El procurador del Tesoro aseguró que buscará cobrar 300 millones de dólares que la compañía del ex Presidente le adeuda al Estado
El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, anticipó que pedirá “la extensión de la quiebra a SOCMA”, empresa controlante del Correo Argentino, que tiene como accionistas mayoritarios a integrantes de la familia del ex presidente Mauricio Macri. “Estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que el Correo le debe al Estado argentino”, enfatizó.
“Está demostrado que Correo Argentino no vale nada, por eso nosotros vamos a pedir la extensión (de la quiebra). Estamos estudiando y vamos a ver qué es lo que hace el síndico, quien tiene tiempo hasta el 1° de noviembre para pronunciarse sobre la situación de los administradores y los controlantes (del Correo) y aconsejarle a la jueza la extensión de la quiebra a quienes han utilizado la figura jurídica de Correo Argentino”, enfatizó Zannini.
En declaraciones a El Destape Radio, el procurador aseguró: “Nosotros podemos pedir en cualquier momento la extensión (de la quiebra). Si estuvieran vaciando SOCMA por ejemplo para no pagar, van a quedar rastros. Ya el riesgo de vaciamiento que hicieron con el Correo no lo van a poder seguir haciendo con otras empresas que tienen”. No obstante, aclaró que “ninguna de estas decisiones hay que acelerarlas”.
Ayer, la jueza comercial Marta Cirulli decidió mandar a la quiebra a Correo Argentino SA, la empresa emblema de la familia de Mauricio Macri, y ordenar la entrega de sus bienes en 5 días.
Desde la perspectiva del Gobierno, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4.500 millones de pesos, y no los $1.011 millones ofrecidos por la familia Macri y su empresa.
En marzo, en la Justicia comercial, la familia Macri había ofrecido pagar esa suma de una vez, o lo que la Justicia determinara, por toda la deuda para evitar la quiebra, pero Zannini, en nombre del Estado, rechazó la oferta y mantuvo el pedido de quiebra que se concretó este lunes.
La decisión de la jueza Cirulli derivó en un choque político entre la oposición y el gobierno nacional, debido a que dirigentes de manera individual y Juntos por el Cambio, en bloque, responsabilizaron al kirchnerismo por la decisión y la vincularon a una supuesta “persecución política y una venganza”.
“En un día oscuro para la justicia comercial argentina, la jueza Marta Cirulli decretó hoy (por ayer lunes) la quiebra de Correo Argentino S.A., a pesar de que sus accionistas habían ofrecido pagar el 100% de la deuda más los intereses que determinaran los tribunales”, advirtió el comunicado que fue difundido oficialmente por JxC. Allí, se advirtió que “la única razón para comprender esta decisión es el rechazo del Estado argentino, motorizado por el procurador Carlos Zannini, de aceptar cualquier tipo de acuerdo. Las motivaciones detrás de esta decisión son políticas: no están basadas en el derecho, ni el sentido común, ni en los deberes de un funcionario público que debe cuidar el patrimonio de todos los argentinos, en lugar de usar su cargo para perseguir opositores”.
De todos modos, Juntos por el Cambio no solo apuntó contra el kirchnerismo, sino que también cuestionó de manera personal a la magistrada que firmó la sentencia, tras un proceso que duró casi 20 años: “Zannini siempre quiso bloquear cualquier acuerdo y empujar a la empresa a la quiebra, con el objetivo político de perjudicar a la familia del ex presidente Mauricio Macri. Hoy lo logró”.
“Las presiones del gobierno y la falta de carácter de la jueza Cirulli llevaron a una decisión injustificable desde el punto de vista del derecho, que pone en riesgo las bases de la justicia comercial en la Argentina. Si una empresa puede ser empujada a la quiebra solo por la voluntad de un gobierno ¿quién garantizará a las empresas que si les va mal tendrán un tratamiento justo por parte de los tribunales?”.
Y agregó que “para conseguir sus objetivos políticos Zannini está perjudicando los intereses del Estado argentino, que ya no cobrará sus acreencias. Repudiamos la persecución a Mauricio Macri, denunciamos el uso partidista que hace de su cargo Carlos Zannini y lamentamos otra señal de las instituciones argentinas en contra de la inversión y el Estado de Derecho. El kirchnerismo está jugando con nuestro Estado para ejecutar sus deseos de venganza. Es momento de decirles basta. En las elecciones de noviembre tenemos una oportunidad”.
Antecedentes
En 1997 el gobierno de Carlos Menem le dio la concesión del Correo Argentino S.A. al grupo Macri y en 2003, cuando llegó Néstor Kirchner a la Presidencia, rescindió ese contrato al denunciar que la empresa solo había pagado uno de los cánones semestrales que le correspondía abonar por cifras superiores a los 50 millones de pesos/dólares. La empresa adujo que estaba en concurso desde 2001, por la abultada deuda que el Estado tenía con ella, por servicios prestados durante todos esos años. Se trataba de un litigio por deudas cruzadas.
Tras idas y vueltas en el concurso -que atravesó todo el kirchnerismo-, en 2016 se desató la puja que hoy debe dilucidar la Justicia. Es que con Macri ya a cargo del Poder Ejecutivo aceptó una oferta para que se pagara en cuotas la deuda que la firma tenía en 2001. En ese momento, la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, denunció que el acuerdo era “abusivo”, con una quita del 98,87 por ciento de la deuda, y que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado. El acuerdo no llegó a concretarse por la oposición fiscal y porque el propio Macri envió el caso a la Procuración del Tesoro.
Si bien los acreedores se cuentan por decenas, el actor principal es el Estado Nacional, que cuenta con las mayores acreencias. La ley 24.522 de Concursos y Quiebras establece en su artículo 48 inciso 8 que “cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo, por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite”.
Por eso es que la jueza Cirulli tomó la decisión de dictar la quiebra. En su razonamiento, la magistrada avaló la posición de Zannini, al sostener que “el Estado Nacional se sujetó al procedimiento concursal por casi veinte años, haciéndose parte en el proceso, negociando con la concursada, asistiendo a las audiencias donde fue convocado, todo para obtener el cobro de su crédito (lo cual, en definitiva, se proyecta a la sociedad toda), originado hace al menos veinte años en condiciones económicas y de mercado diferentes a las actuales”.
