La fiscal general de la provincia, Cecilia Vranicich, decidió un procedimiento de supervisión sobre los 160 empleados del Organismo de Investigaciones.
La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, tomó la medida más importante desde el inicio de sus funciones. Resolvió la supervisión integral del funcionamiento del Organismo de Investigaciones (OI), que es el órgano especializado que asiste a los fiscales de toda la provincia en investigaciones complejas, en ocasiones también llamada policía judicial. La medida, que se extenderá por 90 días, responde a problemas que el OI arrastra hace tiempo por inconvenientes múltiples. Y aunque no se utiliza la palabra en la resolución que dispone estas acciones no es otra cosa que una intervención lisa y llana.
La directiva de Vranicich apunta a una de las áreas críticas del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las debilidades están en un polémico proceso de selección de parte de su personal y de cómo se desarrolla internamente la actividad en las investigaciones. Por eso a partir del lunes se trazará un diagnóstico sobre las funciones específicas de los 160 empleados que tiene el organismo.
Durante los 90 días que dure el diagnóstico el OI no tomará nuevo trabajo que les deleguen fiscales. Sus empleados seguirán sí afectados a las investigaciones ya recibidas y en curso.
Vranicich inicia esta supervisión enfocada en tener noción clara de qué hacen las personas que allí trabajan. También en que el descrédito hacia el organismo lleva a fiscales a descartarlo para obtener apoyo a sus investigaciones. De allí que la justificación de la resolución 170, que sostiene la intervención, es “restaurar la confianza institucional interna y externa de este órgano técnico de apoyo a la gestión”.
La fiscal general afirma en el texto que uno de sus lineamientos prioritarios es “consolidar un OI que contribuya al desarrollo de investigaciones eficientes y eficaces, actuando con respeto al principio de objetividad y garantizando la actuación autónoma e independiente que debe regir al MPA”. En su entorno aseguran que no habrá ninguna arbitrariedad en relación a lo que arroje el proceso de supervisión. Se tratará de cotejar funciones concretas, desempeños y niveles de eficiencia. «Hay gente muy idónea en el OI que se quedará. La gente que no sea idónea irá para otro lado».
En el OI la resolución fue tomada con distancia e incertidumbre. Algunos empleados consultados aducen que el organismo está en estado de extrema fragilidad, desfinanciado, con profesionales que cobran muy poco en relación al sector privado y policías que prefieren prestar servicio en comisarías. La interpretación es que si se habla de «reconstruir la confianza» es porque no se confía en el organismo. También aducen que la enorme mayoría de los fiscales delega trabajo en el OI.
En el OI hay dos áreas predominantes. Una abarca el terreno de las pericias forenses que examinan dispositivos como teléfonos celulares cuyo contenido resulta vital en legajos de criminalidad organizada y compleja, junto a las de laboratorio que analizan muestras genéticas, de alcoholemia o estupefacientes.
La otra es el campo específico de investigación que conforma un grupo donde están los llamados detectives, que hacen tareas de calle o de investigación, y otro que es el grupo de analistas, quienes examinan y conectan la información que obtienen los detectives.
Aquí la Fiscalía General prestará más atención. Se trata de saber qué tareas realizan los empleados, con qué frecuencia, en base a qué directivas que siempre deben ser de un fiscal. Un equipo de trabajo de cinco funcionarios del MPA, a cargo de Guillermo Rabazzi y Marina Pieretti, tomará a cargo las tareas que habilita la resolución. Los responsables realizarán entrevistas individuales, desde los funcionarios de mayor jerarquía hasta los choferes. Se ceñirán a un pliego de preguntas estandarizadas que se les va a formular a cada uno. Estas irán desde el origen de su designación, la actividad actual y también si tuvieron una militancia partidaria en el pasado o en el presente.
«Nadie nació de un repollo, no cazamos brujas y la política no es mala palabra. Pero el MPA al que pertenece el OI es un órgano del Poder Judicial. Y tenemos un marco normativo del Poder Judicial que impide militar políticamente. Eso no hay forma de eludirlo. El que sea buen investigador o analista permanecerá en sus tareas», dijo una fuente del MPA.
La alusión tiene sus raíces en un proceso polémico de designaciones, en 2019, en el OI. Fue durante el mandato del gobernador Miguel Lifschitz. Por entonces hubo nombramientos y traspasos desde el Ministerio de Seguridad a cargo de Maximiliano Pullaro. Hubo entonces un fuerte reclamo del Sindicato de Trabajadores Judiciales que denunció que 195 lugares se cubrieron sin concursos. Al mismo tiempo el ex fiscal general Jorge Baclini adujo que era falso que no se hubieran respetado concursos, dado que la ley de creación del OI solo dispuso la creación de 50 cargos, y que el resto de las vacantes según la norma sólo podían ser cubiertas con traspasos desde el Poder Ejecutivo, donde también se hicieron, según el exfuncionario, concursos de convocatoria abierta.
El diferendo llega hasta hoy: en el MPA creen que hicieron entrar a varias personas de manera direccionada a la Policía de Santa Fe a sabiendas de que serían traspasados luego al OI. «Fue un proceso opaco donde los elegidos fueron a veces militantes políticos y hasta allegados a gente con cargo en el MPA o en el Poder Ejecutivo. Se trata de ver qué queda de ello», afirmó el portavoz del MPA.
El primer director por concurso del OI, único hasta ahora, fue Marcelo Sain, luego primer ministro de Seguridad del gobierno de Omar Perotti. Los desajustes de confianza externa e interna de los que habla Vranicich apuntan a lo ocurrido con el traspaso de información entre el OI y la cartera de Seguridad durante la gestión de Sain. La propia Vranicich como auditora del MPA impulsó la destitución de la ex jefa de Inteligencia del Organismo de Investigaciones por transmitir de manera indebida datos hacia el Ministerio de Seguridad y ocultar datos a sus superiores del OI.
Eso causó fuertes recelos que según interpreta Vranicich se traducen en que hay fiscales que no quieren utilizar el OI. «Por eso se debe restaurar la confianza y poner al OI al servicio de las unidades fiscales. No puede ser que no sea usado el OI. Por ley tiene que ser el brazo investigativo de los delitos más complejos y serios», indican desde el MPA.
La actual conducción entiende no obstante que como director del OI Sain acertó al diseñar un protocolo que define con claridad equipos de trabajo, a los que por directivas se les imparte cada misión, en acciones nunca autónomas sino en todos los casos por pedido de un fiscal.
La acción es de hecho una intervención pero no se manejó esa palabra en el decreto para suavizar una acción que no busca, según se dice, generar miedos. «Hay muchas personas a las que sabemos muy capaces para trabajar. Se quiere potenciar las áreas de investigación y sobre todo las de prácticas forenses que no tienen personal y que dependen de contrataciones que además son por honorarios muy limitados», deslizaron fuentes del MPA.
Fuente: La Capital
