Legisladores provinciales pusieron bajo la lupa la actuación del Estado en el caso de la nena de 12 años abusada y embarazada por su padre y, además de pedir la revocación de la personería jurídica a de la ONG Grávida, solicitaron que el MPA determine si existió el delito de privación ilegítima de la libertad, ya que la niña fue captada por esa organización para evitar que se realice un aborto, tal cual era el deseo de la menor y su madre.
La nena -oriunda de la localidad de Garibaldi, en el departamento Castellanos- había desaparecido luego de manifestar su deseo de interrumpir el embarazo provocado por las reiteradas violaciones de su padre y fue encontrada luego en un refugio de del grupo «provida» de la ciudad de Santa Fe y puesta bajo el sistema de protección del Estado provincial.
La nena había manifestado su voluntad de interrumpir la gestación, decisión avalada por su madre. La menor debía ser sometida al procedimiento (el derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional) pero no se presentó al hospital debido a que fue captada y llevada a una casa de la Asociación Civil Grávida.
Este miércoles, en declaraciones al programa «El primero de la mañana«, de LT8, el diputado Oliver dijo que junto a otros pares de la Legislatura -Carlos del Frade, Agustina Donnet y Rubén Giustiniani-, presentó un pedido de informes al gobierno provincial.
«Sin dudas que esto es poner la lupa sobre el rol del Estado. Creo que lo que pasó con esta niña de 12 años embarazada producto de una violación de su propio padre debe servir para revisar lo referido al protocolo de actuación a fines de garantizar sus derechos. El primero es la protección a los niños, jóvenes y adolescentes. Y la otra es la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo tal cual lo expresaron la chica y la madre», señaló el diputado provincial del radicalismo.
Oliver señaló luego que «lamentablemente esa decisión se vio vulnerada y violentada por la actuación de una organización que ya tiene antecedentes en la ciudad de Santa Fe«, y recordó el caso de 2016 que involucró a otra niña de la misma edad. «La chica fue violada y luego raptada de un efector público por una psicóloga de esa organización que se hizo pasar por funcionaria de Niñez».
El legislador recordó que Grávida es «una organización ligada a la Iglesia Católica, al arzobispado de Santa Fe, fundamentalista, por eso solicitamos al gobierno de la provincia para que acerque al MPA toda la información a los fines de que se evalúe la violación de esas dos leyes», para luego agregar que se encomendó a Fiscalía la posibilidad «de tipificar la situación como un delito de privación ilegítima de la libertad«.
También hizo hincapié en la actuación del Estado santafesino al explicar que «la niña fue captada y llevada a un hogar que depende del arzobispado, que incluso tiene un convenio con la provincia. Por eso pedimos que se suspenda ese convenio, se haga un sumario administrativo para valorar la actuación de los agentes y las agencias del Estado y que se revise el protocolo de actuación«.
Por último, el diputado oriundo de Santo Tomé señaló que en los próximos días se realizará una reunión con funcionarios del gobierno provincial donde se analizarán cuestiones como «darle entidad de objetor de conciencia a una organización no gubernamental, cuando la ley especifica que eso no puede pasar. El único que puede hacerlo es el médico que va a intervenir. La otra situación era que una vez manifestada la voluntad por parte de la menor y su madre, la asistencia del Estado era pagarle un taxi para que se traslade al efector de salud. En ese momento se capta a la niña por parte de Grávida. Y esa información se pasa desde los mismos efectores públicos y privados. La provincia debería dar una contención absoluta y distinta. Se imaginarán lo fácil que fue llevarla, y yo estoy convencido que bajo engaño, a un hogar».
