En medio de la última sesión del año 2022 del Senado santafesino, el jueves 29 de diciembre, el representate por San Lorenzo, Armando Traferri, tuvo en su poder la resolución judicial que lo admite como querellante. La novedad estuvo pronto en conocimiento de otros legisladores y luego llegó a los cronistas parlamentarios.
Primero el jefe de la bancada Juan Domingo Perón fue informado de su condición de victima del delito espionaje, presuntamente cometido desde la Casa Gris y una oficina del Ministerio Público de la Acusación, también sobre su persona, de acuerdo con lo que le informaron oficialmente en noviembre los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg.
Se trata de quienes llevan adelante la investigación y la acusación por la causa de espionaje ilegal, que tiene como principal acusado al ex ministro de Seguridad y ex titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Sain, y a parte de sus colaboradores en ambos poderes como integrantes de una presunta asociacion ilícica.
Entre ellos se encuentra Débora Cotichini, que fue destituida de su cargo en el Ministerio Público de la Acusación por un tribunal disciplinario de ese organismo que adoptó esa medida por unanimidad.
Traferri está entre las personas a las que espió la ex jefa del Departamento de Inteligencia Criminal de la zona sur provincial del Organismo de Investigaciones del MPA. Mientras lo hacía, advertía a quienes la asistían con tareas técnicas que se trataba de pedidos del jefe del OI que estaba bajo licencia sin goce de sueldo, el por entonces ministro de Seguridad.
Más, en la extensa acusación de los fiscales contra Sain y sus colaboradores en ambos poderes, una de las evidencias de los acusadores es un audio en el que Cotichini comenta con otros integrantes del MPA: «Qué raro que Pipi hable asi. No sospecha lo escuchamos», a sabiendas de que se trata de una actividad ilegal, sin orden judicial.
Como se sabe, los fiscales Hernández y Grimberg acusan a Sain sde liderar una asociación ilícita dedicada a recabar de modo ilegal información de ciudadanos no afectados por investigaciones penales, entre otros delitos. Y bajo las directivas del ex ministro de Seguridad habrían estado Cotichini en el MPA y Nadia Schujman, quien estuvo al mando de la Agencia de Control Policial, como «las organizadoras de una estructura criminal conducida por Sain».
Resolución
La resolucion que le da a Traferri el rol de querellante fue firmada por el juez de primera instancia Sergio Carraro, integrante del Colegio de Jueces del distrito judicial N°1 y se extiende también a Gustavo Hernán Romero y Antonio Luis Diez, con representación letrada de Nestor Oroño y Mariana Oroño. A Traferri lo representa Oscar Romera.
«En orden a la información colectada en relación a los hechos que se investigan, con lo manifestado al respecto por parte de los Sres Fiscales Dres Ezequiel Hernández y Dr Federico Grimberg, habiéndose corrido traslado de ello a la defensa técnica quien conforme el tiempo transcurrido no ha opuesto oposición a dicho planteo» el juez concede la condición de querellantes a los tres.
La «promiscuidad» entre un ministerio y el MPA
Al prohibirle a Marcelo Sain salir del país y portar armas, mientras avanza un juicio en su contra, el juez Martín Torres dejó sentado que «sólo los fiscales pueden investigar», un elemento que es clave para la causa por espionaje ilegal, ya que el ex ministro de Seguridad y ex titular del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación sostiene que era parte de su gestión en la Casa Gris realizar «perfilamientos» de dirigentes políticos, empresarios y periodistas.
«La tarea de investigar es facultad exclusiva y excluyente de la Fiscalía», señaló al imponerle restricciones a Sain. (Por estas horas su cumplimiento está bajo la lupa y con ello la posibilidad de acrecentarlas o de que se tome una medida más drástica).
Tal como informó El Litoral en su edición del 13 de diciembre, «el magistrado avaló los planteos de la fiscalía acerca de la ‘promiscuidad’ entre el Ministerio de Seguridad y al Organismo de Investigaciones, ambas a cargo -en diferentes momentos pero uno inmediatamente seguido del otro- de Sain, que motivó órdenes cruzadas indebidamente entre ambos órganos».
Y que a partir de los informes generados, «de los que surgieron decenas de miles de datos que fueron cruzados con información del propio Ministerio Público de la Acusación, tan sólo el 13% de esa información solicitada, era en relación a personas que tuvieran el carácter de imputados, según la base de datos y sistema informático del propio MPA».
Fuente: El Litoral
