Otra causa contra la vicepresidenta Cristina Kirchner rumbo a la Corte Suprema. El Procurador General interino Eduardo Casal pidió ayer, martes, revocar la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había sobreseído a la vicepresidenta y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la causa dólar futuro. Según el dictamen al que accedió Infobae, Casal sostuvo que el ámbito adecuado para discutir el caso es en el juicio oral.
“Las audiencias de debate constituyen -y tanto más en casos como el presente – el ámbito propicio para, con la mayor celeridad posible -y sin afectación de la garantía del plazo razonable, meramente enunciada por el a quo- escuchar e interrogar personalmente a los testigos y a los peritos, analizar exhaustivamente las diversas pruebas en conjunto, de manera armónica, e inquirir -con el provecho que se obtiene de la inmediación y el contradictorio- sobre las diferencias que pudieran existir entre el informe en cuestión y los elementos que hasta ese momento dieron sustento al impulso de las actuaciones hacia esa etapa del procedimiento. Coincido en que tal grado de conocimiento, en las particulares circunstancias del caso, no po día ser alcanzado en la instancia en que las defensas formularon sus planteos. Los defectos que presenta la valoración probatoria que hizo el a quo, a mi modo de ver, así lo evidencian”, afirmó el dictamen.
El dictamen señala que “sin que implique anticipar temperamento sobre el fondo del asunto, entiendo que la sentencia no cuenta con sustento suficiente para ser considerada como un acto jurisdiccional válido, y merece ser descalificada en los términos de la doctrina de la arbitrariedad”, afirmó Casal en un dictamen ante la Corte.
Para Procurador General interino, “es irrazonable en los términos de la doctrina de la arbitrariedad la crítica que el voto conjunto formuló a la resolución del tribunal oral por -según dijeron los magistrados- no haber dado respuesta al planteo vinculado con la supuesta naturaleza política y ajena al control judicial de las conductas atribuidas, pues ello resultaría contrario a las reglas de la lógica en la medida en que la conclusión sobre ese punto se encuentra subordinada a la previa decisión sobre la licitud o ilicitud de aquellos actos, y la mayoría de dicho tribunal había considerado fundadamente que, al efecto, en las concretas circunstancias del caso, era indispensable llevar a cabo el juicio oral”
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Los sobreseídos por Casación en esta causa son Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli Long Biocca, Pedro Biscay, Sebastián Andrés Aguilera, Bárbara Domatto Conti, Mariano Beltrani, Juan Miguel Cuattromo, Miguel Ángel Pesce, Guillermo Mario Paván, David René Jacoby, Cristian Alexis Girard, Germán David Feldman, Alejandro Formento y Flavia Matilde Marrodán.
La causa dólar futuro fue la primera que cayó entre todas las que comprometían a Cristina Kirchner. Luego, llegaría la decisión tomada por los tribunales orales por los casos de Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, que ya estaban elevadas a juicio y se le dictó el sobreseimiento. Esas decisiones están apeladas en Casación que en los próximos días llevará adelante audiencias para decidir si las reabre. Todas está bajo la lupa de la Sala I de ese tribunal.
Esta causa se abrió con una denuncia de un grupo de diputados del PRO y de la UCR cuando se estaba definiendo quién gobernaría en la Casa Rosada. Allí se sostuvo que entre agosto y noviembre de 2015, el Banco Central vendió contratos a “dólar futuro” a $10,6 y $10,8 por unidad al sector privado para liquidar entre febrero y junio-julio de 2016. Para esa época, el dólar “blue” se cotizaba a 16 pesos. Y el precio de mercado de esos contratos (en Nueva York y otras plazas) era de entre $14 y $15.
A criterio del juez Claudio Bonadio, el Banco Central llegó a tener por esta operatoria contratos abiertos en el ROFEX y el MAE a diciembre de 2015 casi 17 mil millones de dólares. En mayo de 2016, Bonadio procesó a Cristina Kirchner, Axel Kicillof –en su rol de ministro de Economía– y a los entonces responsables del Banco Central. En ese fallo aseguró que la autoridad monetaria reportó quebrantos para su patrimonio por más de 77 mil millones de pesos: la cifra exacta es $77.325.739.338,60. La Cámara Federal confirmó el fallo y la causa se elevó a juicio en mayo de 2017.
A raíz del pedido de la defensa de Pesce, a cargo de Andrea Casaux, hecho en 2017 y al que adhirieron otros imputados, el TOF 1 ordenó un estudio contable. Los analistas del Cuerpo de Peritos de la Corte Carlos Alberto Campodónico, Alejandro del Acebo y Stella Maris Castaño –junto a los peritos de parte– finalmente se reunieron, analizaron la documentación y contestaron, en 82 páginas, las 81 preguntas que confeccionó el tribunal. Allí se sostuvo que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000″. La información, adelantada por Infobae, se conoció el 8 de agosto.
Frente a eso, las defensas de los ex responsables del BCRA pidieron el sobreseimiento al Tribunal Oral Federal 1. Los jueces Jose Michilini y Ricardo Basilico rechazaron el pedido. Dijeron que el fiscal mantenía la acusación en base a otras pruebas y que no todos los acusados lo habían solicitado. El juez Adrián Grumberg votó por cerrar el caso y se apartó porque no iba a cambiar su postura.
Cristina Kirchner y Axel Kicillof apelaron a Casación. La vicepresidenta pidió una audiencia cara a cara con los jueces y los medios para transmitirla. A las dos cosas les dijeron que no. “Ya ahí dije ‘el lawfare sigue en pleno apogeo’”, advirtió la propia CFK en la audiencia. Después de idas y vueltas, consiguió un zoom con una cobertura online que tuvo el efecto de una cadena nacional, que se hizo famosa en tribunales por la vicepresidenta diciendo “doctor Petrone”.
El 13 de abril del 2021, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. En ese fallo, los jueces aseguraron que las cuestiones de política económica no son judiciables. También hablaron de la inexistencia de perjuicio y el cumplimiento de las normas de la carta orgánica.
El fiscal Raúl Plee apeló. Dijo que la sentencia de Casación había producido “un gravamen al Ministerio Público” porque el sobreseimiento “cierra definitivamente la posibilidad de cuestionar lo resuelto mediante una sentencia arbitraria y se frustra la pretensión acusatoria, sin considerar los argumentos formulados por el Ministerio Público sobre la relevancia de la interpretación de la norma federal en cuestión (el articulo 18 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina) y sobre la consecuente necesidad de realizar el juicio para posibilitar una valoración completa de las probanzas de la causa”.
Su superior, Casal, recogió esos argumentos y reclamó en un dictamen ante la Corte Suprerma llevar a juicio a Cristina Kirchner y el resto de los acusados. La decisión queda en manos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
fuente: Infobae
