El suboficial Agustín Nahuel Gallo, oriundo de Catamarca, viajó a Caracas la semana pasada con la intención de reunirse con su pareja y su hijo, quienes se encontraban instalados en Venezuela desde hace algunos meses.
Según su hermana, Gallo viajó desde Luján de Cuyo, Mendoza (donde está su domicilio) hacia Venezuela el sábado 7 de diciembre y habría llegado al país al día siguiente, para pasar diciembre con su familia, y luego retornar a Argentina para tomar servicio. No obstante, al llegar fue detenido por las autoridades de migraciones en la frontera entre Venezuela y Colombia, debido a la sospecha de que sea un espía enviado por Argentina. La Cancillería Argentina condenó con firmeza la detención del empleado de la Embajada en Caracas, calificándola como “arbitraria e injustificada».
La Cancillería argentina, liderada por Gerardo Werthein, tomó conocimiento del caso el pasado jueves, a través del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la ausencia de representación diplomática directa en Venezuela —derivada de la expulsión de funcionarios argentinos por parte del gobierno de Nicolás Maduro tras las controversiales elecciones presidenciales— complica las gestiones para conseguir liberarlo.
Ante la falta de un canal directo con Caracas, Argentina depende de Brasil para mediar en este conflicto. A través de la cancillería brasileña, Itamaraty, el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, está en contacto con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha prometido interceder. Además, Brasil mantiene bajo su custodia la residencia diplomática argentina en Caracas, que actualmente alberga a seis dirigentes opositores al régimen chavista.
“La situación es inédita y delicada, no solo por tratarse de un ciudadano argentino detenido, sino porque es un miembro activo de las fuerzas de seguridad”, señalaron fuentes del gobierno.
Gallo, un suboficial de Gendarmería Nacional destacado en Mendoza, había viajado a Venezuela en calidad de civil y con fines personales, para visitar a su pareja, María Gómez. Según informó su familia, no tenía ningún tipo de misión oficial, descartando las especulaciones iniciales sobre un posible destino en Colombia como parte de acuerdos de cooperación.
El gendarme ingresó a Venezuela vía Colombia, en una decisión motivada por razones presupuestarias. Fue en el estado de Táchira, una región altamente militarizada por su condición de corredor migratorio, donde se produjo la detención.
Tanto el Ministerio de Seguridad como la Cancillería trabajaban desde principios de semana para abordar el caso, optando inicialmente por la discreción para evitar tensiones innecesarias. Sin embargo, la revelación del hecho por parte de medios como TN obligó a una postura pública más firme.
En un comunicado conjunto, ambos ministerios expresaron: “La Argentina no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos y deplora este tipo de prácticas que contravienen los principios esenciales del respeto a la libertad individual y la dignidad humana.”
A pesar de los esfuerzos, el desenlace de esta situación es incierto. Fuentes diplomáticas admiten que la mediación de Brasil será crucial, pero nadie se aventura a prever el tiempo o los resultados de las negociaciones en curso.
