La alegría por haber conseguido la aprobación en general de la reforma fiscal le duró poco al Gobierno, que en el debate en particular en el Senado sufrió un duro revés con el rechazo de la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y todo el capítulo que elevaba el piso del impuesto a los Bienes Personales.
La caída del impuesto a las Ganancias estaba en lo planes del oficialismo, que ya sabía que la restitución del tributo no tenía los votos suficientes. Sin embargo, el rechazo a Bienes Personales provocó sorpresa y pesadumbre en el oficialismo, como quedó reflejado en las cara del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), que reemplazó en la conducción del debate a Victoria Villarruel, cuando el tablero del recinto marcó que el proyecto del Gobierno había perdido por 37 a 35 votos.
La única buena noticia para la Casa Rosada entre tanta desprolijidad legislativa fue que el rechazo, tanto Ganancias como Bienes Personales, no alcanzó una mayoría agravada de dos tercios. Esto podría facilitarle al oficialismo la posibilidad de restituir ambos tributos cuando el proyecto vuelva en segunda revisión.
La iniciativa había pasado el filtro de la Cámara alta por 37 votos a favor y 35 en contra en la votación en general. Además de los siete senadores libertarios, votaron a favor de la iniciativa la UCR, Pro y las fuerzas provinciales. Por el rechazo se manifestaron los 33 miembros del bloque kirchnerista y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
Sin embargo, todo comenzó a desbarrancarse para el oficialismo a partir de la sorpresiva votación negativa de los 22 artículos que elevaban el piso mínimo y modificaba las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales.
En fuentes libertarias admitieron que la caída de todo el título de Bienes Personales fue la consecuencia de un grosero error de cálculo que adjudicaban a los negociadores del Gobierno, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaría de Planeamiento Estratégico de Presidencia, María Ibarzábal Murphy, que rechazaron las sugerencias de modificaciones formuladas por la oposición dialoguista pensando que tenían los votos para sostener el dictamen de mayoría.
Lo que no calcularon los enviados de la Casa Rosada fue el voto negativo de la provincial Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que terminó por volcar la balanza para el lado del rechazo.
Antes, y por consenso, la oposición había logrado introducir varias modificaciones al blanqueo de capitales. A pedido de la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro), se excluyeron las cláusulas que permitían a los residentes extranjeros ingresar el régimen de regularización y a las personas físicas declarar bienes muebles cuya titularidad se encuentra a nombre de empresas. Estas modificaciones contaron con el voto del kirchnerismo, que consolidó así una mayoría de dos tercios con la intención de que los cambios no puedan ser revertidas por la Cámara de Diputados cuando discuta el proyecto en segunda revisión.
También con acuerdo del oficialismo, fue eliminado el artículo 111, que habilitaba al Poder Ejecutivo a incrementar los recursos públicos en hasta un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones y gastos tributarios y de beneficios impositivos. La medida fue aceptada por el Gobierno ante el pedido planteado por el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego). La modificación, que fue apoyada por la bancada kirchnerista, busca salvaguardar al régimen de promoción industrial de la provincia más austral del país.
Otro artículo que se modificó en consenso con el Poder Ejecutivo fue el que aumentaba las regalías minerías del 3% al 5%. Este incremento sólo aplicará para aquellos proyectos que no hubieran iniciado la etapa de explotación antes de la puesta en vigencia de la norma.
El único capítulo votado por unanimidad fue el que establece una nueva moratoria fiscal, que incluye obligaciones tributarias aduaneras y de seguridad social, que apunta a regularizar deudas vencidas al 31 de marzo último.
El régimen permite saldar estos pasivos al contado o en tres cuotas y condona un 70% de los intereses punitorios y resarcitorios para quienes ingresen en los primeros 30 días de puesto en marcha el plan. El beneficio disminuye de manera gradual a medida que se amplían los plazos de ingreso a la moratoria.
Fuente: La Nación
