Suspensión judicial al decreto 461/2025
La jueza Martina Forns, del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, resolvió suspender por seis meses cualquier acto administrativo vinculado con la disolución de Vialidad Nacional, tal como establece el Decreto 461/2025 firmado por el presidente Javier Milei.
La decisión se dio en respuesta a un recurso presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), uno de los seis gremios que representan al personal del organismo, que emplea a más de cinco mil personas.
Riesgo de daño “inminente e irreparable”
En la resolución, de nueve páginas, Forns argumentó que la medida presidencial podría generar «traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamiento funcional» de un organismo técnico que requiere estabilidad y autonomía. Para la magistrada, “existe un peligro cierto de un daño que puede derivar en un perjuicio efectivo”.
Además, señaló que el artículo 32 del decreto condiciona la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, lo que contraviene normas constitucionales y convenios colectivos vigentes. Citó también tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que impiden cambios unilaterales en condiciones laborales pactadas colectivamente.
Derechos laborales y principio de estabilidad
Forns cuestionó el decreto por considerar que «vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad» y afecta derechos laborales y sindicales al retirar al personal del régimen de convenios colectivos. También advirtió que los temas que modifica el decreto deben resolverse por vía estatutaria y mediante negociación colectiva.
Por el momento, la jueza no se pronunció sobre la nulidad ni la inconstitucionalidad del decreto 461, ya que, según explicó, eso requiere un análisis más profundo y extenso con debate y producción de prueba.
Qué dice el decreto 461/2025
El presidente Javier Milei oficializó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad mediante el Decreto 461/2025, publicado en el Boletín Oficial. La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo: “La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”.
Según el Ejecutivo, la eliminación del organismo permitirá un ahorro anual estimado en 100 millones de dólares, y las funciones que antes cumplía Vialidad Nacional serán redistribuidas:
- Diseño y planificación vial: pasarán a la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía.
- Supervisión de concesiones: estará a cargo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que no podrá adjudicar obras.
- Mantenimiento de rutas: lo realizará una nueva unidad, que tercerizará servicios a empresas privadas.
El futuro de los trabajadores
Vialidad Nacional contaba con 5.184 empleados, de los cuales el 67% realizaba tareas administrativas o técnicas, y el 33% se desempeñaba en el terreno. La medida judicial representa un freno temporal a la reestructuración que impulsa el Gobierno y abre un frente judicial que podría escalar si la inconstitucionalidad del decreto es finalmente analizada.
