SAN CARLOS DE BARILOCHE.– En medio de las usurpaciones de propiedades en Villa Mascardi, se registra desde hoy a la mañana un operativo conjunto de Gendarmería y la Policía Federal en ese sector de Río Negro. Hay tensión en la zona porque podría derivar en un incipiente desalojo de grupos mapuches que están activos en la zona y que serían los que ocuparon las tierras privadas. La comunidad que estaría allí es la Lof Lafken Winkul Mapu. Los rumores de los días previos sobre un posible desalojo se aplacaron hoy luego de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 637-22 del Ministerio de Seguridad de la Nación que establece la creación del Comando Unificado de Seguridad.
Un avión Hércules y un Fokker arribaron ayer a esta ciudad con pertrechos de seguridad y policías de fuerzas federales. Antes de las 7 de esta mañana, a través de un operativo, ya habían cortado la ruta 40 en el kilómetro 2023. Y alrededor de las 8 efectivos de la Policía Federal ingresaron al predio del exhotel Mascardi, perteneciente a Parques Nacionales y ocupado desde 2017 por la comunidad Lafken Winkul Mapu. La jueza federal Silvina Domínguez se encuentra en el lugar. Hay tres mujeres detenidas, entre ellas, la “machi”, la jefa del lugar. Actúa también la defensora de menores, según pudo confirmar LA NACION.
No se confirmó aún si las fuerzas federales ejecutarán el desalojo de los predios tomados. Entre las múltiples causas abiertas en la zona de Mascardi, existe una orden de desalojo pendiente, que es la del Obispado de San Isidro, ocupado en abril de 2020. En octubre de ese año, a pesar de que el juez de garantías Juan Martín Arroyo había ordenado la restitución del lugar, a través de un comunicado firmado por el vicario general de la diócesis, presbítero Mariano Caracciolo, el obispado de San Isidro pidió a las autoridades que se postergue el desalojo.
De todos modos, esa orden podría requerirse y ejecutarse en cualquier momento, tal como confirmaron diversos abogados consultados por LA NACION. También la primera orden de desalojo que se dictó cuando comenzó el conflicto hace 5 años -por la causa de usurpación en el ex Hotel Mascardi- quedó pendiente de ejecución.
La sede operativa del Comando Unificado de Seguridad en Villa Mascardi -conformado por la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria- se estableció en Bariloche.
En este marco, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue cauto y se limitó a decir que deben “regularizar esa situación porque no es la correcta”. También confirmó la creación de un comando unificado en esa región del país, algo que fue oficializado hoy a través de una publicación en el Boletín Oficial.
“Nosotros vamos a trabajar en función de decisiones judiciales y lo que entendemos es que tenemos que regularizar esa situación porque no es la correcta”, afirmó esta mañanaFernández a TN. Pasadas las 7.30, desde el ministerio que conduce todavía no confirmaban un procedimiento de desalojo en Villa Mascardi, aunque LA NACION pudo saber a través de Diego Frutos, dueño de La Cristalina, una de las propiedades usurpadas la semana pasada, que al menos 30 gendarmes se desplegaron allí y cortaron ambos lados de la ruta 40.
“Estamos haciendo algunos movimientos”, indicó por su parte el titular de Seguridad nacional.
En tanto, hoy el Gobierno creó el Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi a través de la Resolución 637/2022 publicada en el Boletín Oficial. Estará destinado “a la gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito” en esa localidad y, en su rol de auxiliar de la Justicia y bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, va a prestar “colaboración en las dirigencias que pudieran disponerse judicialmente, a efectos del aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad”.
Este comando estará conformado por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); y tendrá sede operativa en Bariloche, a aproximadamente 11 kilómetros de Villa Mascardi. “Se disolverá cuando lo determine su coordinación”, indicaron en la resolución y agregaron que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, desde donde se conducirán los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad afectadas al operativo.
La titular de esa secretaría, Mercedes La Gioiosa, será quien designe la nómina de abogados que cumplirán la función de enlace con las autoridades judiciales de turno y con los funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF), de acuerdo a lo que establece la decisión oficial.
Asimismo, el gobierno nacional instruye a la ministra de Justicia y Seguridad de Río Negro, Betiana Minor, a que designe un representante de los cuerpos policiales para integrar el comando, y convoca al Juzgado Federal y a la Fiscalía Federal de Bariloche para que nombre a sus funcionarios de enlace.
Fuente: La Nación
