A partir de 2017 el ingreso de detenidos a las prisiones santafesinas tuvo un aumento constante que enciende todas las alertas: 25 puntos en promedio por año.
En el último informe del Servicio de Defensa, presentado este martes en la Cámara de Diputados de la provincia, se indica que el abarrotamiento de las cárceles no solo se refleja en el alza constante de ingreso de personas. También en que los que están adentro salen menos: las modificaciones legales, en particular un decreto provincial de 2016, les quitan a salidas progresivas a los internos. Este endurecimiento que impide salidas transitorias, regímenes de semilibertad o libertad condicional satura las cárceles donde hay, en lo que va de 2023, más de 8 mil presos, 10 mil si se suman los penales policiales. La Defensoría Provincial advierte que el énfasis en el encierro como única respuesta a la inseguridad tiene efectos muy duros. Si la tendencia sigue así por más que se construyan cárceles no se resolverá el problema del hacinamiento.
«En las cárceles ya no hay donde poner a los presos», dijo Balangione este martes en la presentación ante Diputados. «Tenemos mil presos hoy en el ámbito policial, donde no debería haber nadie. Solo por unas horas hasta que se resuelve la situación procesal del imputado», afirmó. «Hoy en la ciudad de Santa Fe el tema es caótico en comisarías. Lugares donde están saturadas al 300 por ciento», precisó.
En ese mismo sentido, se señaló que es significativa la cantidad de muertes tanto en cárceles como en dependencias policiales. En 2022 hubo 26 fallecimientos de detenidos. De los 16 que murieron en cárceles 14 eran varones y 2 mujeres. El promedio de edad de los fallecidos fue de 33 años. Once de los decesos en cárceles fueron categorizados como violentos y cinco como no violentos. De las 12 muertes violentas, la causa más recurrente fue el homicidio con un total de 5 casos, seguido de suicidio con un total de 3 muertes, al igual que desatención manifiesta. El 50% de los fallecidos no habían cumplido un año de detención.
Las situaciones de violencia institucional, sostiene el informe, muy a menudo no se denuncian por miedo. Los empleados del Registro Provincial de Violencia Institucional obtuvieron relatos que indican combinaciones de agresiones físicas y psicológicas contra detenidos.
La superpoblación carcelaria es un déficit muy remarcado en el informe. En Coronda, una de las más superpobladas, la capacidad máxima declarada es de 1456 internos y al 31 de diciembre de 2022 alojaba un total de 2.189 detenidos, un exceso de 733. Otro dato que marca la crisis: la población de Coronda se duplicó en el 2022 respecto al año 2014. En la cárcel de Piñero hay capacidad para 1.452 internos. Al final de 2022 se encontraban alojados 2.153 varones, por lo tanto, el cupo se encontraba excedido en 701 detenidos.
Otro punto crítico es la cómo se vive día a día en la cárcel por la deficitaria infraestructura. Por ejemplo en los módulos norte y sur de Coronda donde hay 2005 alojados. Un recorrido de la Defensoría constató falta agua de las canillas, faltas de colchas y frazadas, mal funcionamiento de las duchas y no provisión de agua caliente, letrinas tapadas y olores hediondos, ventanas sin vidrios, celdas inundadas y sucias, conexiones eléctricas riesgosas, falta de elementos de higiene y falta de colchones.
Fuente: Diario Uno
