Luego de nueve audiencias presentando evidencias contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el fiscal federal Diego Luciani concluirá este lunes sus alegatos en el juicio oral que investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, a favor del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos kirchneristas. Pedirá que Cristina sea condenada e inhabilitada a ejercer cargos públicos.
En ese marco, la Vicepresidenta pidió ampliar su declaración indagatoria y así lo informó en sus redes sociales. “He instruído a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó.
Y agregó que tomó esa decisión “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel”. Incluso, dijo que “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Hasta las 10.30 de la mañana, la defensa de Cristina Kirchner no había presentado formalmente ningún pedido, más allá de lo que anunció vía Twitter.
En Tribunales receptaron el anuncio de la vicepresidenta con sorpresa. Si bien técnicamente cualquier imputado puede utilizar cualquier momento del juicio para declarar, las veces que quieran, ese período termina al momento de iniciarse los alegatos; que es el momento de evaluar, para cada parte, todo lo que sucedió en el proceso.
Cada acusado tiene la posibilidad de decir sus “ultimas palabras” antes del veredicto, después de que hubiera hablado los acusadores y las defensas. Por eso, ahora, vendrá la discusión acerca de si la Vicepresidenta tiene posibilidad de hablar ahora. Una negativa por parte del Tribunal será leída por la acusada y sus seguidores como una nueva demostración de lawfare.
“Es un disparate que tiende a ensuciar el juicio. Los defensores debieron pedirlo antes del inicio de los alegatos. Ahora es etapa de alegatos”, afirmó a Infobae un funcionario judicial, quien lanzó una hipótesis de lo que podría ocurrir. “La otra posibilidad es que asuma su propia defensa como codefensora y que alegue. Jamás lo vi”.
Según el artículo 393 del Código Procesal Penal, “terminada la recepción de las pruebas, el presidente concederá sucesivamente la palabra al actor civil, a la parte querellante, al ministerio fiscal y a los defensores del imputado y del civilmente demandado, para que en ese orden aleguen sobre aquéllas y formulen sus acusaciones y defensas. No podrán leerse memoriales, excepto el presentado por el actor civil que estuviere ausente (…) El presidente podrá fijar prudencialmente un término para las exposiciones de las partes, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, los puntos debatidos y las pruebas recibidas. En último término el presidente preguntará al imputado si tiene algo que manifestar, convocará a las partes a audiencia para la lectura de la sentencia y cerrará el debate”.
Desde el kirchnerismo insisten en una “persecución política”
A pesar de que la acusación del fiscal Luciani fue sustentada con chats, documentos, testimonios y hasta un testamento, desde el Frente de Todos consideran que todo se trata, en realidad, de una “persecución judicial”.
En ese sentido, hubo comunicados, tuits, declaraciones públicas, entrevistas, programas de televisión y radio y solicitadas impugnando la tarea de los fiscales y los jueces, desde la primera instancia y hasta la Corte Suprema, que intervinieron en una causa que lleva años y recién ahora está en juicio oral.
Como anticipó el domingo Infobae, Luciani al concluir hoy el alegato tiene previsto pedir una dura sanción penal debido a que consideró probado que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner encabezó un armado ilegal para adjudicarle al empresario Lázaro Báez obra pública en Santa Cruz durante 12 años, que en gran parte no terminó pero cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas.
Desde hace varios días, el kirchnerismo duro con La Cámpora a la cabeza, viene anticipando en forma pública que habrá una reacción masiva en el caso de que a la Vicepresidenta la condenen. El latiguillo que inundó las redes sociales con el sello camporista es: “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”.
Por su parte, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue las más efusiva en su defensa y convocó a una pueblada para evitar que vaya presa. “No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una Puebla, es lo único que le va a salvar. Hay que defender la con todo. Nosotros somos la justicia”, afirmó Bonafini en un efusivo mensaje que brindó el viernes durante la entrega del pañuelo blanco al polémico intendente de Pehuajó, Pablo Zurro.
De acuerdo a las acusaciones que se presentaron en el expediente de Vialidad, Cristina Kirchner permitió que Lázaro Báez ganara cerca del 80% de las licitaciones para hacer la obra vial de Santa cruz por más de 46.000 millones de pesos.
Además, Luciani constató que hubo licitaciones fraguadas en las que competían entre sí distintas empresas de Báez, que sólo cumplió a tiempo con dos de las 51 obras que se la adjudicaron, y 24 nunca fueron terminadas.
En medio del operativo oficialista para desacreditar la labor de la justicia, otro de los que salieron públicamente a defender a Cristina fue el canciller Santiago Cafiero, con quien la vice mantiene cierta distancia al considerarlo del “riñón” del presidente Alberto Fernández.
Desde su cuenta de Twitter, el canciller alertó que la “extrema derecha” buscar dejar fuera de carrera a Cristina para las elecciones de 2023. “Quieren proscribir a @CFKArgentina. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como @evoespueblo y @LulaOficial. Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos“, escribió el titular de la cartera de Política Exterior, ayer por la noche.
Más allá de la feroz interna que hay en el oficialismo, todos parecen haber cerrado filas detrás de Cristina. El objetivo es advertirle a la sociedad que detrás del fallo judicial hay, según su entender, una motivación política para que el Frente de Todos no sea reelecto.
Fuente: Infobae
