«Tienen $ 3.000 millones para un sistema tecnológico en seguridad y sólo muestran algunas cajas de cartón cerradas. Pedimos información y no responden. Está vigente la ley emergencia para más agilidad y parecen no saberlo». En tres frases, en Twitter, la diputada socialista Clara García resumió su enérgico planteo en el recinto al fundamentar el tratamiento sobre tablas de una iniciativa propia donde piden al Ministerio de Seguridad «que tenga a bien cumplir con su obligación constitucional y convencional de responder los pedidos de informes solicitados por esta Cámara, en particular el expediente Nº 42.329 y el expediente Nº 45.242 aprobados el 20 de mayo de 2021 y el 5 de mayo de 2022 respectivamente, referidos a la inversión tecnología de seguridad a realizarse con el aporte nacional de $ 3.000 millones».
En el recinto, García aconsejó que «gestionen, gestionen, gestionen» ante la gravedad del tema de la inseguridad y cuestionó al ministro Coordinador, Marcos Corach, por utilizar la red de Twitter para cuestionar el planteo socialista. «Sin haberse informado mínimamente del tema, sería bueno que se informen antes de hacer declaraciones» sugirió el funcionario del Poder Ejecutivo. «Todo lo que informamos y decimos está absolutamente documentado porque somos serios, sabemos leer presupuestos, leer en boletines las normas. Uno a uno los hitos están documentados» respondió García para dar precisiones sobre la falta de ejecución de partidas en Seguridad. Con planillas informó que la función Servicio de Seguridad, Seguridad Interior tiene una partida de gastos de capital para todo el ejercicio de 15.250 millones de pesos y al 30 de abril sólo ejecutaron 319 millones «apenas el 2%». No hubo respuestas a García de parte de los cuatro diputados oficialistas que estaban presentes en el recinto.
«Nos preocupa y nos ocupa el tema de la seguridad y el control de la gestión, es el rol que nos compete en una provincia republicana. Extrañó que salga Corach y no (Jorge) Lagna, pero además al ministro le pasaron mala información sobre una temática que no es de su área», acotó la socialista.
Lo que no fue respondido por el Ejecutivo son dos pedidos de informe. Uno donde solicitaba «en relación al convenio del 16 de octubre de 2020 con el Gobierno Nacional, que dispone un subsidio de $ 3. 000 millones para inversión en seguridad, informe las razones por las cuales no ha hecho uso alguno de los fondos ni tiene proceso licitatorio en marcha, lo que resulta sumamente grave por la escalada de violencia e inseguridad y especialmente ante la posibilidad de que dichos fondos se pierdan por el transcurso del plazo de 120 días dispuesto en el convenio». El segundo pedido, también relación esa partida de fondos nacionales conocer «los motivos por los cuales se encuentra demorado el expediente Nº 00215-0010913-0, el cual se inició en fecha 21/12/2020 y su último movimiento es de fecha 09/08/2021; cuyo interior hace referencia a la licitación pública Nº 4112021, publicada en fecha 10/03/2021 para la «adquisición, instalación, parametrización, adecuación, implementación, y puesta en servicio del nuevo sistema de control, atención y despacho (SICAD) basado en el Sistema SAE 911 con destino a la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad; b) si el mencionado expediente es el único iniciado en relación al aporte de $3. 000 millones para inversión en Seguridad otorgado por el Gobierno Nacional; c) motivos por los cuales se destinó la integralidad de los fondos otorgados en el convenio a la licitación de un sistema de control aún no adquirido, luego de ya un año de disponer dichos fondos».
Lagna
Diputados se reunirán con el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, después del receso invernal por la marcha de emergencia en seguridad y en el servicio penitenciario. Lionella Cattalini, autora del pedido de la presencia del funcionario, expresó preocupación sobre lo que ocurre en el Servicio Penitenciario. «Días atrás recibimos en la Comisión de Derechos y Garantías, al responsable del Servicio Penitenciario, Walter Gálvez, y notamos la falta de avances en materia carcelaria. De las 1.800 nuevas plazas carcelarias anunciadas no se inauguró ninguna; nos enteramos de presos que reciben un catering vip, y si a esto le sumamos la falta de inversión de los 3 mil millones de pesos que envió el gobierno nacional, la situación es realmente preocupante», resumió.
Fuente: El Litoral
