La exAFIP, actual ARCA, denunció a Tabacalera Sarandí, la empresa de Pablo Otero, también conocido como el “Señor del Tabaco” por presunto lavado de dinero. Según la presentación judicial encabezada por la División Penal Tributaria, las ventas de cigarrillos de dicha compañía a 23 distribuidoras mayoristas configuraron una supuesta “maniobra de simulación” para ingresar al circuito formal $33.600 millones entre 2021 y 2023.
La acusación plantea que la empresa de Otero le vendió cigarrillos a mayoristas incapaces “operativa, económica y financieramente” para afrontar dichas operaciones pagadas en efectivo. El texto judicial describe a esos $33.600 millones como fondos “incorporados al circuito financiero formal”, dado que los dividendos que los mayoristas recibieron por los productos que adquirieron de Tabacalera Sarandí también fueron abonados en billete y sin identificar a sus clientes, lo cual dificulta la “trazabilidad del dinero” que permitiría reconocer el origen de las transferencias.
LA NACION se contactó con Tabacalera Sarandí, que negó la acusación por presunto lavado de dinero. “No hay nada simulado, sin embargo no podemos controlar fehacientemente lo que sucede en el resto de la cadena de distribución. ARCA comprobó el consumo de materiales y estampillas, la bancarización, y el pago de impuestos. Para nosotros termina ahí la responsabilidad”, esgrimió Otero.
La denuncia en su contra resaltó tres puntos para argumentar su posición sobre la posible simulación de la operación. El primero de ellos señala que las distribuidoras mayoristas revendieron los cigarrillos comprados a la empresa del “Señor del Tabaco” a “precios similares” a los que los adquirieron, lo cual arroja poca ganancia.
En segundo lugar, el documento detalló que los distribuidores mayoristas recibieron pagos en efectivo por las ventas que realizaron de los cigarrillos que previamente le habían comprado al “Señor del Tabaco”. Agregaron que no existe identificación de sus clientes. Estos rasgos impiden “establecer la trazabilidad del dinero”. Es decir, quién abonó y de dónde obtuvieron esos fondos.
Y el tercer punto indica que las 23 distribuidoras mayoristas también le abonaron en efectivo a Tabacalera Sarandí, el proveedor y productor de cigarrillos. Realizaron depósitos en cuentas recaudadoras de la empresa de Otero, de acuerdo con la denuncia.
Además, el texto presentado por las autoridades del fisco describió a las 23 mayoristas que le depositaron $33.600 millones a Tabacalera Sarandí como entidades con “perfil fiscal irregular” y con una “notable falta de capacidad operativa, económica y financiera”. Esta es la razón por la que la denuncia menciona que sus compras no podrían haber sido parte de “un negocio real”. Incluso, relevaron que “no proporcionaron información ni documentación suficiente que justifique el origen de los fondos”.
Y, a propósito de la operación supuestamente simulada entre Tabacalera Sarandí y estos mayoristas, los agentes de control de ARCA observaron una “emisión de comprobantes altamente irregular con intervalos de apenas segundos”, algo que catalogaron como “incompatible con una atención presencial genuina”, dada la cantidad de documentos y los volúmenes manejados.
“Es absolutamente ridículo acusarnos de facturas apócrifas, si el impuesto pagado es más del 80% de la facturación. Nosotros fabricamos, vendemos, pagamos el tributo, cobramos y bancarizamos el 100% de nuestra producción”, dijo Otero.
El titular de Tabacalera Sarandí fue mencionado por el presidente Javier Milei como el “Señor del Tabaco”, cuando el oficialismo peleaba en el Congreso por la aprobación de la Ley Bases, que finalmente modificó los impuestos internos a los cigarrillos. El mandatario le adjudicó supuestas maniobras de “lobby” en contra de la iniciativa del oficialismo.
La historia de Otero y el pago de impuestos lleva directo a la Corte Suprema de Justicia. El mercado tabacalero argentino se reparte entre tres grandes jugadores: Massalin Particulares (filial de Phillip Morris en el país), British American Tobacco (ex-Nobleza Piccardo) y Tabacalera Sarandí. A esta última se le adjudicaba una competencia desigual con los otros actores, dado que la firma del “Señor del Tabaco” no pagó durante ocho años los tributos internos a los cigarrillos al tiempo que interponía recursos judiciales para mantener esa situación. Sin embargo, un fallo del máximo tribunal firmado en 2024 ordenó que la compañía comience a pagar estos gravámenes, que representan cerca del 80% del valor de los cigarrillos.
De acuerdo con estimaciones de la industria, esto le habría permitido a Tabacalera Sarandí vender sus productos a un precio más barato que el de sus competidores y ahorrarse US$2000 millones en pago de impuestos. Actualmente, dominan el 33% del mercado.
El informe
El análisis de la Dirección de Estudios de Fiscalización Especializada de ARCA explicó que el circuito de ventas de cigarrillos está compuesto por tres etapas, en las que detectaron supuestas irregularidades que motivaron la denuncia.
La primera etapa refiere a la venta de cigarrillos por parte de sus productores, como por ejemplo Tabacalera Sarandí, a distribuidores mayoristas. Una segunda instancia supone la reventa a minoristas, como quioscos. Y el tercer eslabón es la compra a nombre del consumidor final.
La denuncia hizo hincapié en un detalle que, como si fuera un dominó, encadenó distintas fichas que llegaron hasta la empresa de Otero. Tabacalera Sarandí emitió facturas tipo A. Según el texto judicial, esto “permite conocer quién es el adquirente del producto”. En este caso, habilitó conocer las distribuidoras mayoristas que le compraron cigarrillos.
Una vez individualizadas, los agentes del fisco observaron que en las facturas que los mayoristas le emitieron a los minoristas el “precio de venta era similar a los valores por los que adquieren los cigarrillos” de Tabacalera Sarandí. Estos 23 distribuidores les emitieron comprobantes con “intervalos de apenas segundos”, algo que los denunciantes consideraron “altamente irregular”.
Además, indicaron que los pagos por esas operaciones fueron afrontados en efectivo sin identificar a los clientes. Por último, la acusación volvió a Tabacalera Sarandí, el primer eslabón de la cadena. Según ARCA, recibió $33.632 millones en efectivo por parte de los 23 distribuidores mayoristas, rasgo que, indicaron, impide delinear “la trazabilidad del dinero”. Esto impulsa su sospecha sobre la posible “transferencia de dinero del circuito informal hacia uno formal”.
Por lo tanto, indagar sobre los responsables detrás de cada una de las 23 distribuidoras mayoristas configurará seguramente el paso siguiente de esta investigación.
Fuente: La Nación
