado «habilitado»– de la UR II del 27 de septiembre de 2019 al 5 de septiembre de 2020, lo acusaron de haber actuado en connivencia con Fernández. Aseveraron que contrataron empresas de su conveniencia sin pasar por controles administrativos, no solicitaban presupuestos y hacían compras directas, evitando los correspondientes procesos de licitación fijados por ley de administración financiera del Estado.
Los fiscales agregaron que Zancocchia cumplió funciones logísticas del 17 de marzo de 2015 al 4 de diciembre de 2016, y luego ya como subjefe de la Policía «se interesó de forma particular en la realización de negocios dinerarios que beneficien a la empresa Genarino y ARFE SRL». «Procuró que sean contratadas para que presten servicios a los móviles de la Policía con el fin de beneficiar económicamente a los titulares», añadieron.
«A partir de esas transferencias realizadas un mes antes de que Zancocchia asuma como logístico de la UR II (17 de marzo de 2015), Genarino y ARFE incrementaron su participación en la facturación de la UR II considerablemente», aseguraron.
A Daniel Vega, jefe de Logística de San Lorenzo durante 2019, le atribuyeron un diálogo con Germán Trujillo por repuestos que se requerían para algunas de las maniobras de venta de autopartes.
A Débora Savani, ex subjefa del Comando Radioeléctrico de la UR II también la imputaron por un diálogo con Germán Trujillo que data del 9 de enero del año pasado, donde ella manifiesta que iba a llevar a la «Base Tarragona» su vehículo particular, una camioneta Renault Duster.
Por su parte, a Cristian Molina se lo acusó por ser el superior de Germán Trujillo y participar de las maniobras. En ese marco, ventilaron una conversación vía Whatsapp con Trujillo donde le consulta por un paragolpes delantero de S10 negro para una chata de Arequito.
A Sergio Cantero, ex jefe de la Agrupación Cuerpos de la UR II, le exhibieron una conversación vía Whatsapp con Trujillo, quien le informa que tiene varios modelos de inyectores para Chevrolet Cruze. En otra oportunidad, Cantero le pregunta si puede sacar alguna barra de alguna chata que esté fuera de servicio para un móvil policial de Arroyo Seco.
La resolución
La jueza penal de primera instancia Paula Álvarez hizo lugar a las calificaciones legales presentadas por la Fiscalía y dictó para todos reglas de conducta (es decir, no quedan detenidos), que son las siguientes: firma quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial por el plazo de 8 meses; una caución real de 200 mil pesos para cada imputado; y la prohibición de salir del país por 8 meses.
