La entidad crediticia, por su parte, advirtió que se pretende un plazo de 56 años para devolver lo prestado.La entidad crediticia, por su parte, advirtió que se pretende un plazo de 56 años para devolver lo prestado.
El concurso preventivo de Vicentin sumó un nuevo capítulo en la noche del martes cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco de la Nación Argentina (BNA) informaron su decisión de impugnar el acuerdo preventivo presentado al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini.
Ambos organismos públicos tildaron de “abusiva y fraudulenta” la propuesta concursal del grupo con sede en Avellaneda, al norte de Santa Fe, y sentenciaron que es violatorio del principio de igualdad de los acreedores.
El banco público, y principal acreedor local de la firma con el default privado más grande de la historia argentina, tachó el planteo de pago por considerar “no respeta el principio de igualdad de los acreedores ya que establece el pago de una suma que resulta insignificante para el Banco Nación», que verificó créditos por U$S 300 millones.
El Nación fustigó en su presentación que “de la deuda privilegiada ofrecieron devolver U$S 225 millones en 56 años, sin intereses. Y de la deuda quirografaria, proponen hacer una quita del 80%, o sea que, de 72 millones, nos devolverían 15 millones”.
“Violación”
En un comunicado oficial, advirtió a la autoridad judicial interviniente que el ofrecimiento constituye “una violación al principio de universalidad del proceso, ya que contempla una arbitraria división del patrimonio en dos bloques: uno de alto valor productivo destinado a los acreedores denominados interesados estratégicos”, y otro de bajo valor para el resto de los acreedores».
Para las autoridades del BNA “con la propuesta de quita real del 80% de la deuda se viola también el derecho de propiedad”.
Además, la misma “contempla la conversión en dólares de todos los créditos quirografarios, (incluso los verificados en pesos), lo cual perjudica a los acreedores originarios en U$S” como la propia entidad estatal.
«Esta propuesta no es una solución, sino que, por el contrario, supone perjudicar al patrimonio del banco de todos los argentinos y las argentinas, y tampoco garantiza la continuidad de la empresa”, planteó el banco, según recogió Telam.
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“Ocultación de activos”
En tanto, la AFIP reclama una deuda cercana a los $ 100 millones en el concurso de Vicentin, abierto en febrero de 2020 tras su cesación de pagos a fines de 2019. En el texto presentado ante el juzgado de Reconquista, la AFIP fundamentó su impugnación en tres puntos, según informó el organismo.
Por un lado, calificó de “abusiva” la propuesta “por cuanto la misma implica una quita de aproximadamente el 71 % del crédito en términos nominales, y hasta de un 79 % en términos reales”, mientras que en segundo lugar sostuvo que incurre en “violación al principio de igualdad de acreedores”.
En tercer lugar, apuntó que en el default de la agroexportadora existió “ocultación de activos, vinculada a la venta simulada del 16,67 % de Renova SA, 48 horas antes de que Vicentin SAIC declarara en público su propio default, lo cual implicó la salida del 14,41 % de todos los bienes (conocidos) del patrimonio de la deudora, que es prenda común de los acreedores».
Tras la presentación de las impugnaciones, el juez Lorenzini debe resolver si avala la propuesta de pago presentada por la empresa o la rechaza y habilita el mecanismo de salvataje, indicaron fuentes judiciales.
Respuesta empresaria
El 19 de abril pasado, el directorio de Vicentin respondió a un comunicado del Banco Nación, que había adelantado que impugnaría por “abusiva y contraria” a los intereses de la entidad una eventual decisión judicial de avalar la propuesta de pago, alegando que “en un escenario de no homologación -que descartamos- y ante la ausencia de una ‘propuesta superadora’, lo que devendría es el cierre definitivo de Vicentin, que provocará los efectos conocidos: pérdida definitiva de los créditos para todos los acreedores, la pérdida de todos los puestos laborales, con la consecuente conflictividad social derivada y su posible extensión al sector agro exportador”.
La conducción de la empresa recordó en aquel momento que la “existencia de acuerdo” se produjo “en base a mayorías contundentes que superan ampliamente los requisitos legales: 63 % de los acreedores que representan 74 % del capital adeudado”, cuando la ley requiere mitad más uno y dos tercios, respectivamente.
Números comparados
El expediente de Vicentin suma 10.000 fojas del expediente y para ilustrar la magnitud del conflicto, el juez Lorenzini, comparó que el pasivo verificado equivale al 11,45% del presupuesto aprobado para la Administración Pública de la Provincia de Santa Fe para el año 2022; tomando en cuenta el presupuesto del año 2020 (cuando Vicentin se presentó en concurso preventivo), representaba el 23,88% del mismo.
Si se compara dicho pasivo verificado ($ 97.448.330.899,61), con el presupuesto ejecutado de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para el año 2020 ($ 16.308.200.582), este último es el que equivale al 16,73% de la deuda concursal;
El mismo ejercicio comparativo con el año 2021, muestra que el presupuesto total ejecutado por el Poder Judicial de Santa Fe durante ese período de tiempo ($ 26.530.188.138) equivale al 27,22% de la deuda de Vicentin.
La deuda concursal expresada en pesos, hubiera permitido construir 38,9 centros de salud de alta complejidad semejantes al Hospital Público de la Provincia de Santa Fe para la ciudad de Reconquista y norte de Santa Fe.
Fuente: El Litoral
