Mediante el decreto Nro. 1888 con fecha 26 de setiembre, el Poder Ejecutivo resolvió apartar al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, del concurso que se lleva adelante para renovar las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa (MPA y MPD). La decisión se conoció tras la difusión de un audio que sería parte de la evidencia de la causa en la que se lo investiga a Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal, y en la que se reconoce la voz del propio Somaglia. Sin embargo, la fundamentación del decreto es otra.
El texto plantea en sus considerandos que la excusación del funcionario responde al pronunciamiento de legisladores de la oposición que la semana pasada reclamaron públicamente mayor transparencia en el proceso.
El jueves último, de hecho, diputados de prácticamente todos los bloques no oficialistas advirtieron en una conferencia de prensa que el procedimiento para seleccionar a los futuros fiscales y defensores regionales, además de fiscal y defensor general, no brindaba garantías de transparencia e imparcialidad. Y lo argumentaban apuntando que a días de que se abriese la inscripción de postulantes se cambiaba por decreto la composición del Consejo de la Magistratura; que un día de paro de estatales y casi sin testigos se realizaba el sorteo para constituir el cuerpo evaluador; y que en los criterios para la elaboración de los planes de trabajo que deben presentar los concursantes para ser evaluados, poco y nada se requería respecto de las políticas de persecución penal a instrumentar. Sobre la base de todo ello es que la oposición avisaba que se reservaba la potestad de rechazar los pliegos que fuesen enviados a la Legislatura como resultante de esos concursos.
Reacción
En respuesta a ese planteo – o al menos eso es lo que expresamente se hace constar en los considerandos- es que el gobernador por decreto decide apartar a Somaglia de este concurso puntual. La antesala de la determinación fue una serie de conversaciones mantenidas entre Omar Perotti y algunos referentes de la oposición, que no pasaron por alto los audios privados difundidos este fin de semana en los que el actual secretario de Justicia aparece reportando a Sain supuestas acciones para brindarle «protección» al ex ministro. Por eso hecho, ya hay legisladores que han solicitado la renuncia del secretario de Justicia.
De todos modos, el decreto alude pura y exclusivamente al reclamo de la oposición de la semana pasada. En los considerandos se remite directamente a «las apreciaciones formuladas por legisladores pertenecientes a distintos sectores políticos en relación al proceso de selección» de autoridades del MPA y MPD. Y se aclara que dichas objeciones no son compartidas por el gobierno puesto que «se ha cumplido con los recaudos legales, usos y costumbres que desde hace años rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura». Aun así, sigue diciendo el decreto, a los fines de «despejar dudas y sospechas», es que se acepta la excusación de Somaglia como conductor del proceso de selección. Su lugar será ocupado por la actual ministra de Gobierno, Celia Arena, con «la asistencia» y el asesoramiento permanente del Fiscal de Estado, Rubén Weder.
El concurso en cuestión es sensible en términos institucionales porque definirá a los responsables de conducir desde abril próximo tanto el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, como las fiscalías y defensorías regionales. Ello será a apenas nueve meses de la finalización de la actual gestión provincial.
