Luego de una reunión en la que no hubo acuerdo con los enviados del Poder Ejecutivo Nacional, los gobernadores anunciaron la presentación de un proyecto de ley consensuado entre ellos para modificar el régimen de los ATN y el impuesto a los combustibles líquidos y así distribuir parte de la recaudación entre las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de compensar la caída en la recaudación que se registró en el último año.
La medida, firmada por todos los representantes provinciales, surgió como respuesta a la contrapropuesta presentada más temprano por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que no vieron como una solución a sus reclamos.
De esta manera, los mandatarios locales, los que tienen una posición más dura respecto de la gestión libertaria, pero también aquellos más cercanos a la Casa Rosada, fijaron su postura.
Puntualmente, propusieron modificar el artículo 19 de la ley 23.966, que fijó la forma en la que se distribuyen los ingresos que la Nación recibe por el impuesto a los combustibles líquidos.
Actualmente, ese dinero se divide de la siguiente manera: un 10,40% va para el Tesoro Nacional; el 15,07% le corresponde al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); el 28,69% se envía al Sistema Único de Seguridad Social; el 4,31% queda en el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; el 28,58% se entrega al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% se traslada a la Compensación Transporte Público.
De esta manera, solamente el 10,40% restante se reparte entre las provincias, lo que representa un monto minoritario de los más de 2.500 millones de pesos que recibió la Nación en concepto de este gravamen, según fuentes oficiales.
Los mandatarios buscan con este proyecto que el monto pase a distribuirse únicamente entre las provincias, que se quedarían con el 58,36%, y el Tesoro Nacional, el sistema previsional y la compensación para el transporte público, que mantendrían sus porcentajes actuales.
Para esto, el segundo artículo de la normativa establece disolver todos los fondos fiduciarios antes mencionados, para que el monto remanente pase directamente a las 24 jurisdicciones del país.
Además, la iniciativa también busca cambiar la forma en la que se reparten los Aportes del Tesoro Nación, conocidos informalmente como transferencias discrecionales, ya que la Casa Rosada los reparte según considere.
La actual ley indica que ese dinero “se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales” y que es el Ministerio del Interior (actual vicejefatura de Gabinete) la que define cómo y cuánto reciben los distritos.
Los gobernadores optaron por mantener los porcentajes que se fijaron en su momento para cada uno de sus territorios, pero agregaron un párrafo “con la incorporación del prorrateo que corresponda por aplicación” de una compensación que beneficia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Asimismo, se remarcó que, si se aprueba esta ley, el fondo de los ATN “se distribuirá en forma automática y diaria”, por lo que la Casa Rosada dejaría de tener tanta injerencia en el asunto.
“Esto es algo que presentaron los gobernadores por su cuenta, no es lo que se habló en el CFI ni es la propuesta que le llevamos más temprano”, aclaró a Infobae una fuente cercana a Catalán.
Unas horas antes del comunicado de los mandatarios provinciales, el vicejefe de Gabinete del Interior participó junto a Guberman del encuentro en el Consejo Federal de Inversiones para tratar de retomar el diálogo entre las partes.
De hecho, este martes Guillermo Francos recibirá en el Salón de Los Escudos a los integrantes del Consejo de Mayo, el organismo que fue creado por las autoridades nacionales para transformar en proyectos de ley las ideas del presidente Javier Milei.
Incluso, uno de los puntos que se acordaron debatir en esa mesa de trabajo es, justamente, el sistema de coparticipación federal, por lo que es probable que el mendocino Alfredo Cornejo, que fue elegido como el representante de los gobernadores, presente esta iniciativa ante el resto de los miembros del grupo.
El Consejo está presidido por Francos e integrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en nombre del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; la senadora radical Carolina Losaday el diputado y jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, por el Congreso; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos, y el titular de la UIA Martín Rappallini, como enviado del sector empresarial.
Fuente: Infobae
