Cobraron al menos $72 millones del Estado. Gran parte del dinero se retiró en efectivo para burlar los controles. La UIF y la PROCELAC detectaron diversas maniobras irregulares. La denuncia está en manos de la Justicia Federal
Familiares directos, empleados del Senado, empleados públicos de la provincia de Santiago del Estero, y hasta trabajadores del gremio estatal UPCN. Todos forman parte de la red de cooperativas truchas ligadas al senador nacional Gerardo Montenegro, acusado ante la Justicia Federal por lavado de dinero. Según una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), revelada esta semana por Infobae, las cooperativas cobraron al menos $72 millones en subsidios del gobierno provincial. Con ese dinero no se hicieron obras. Tampoco se dio trabajo. En realidad, las cooperativas se usaron como un mecanismo de recaudación. De hecho, el 95% de los fondos públicos se retiró en efectivo para sortear todos los controles.
Una de esas cooperativas investigadas, “Trabajo, Esfuerzo y Solidaridad”, está íntimamente vinculada a la mujer de Montenegro, María Teresita Sciolla, y a uno de sus hijastros, Javier Sciolla (44), quien figura en los registros públicos como secretario de la cooperativa aunque desde 2014 también es empleado del Senado.
En el cargo de presidente aparece Ramón Orlando Bravo, empleado del gobierno de Santiago del Estero desde febrero de 2007 y secretario de Comunicación de UPCN, donde Montenegro es amo y señor. El tesorero de la cooperativa es Walter Gómez, también empleado provincial desde febrero de 2007.
Los movimientos bancarios de “Solidaridad” llamaron la atención de los investigadores. Entre septiembre de 2017 y mediados de 2019, de sus cuentas se extrajeron $15.870.000 en efectivo. La cooperativa nunca presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo regulador.
Además, esa cooperativa le otorgó un préstamo sospechoso a una SRL denominada JMSC, propiedad de la mujer de Montenegro (80%) y del hijastro (20%). Con esa SRL se compraron autos de lujo y hasta una propiedad en Punta del Este.
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“La red de cooperativas de Montenegro es parte de un sistema de “cupos” que se utiliza en Santiago del Estero para financiar a diputados, intendentes, concejales y hasta comisionados”, advierte un legislador provincial. Y agrega: “El cooperativismo no se utiliza para lo que fue creado, hay muchos nombres dando vuelta pero el dueño de todo ese entramado es uno solo”.
La denuncia contra Montenegro ya está en manos de la Justicia. En diciembre de 2020, la PROCELAC hizo una presentación que aterrizó en el juzgado federal 2, a cargo de Sebastián Argibay.
La fiscal que debería impulsar ese expediente es Cecilia Indiana Garzón, una de las “candidatas” del kirchnerismo para reemplazar a Eduardo Casal en la Procuración General. Si la reforma de la Ley del Ministerio Público avanza, el próximo procurador interino saldrá de una lista de fiscales generales. El proyecto original contemplaba una condición: 10 años de antigüedad. Pero esta semana el kirchnerismo lo bajó a 5 años. Garzón es una de las beneficiadas: tiene 8 años en ese cargo.
Desde que Infobae reveló el escándalo, Montenegro solo hizo un posteo en Facebook para decir que no había sido notificado de la denuncia. En Santiago del Estero aseguran que tiene blindaje político y mediático por su vínculo estrecho con el empresario Gustavo Ick, dueño de medios y de varias empresas.
Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde 2013. En las últimas elecciones fue reelecto por otros seis años impulsado por el gobernador Zamora. En su provincia, Montenegro es más conocido por su rol de dirigente gremial: desde 1998 maneja la delegación local de UPCN, uno de los gremios estatales con mayor cantidad de afiliados. Además tiene una pata en el deporte: preside el club de básquet Quimsa, que acaba de llegar a la final de la Liga Nacional, y está a cargo de la Asociación de Clubes de Básquet (ADC).
Otra de las cooperativas adjudicadas a Montenegro se denomina “Consumo y Crédito 1 de mayo”. Fue creada en 2005 pero en 2019 habría dejado de funcionar por una decisión del INAES. Según los registros comerciales consultados por Infobae, tiene un solo empleado verificado: Jose María Fernández.
Entre los firmantes de cheques de esa cooperativa aparece Carlos Osvaldo Ibarra, empleado del Senado desde 2014 al igual que la mujer y el hijastro de Montenegro. En su caso, directamente trabaja en el despacho del senador. Llamativamente, Ibarra trabajó para el gobierno provincial y al mismo tiempo cobraba un sueldo como empleado Municipal.
Otras de las personas que firmaba cheques de la cooperativa “1 de Mayo” era Néstor Leandro Palomo (55), empleado provincial desde 2007 y líder de la agrupación “Peronismo 26 de Julio”. “Ibarra, Palomo y Franklin Saúl Juarez son los tres caballitos de batalla de Montenegro”, resumió un dirigente político santiagüeno.
Palomo también aparece como firmante de cheques de la Asociación Mutual “El Quebracho” de Trabajadores estatales e independientes. Aunque no figura entre las organizaciones investigadas, se destaca porque entre sus integrantes aparece un concejal peronista, Carlos Rodolfo Basualdo. “Es muy cercano a Montenegro, de hecho lo llevó como empleado al Senado entre 2014 y 2018”, dijo un periodista local bajo estricto anonimato.
Efectivamente, Basualdo renunció en 2018 para asumir como concejal de la capital santiagüena. Al igual que su jefe político, preside un club de básquet, Independiente BBC, que recibe publicidad del estado provincial. “Cuando llegó al club, en 2014, no tenía ninguna vinculación con el básquet”, advierten en esa provincia.
Otra cooperativa investigada por la UIF se llama “Trabajo, Construcción y Servicio Libertad Limitada”. En apenas tres meses, recibió $2.940.000 repartidos seis cheques del gobierno de Santiago del Estero.
Según el Boletín oficial de Santiago del Estero del 12 de junio de 2019, las autoridades de esa cooperativa son Aldana Rojas y Jose Eduardo Rojas. Sin embargo, el informe del organismo anti lavado menciona a otras tres personas: Juan Pablo Juarez, Carlos Salvatierra y Marcelo Vélez. Varios de ellos usaron fondos públicos para comprar autos, motos y hasta camionetas.
Los tres tienen vinculación con la política de Santiago del Estero. Juarez es empleado de la Provincia desde 2002 hasta la actualidad. También integra la cooperativa “El Quebracho”, donde reporta el concejal Basualdo. Salvatierra también es empleado estatal, y Marcelo Velez trabaja en UPCN, el gremio que controla el senador Montenegro.
La cooperativa “Libertad” aparece inscripta en el rubro de la construcción, aunque también otorga créditos. No es una casualidad: en Santiago del Estero aseguran que detrás de la red de cooperativas funciona un entramado de mutuales que se dedica a otorgar préstamos a tasas usureras. De hecho, tanto en el club Quimsa como en UPCN, ambos controlados por el senador, funcionan mutuales.
En la denuncia judicial de la PROCELAC también aparecen mencionadas las cooperativas “De Trabajo Unidad Barrial”, “De Trabajo El Porvenir”, “De Trabajo por Cunan Nuna”, “De Trabajo Textil Forjando Nuestro Futuro” y hasta una que se llama “Cambalache”. Es imposible no asociar con la letra de Santos Discépolo: “Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafa’os, contentos y amarga’os, valores y doblé..”
Todas las cooperativas recibieron subsidios millonarios. Pero nunca dieron trabajo: el dinero terminó en autos, camionetas y otros bienes de lujo.
