Los dos sindicatos que agrupan a los empleados estatales están en pie de guerra, pero con estrategias diferentes. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de impronta combativa, eligió protestar contra los despidos masivos en el sector público con ocupación de edificios y un paro nacional que se está realizando este viernes, mientras que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), de perfil moderado y dialoguista, comenzó a endurecerse cada vez más y ya presentó ante la Justicia una acción de amparo colectiva para revertir las cesantías del personal contratado, además de anticipar que elevará una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El líder de UPCN, Andrés Rodríguez, que es el secretario adjunto de la CGT, pasó de una actitud más prudente a una postura muy firme contra las políticas de ajuste del Gobierno en el Estado. Al hacer la presentación ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 57, en Lavalle 1268, el sindicalista habló ante un grupo de estatales y advirtió: “Vamos a pelear por la reivindicación de nuestros trabajadores que se merecen lo mejor. No se merecen semejante crueldad de echarlos a la calle sin trabajo. Esto es algo antidemocrático y anticonstitucional y vamos a defender como corresponde a esos trabajadores y también nuestros ingresos, a pesar de que ahora estamos perdiendo frente a la inflación porque ningún trabajador merece vivir por debajo de la línea de pobreza”.
Rodríguez aseguró que “esta pelea va a ser larga” y pidió: “No aflojemos porque vamos a ir ganando de a poco, batalla tras batalla, hasta verdaderamente tener una justicia social como corresponde para nuestro pueblo”. Y equiparó a los contratados con el personal de planta permanente, al sostener que “ningún compañero, por más que sea de planta transitoria, cuando tiene años de contrato, tiene derecho laboral adquirido y por lo tanto merece seguir trabajando en su puesto de trabajo”.
Luego, al hablar con los periodistas, el titular de UPCN resaltó que la presentación judicial “es un frente más que se complementa, por supuesto, con la lucha gremial” y, en ese sentido, afirmó que “lo más importante es la lucha gremial para oponerse a estos atropellos, a estas injusticias del gobierno nacional, echando a la gente a mansalva, sin ningún sentido, sin ningún análisis fidedigno”.
“Nosotros estamos peleando esto en el terreno gremial, en aquellos lugares donde se ha abierto una pequeña puerta de negociación y en otros lugares donde no hay diálogo y se atropella a la gente -manifestó el gremialista-. Estamos, como corresponde, con asambleas, con declaración de alerta y movilización, con paros parciales, con todo lo que sea necesario y, en este caso, en el plano jurídico, nos presentamos ante un juzgado laboral porque consideramos con claridad que después de tanto tiempo que la gente de planta está trabajando tiene derechos laborales adquiridos, por lo tanto queremos que la Justicia declare la reincorporación de esos compañeros”.
Además, Rodríguez anticipó que UPCN “está evaluando la posibilidad de trasladar (la presentación judicial) a ámbitos internacionales, como podría ser la OIT” y dijo que se hará a través de Gerardo Martínez, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. “Vamos a hacer la presentación también para que la Organización Internacional del Trabajo tome cartas en el asunto”, enfatizó.
El escrito presentado por el sindicato de los estatales este jueves ante la Justicia consiste en una acción de amparo colectiva para que “se ordene al Estado empleador el cese de despidos masivos de trabajadores públicos nacionales” y fundamenta su pedido en el hecho de que, “mediante esos actos arbitrarios, compulsivos y discriminatorios, se vulneran derechos establecidos en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que consagran al trabajador público como sujeto de preferente tutela, garantizándole estabilidad propia en el empleo”.
Y agregó que “bajo la excusa de supuestas auditorías se ha despedido personal contratado en 2023, pero también contratados de muchos años de antigüedad, personal de planta transitoria concursado a la planta permanente y trabajadores de planta permanente”. Luego sostuvo que “esas desvinculaciones no responden lógica alguna que no sea la de achicar plantas en un porcentaje predeterminado y sin atender ninguna dotación necesaria con respecto a la política pública que se brinda en cada sector”.
Al anunciar la presentación del amparo colectivo, UPCN calificó de “atropello injusto y desmedido” a los despidos de estatales y destacó que se ha declarado “en estado de alerta y movilización permanente, desplegando todas las acciones gremiales y judiciales a su alcance para revertir esa situación, dispuesta como siempre a establecer el necesario diálogo que permita a las autoridades expresarse sobre cuál es la situación real del empleo público en su conjunto”.
Rodríguez integra el sector dialoguista de la CGT y eligió una estrategia diferente para reclamar desde el sindicato más representativo del personal de la administración pública nacional: realiza protestas específicas en las dependencias afectadas por los recortes, como la ANSES y las secretarías de Trabajo y de Salud, entre otras. Y en el gremio anticiparon que podrían concretar paros de 2 o 4 horas, aunque no prevén una huelga de 24 horas ni la ocupación de los edificios.
La estrategia de ATE, conducida por Rodolfo Aguiar, es completamente distinta. Enrolado en la fracción más dura del sindicalismo, como parte de la CTA Autónoma, este gremio estatal eligió un camino de confrontación directa y permanente contra el gobierno de Javier Milei.
Esas diferencias los llevó incluso a discrepar ante los aumentos salariales negociados en la paritaria estatal. UPCN aceptó el último incremento del 8% para marzo y destacó que representa un total acumulativo de 175,72% en el período junio 2023-marzo 2024, mientras que ATE lo rechazó por insuficiente y consideró que la reunión oficial para tratar el tema fue “una maniobra” para que el gremio levante el paro de 48 horas dispuesto por el posible despido de empleados del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que finalmente quedó sin efecto.
fuente: Infobae
