Uno de los postulantes del Gobierno provincial para la Corte Suprema de Justicia, Jorge Baclini, autorizó cuando era fiscal General de Santa Fe la contratación directa de la licencia de un software por U$S53.000 con una empresa “fantasma”, según se desprende de la impugnación que realizó de su pliego el abogado rosarino Hernán Martínez, quien extrajo los datos de la causa seguida a su cliente, el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, acusado de licitar la compra de armas policiales con el mismo proveedor. El postulado, además, recibió otras dos objeciones a su designación.
El gobernador Maximiliano Pullaro envió esta semana a la comisión de Acuerdos de la Legislatura los pliegos de los candidatos para cubrir las tres vacantes en la Corte Suprema, una que ya se produjo (la jubilación del juez Mario Netri), otra que se abrió por la reforma que amplió el número de ministros y la tercera que se producirá en abril, cuando María Angélica Gastaldi también tome el camino del sistema previsional de los judiciales.
De los tres escogidos por el Gobierno en acuerdo con otras fuerzas políticas, la socialista Margarita Zabalza; el ex fiscal de Estado del gobierno de Omar Perotti, Rubén Weder; y Baclini, sólo el último recibió impugnaciones. A partir del 4 de febrero esas objeciones serán analizadas por los doce integrantes de la comisión de Acuerdos (4 senadores y 8 diputados), antes de emitir el dictamen que debe ser tratado por la Asamblea Legislativa.
Doble vara
El abogado Hernán Martínez presentó una de las impugnaciones en relación a la postulación de Baclini, el candidato de la Casa Gris, en la que subraya “una irreconciliable contradicción” en el proceder de la administración provincial.
El texto, al que accedió Rosario/12, recuerda que el 2 de diciembre de 2020, como fiscal General de la provincia, Baclini firmó la Resolución N°469/2020, mediante la cual “autorizó la contratación directa con la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL la adquisición de una licencia por un año calendario, para el Organismo de Investigaciones del MPA, para realizar extracción forense de dispositivos móviles, por un monto total de U$S 53.000”.
De acuerdo a la observación realizada por el abogado, el jefe de los fiscales autorizó la compra directa alegando “la excepción que prevé la ley N° 12.510 en su artículo 116, inciso c), punto 5”, que permite eludir los procedimientos ordinarios de adquisición de bienes o servicios para el Estado en caso de “exclusividad comprobada del oferente y carencia de bienes sustitutos”. Es decir, cuando no queda otra.
Sin embargo, para el abogado se trata de una “circunstancia que no habría existido, ante la posibilidad de adquirir otros bienes de similares características que podrían haberse evaluado en un procedimiento licitatorio (por ejemplo, el software Cellebrite, utilizado hoy en día por el propio MPA, Oxygen Forensic ExtractorQ MOBILedit Forensic, Belkasoft Evidence Center X, entre otros)”.
De todas maneras, Martínez no se centra solo en el procedimiento empleado por el actual candidato a la Corte para la adquisición del software, sino en la empresa que resultó beneficiaria de la compra. Es la misma por la su cliente, el ex ministro Sain, irá a juicio en una causa por compras de armas para la Policía –que finalmente no se concretó, porque fue observada por un organismo de control- y que el fiscal del caso, Ezequiel Hernández, consideró en ese legajo como una firma fantasma.
Floja de papeles
“Conforme surge de las expresiones del señor fiscal Ezequiel Hernández en el proceso penal identificado con el CUIJ 21-8561576-6 ‘Sain, Marcelo y otros s/ Negociaciones incompatibles’, la empresa Emprendimientos Grupo Patagónico SRL no tenía programa de integridad, contaba con una sola empleada, no tenía inmuebles (de hecho, su domicilio legal era la vivienda de su socio gerente, Bernardo Menajovsky) y no poseía vehículos ni muebles de ningún tipo a su nombre”.
Además, el abogado planteó que “al momento de la contratación directa” por parte de Baclini, “la empresa no contaba con la Constancia de Cumplimiento Fiscal que exigía la Administración Provincial de Impuestos”.
Textualmente, la Resolución 496/2000 firmada por Baclini dice en uno de sus considerandos: “Que al momento de la contratación de la Constancia de Cumplimiento Fiscal de la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL se encuentra vencida, obrando en autos plan de pagos celebrado con la API para saldar deudas, por lo que será exigida al momento del efectivo pago la vigencia de dicha constancia”.
Martínez señala entonces que observa una “notoria contradicción” en el accionar de la administración pública, por cuanto se constituyó como querellante en la causa por la licitación de las armas en la que irá a juicio Sain, por compras que finalmente no se realizaron, mientras que por otro lado propone como ministro de la Corte al ex fiscal General que concretó una adquisición directa con la misma empresa cuestionada.
“En el proceso penal CUIJ 21-08561576-6 se investiga a un ex funcionario por haber propiciado un procedimiento licitatorio, con todas las garantías que el mismo implica para los oferentes. Donde no existió erogación para el erario provincial y, por ende, no hubo perjuicio económico alguno”, dice la presentación.
Y agrega que, por otra parte, “se propone (para el máximo tribunal) a un funcionario que autorizó una contratación directa con la misma empresa, que generó una notable erogación para las arcas provinciales, sin licitación”.
Por último, el texto que será evaluado por la comisión de Acuerdos, señala que “tratándose de la misma empresa, en un caso, la Provincia se constituye en querellante denunciando un delito contra el funcionario. En el otro, lo propone como Ministro de la Corte”.
Fuente: Página 12
