Este miércoles por la mañana desde la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe se lanzó un comunicado de prensa para invitar a la víctima de una detención arbitraria en pandemia que fue descrita por el exministro de Seguridad Marcelo Sain mientras estaba en el cargo. Afirmaron que hasta el momento no hay registros del hecho en sus oficinas.
«Habiendo tomado conocimiento de la difusión en medios de comunicación de audios y de las expresiones de comunicadores en distintos programas de medios nacionales sobre una detención arbitraria durante la pandemia sufrida por una mujer que estaba paseando sus perros, como responsables de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, queremos informar que no tenemos conocimiento de la misma, ni hemos recibido una denuncia de estas características», expresa el escrito que fue publicado en redes sociales de la secretaría con la principal autoridad de la cartera Lucila Puyol, y la ministra de Gobierno Celia Arena, etiquetadas.
En esta línea, se agrega: «Durante la cuarentena impuesta por el Covid-19, tanto los funcionarios como un grupo de trabajadores de la Secretaría continuamos trabajando; estuvimos en cárceles y comisarías, atendimos denuncias por violencia institucional y articulamos tanto con fiscales como con Asuntos Internos de la Policía de la provincia sobre diferentes situaciones que se presentaron».
«No desconocemos que no toda situación de vulneración de derechos llega a ser denunciada en la secretaría es por esto que si un hecho tan grave como el que refiere el audio hubiera sucedido invitamos a la persona a acercarse a nuestras oficinas a denunciarlo», concluye el comunicado.
Los audios
Esta semana se revelaron polémicos audios de Sain, que habrían sido enviados a otros funcionarios que estaban por debajo de su jerarquía en el Ministerio de Seguridad. “Salí al balcón y había una mina paseando perros y la hicimos detener con los perros y todo; la vamos a dejar enjaulada, la vamos a dejar llorando doce horas sin agua y sin comer”, dice Sain en unos de los audios que atendieron desde la Secretaría de Derechos Humanos este miércoles.
Por su parte Sain se defendió en sus redes sociales con el argumento que se trata de «una causa armada», que no tiene imputaciones y que “están cometiendo delitos porque son audios privados extraídos de los teléfonos de mis compañeros, ajenos a la causa en curso”.
