El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el rosarino Agustín Rossi, presentó este miércoles una denuncia penal contra los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro y los diarios Clarín y La Nación, a los que acusó de infringir la Ley de Inteligencia, y aseguró que hubo una «operación de prensa» impulsada por legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) sobre una supuesta «mesa militar» destinada a hacer escuchas ilegales.
«Los legisladores, en lugar de analizar el pedido de informes y utilizarlo para su actividad parlamentaria y jerarquizar lo que significa la producción de inteligencia en Argentina, se lo dieron a periodistas para hacer una operación de prensa y que la AFI aparezca como titular en los dos diarios más importante del país», afirmó Rossi.
De esta forma, el exministro de Defensa se refirió al pedido de información formulado por legisladores de JxC ante la Comisión bicameral de Inteligencia para que se investigue a la AFI por el funcionamiento de una supuesta «mesa militar», con presencia de asesores del exjefe del Ejército César Milani, que serviría para escuchas ilegales.
En la denuncia ante la justicia federal presentada por el titular de la AFI se asegura que Morales Solá, en su artículo publicado en el diario La Nación el 3 de enero, y Santoro, en su nota del diario Clarín del 1 de enero, utilizan «frases textuales extraídas de la respuesta» que la AFI brindó a la Comisión Bicameral, documento clasificado como «secreto».
«Estas acciones constituyen una infracción a lo previsto en el artículo 16, 16 bis y 17 de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y su modificatoria», detallaron en un comunicado de prensa desde el organismo.
En ese marco, Rossi recordó que en la Argentina rige la Ley de Inteligencia que «resguarda con el secreto a todas las acciones, funciones, hombres y mujeres que integran la AFI».
«En las publicaciones del diario Clarín y La Nación los periodistas han infringido la ley. Han dado nombres de agentes de inteligencia que claramente son reservados, han explicitado funciones a partir de las que se podría inferir cómo funciona la AFI y han transcripto información que fue enviada a los legisladores», puntualizó Rossi.
«Por más que no sea un funcionario, la ley establece que cualquier persona que se encuentre con información de inteligencia tiene que resguardar la reserva. No es así cómo se deben tratar las cuestiones de inteligencia, un bien estratégico que producimos desde el Estado», afirmó Rossi.
Además, sostuvo que «se desvirtuó el contenido» del informe presentado ante la comisión y que se realizó «una interpretación que no corresponde».
«A los pocos días de recibir el pedido de informe, casi sobre Navidad, trabajamos lo más aceleradamente para que los legisladores tengan una respuesta. Antes que termine el año ya la tenían y ellos hicieron un mal uso de la misma», afirmó.
Rossi dijo que en el caso del periodista Santoro «la información llegó claramente a través de voceros de JxC» y consideró que «es claro que están incómodos con todas las revelaciones» que se difundieron en las filtraciones de nuevos intercambios por chat que habría mantenido el ministro de seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
«Salieron a buscar quién hizo inteligencia ilegal. En algún lugar los entiendo porque cuando ellos fueron gobierno se investigaba a dirigentes políticos y sociales incluso del macrismo, pero esta AFI no hace espionaje ilegal. No es como la macrista», aseveró.
Al ser consultado sobre la posible procedencia de esta filtración de los chats del ministro, Rossi aseguró no contar con esa información y señaló «que es la justicia la que está investigando».
En tanto, sostuvo que «hay una única explicación por la que esta operación contra la AFI salió a la luz ahora» y es que en la segunda filtración «está involucrado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti».
«Eso es lo que (el CEO del grupo Clarín Héctor) Magnetto quiere proteger. Sabe que manejando un pedazo de la Corte de justicia maneja gran parte del poder judicial», remarcó.
Finalmente, Rossi sostuvo que en las conversaciones entre D’Alessandro y el asesor de Rosatti se «preanunciaba» el fallo favorable en el reclamo por fondos coparticipables que benefició al Gobierno porteño.
«Yo soy de una provincia del interior (Santa Fe) y estoy en desacuerdo con el fallo. La ley de coparticipación es compleja y necesita el acuerdo de todas las jurisdicciones. Por eso también apoyo al decisión del presidente Alberto Fernández y los gobernadores de iniciar el juicio político a la Corte», completó.
Fuente: La Capital
