El caso que volvió a poner la lupa sobre el MPA
La detención del exfiscal de Rosario Mariano Ríos Artacho, acusado de encabezar una asociación ilícita vinculada al presunto vaciamiento de fondos provenientes de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en expedientes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de control del organismo.
Según la investigación, las maniobras se habrían extendido durante al menos siete años y se habrían producido dentro de una unidad especializada en delitos económicos.
El caso también abrió interrogantes sobre los controles internos que debían detectar posibles irregularidades. Durante ese período distintas autoridades estuvieron al frente del MPA y, entre ellas, la actual fiscal general María Cecilia Vranicich, quien anteriormente encabezó la Auditoría General de Gestión, organismo encargado de monitorear el desempeño de los fiscales y promover actuaciones disciplinarias cuando corresponde.
Nuevos pedidos de investigación
El expediente que involucra a Ríos Artacho se suma a otros episodios que generaron cuestionamientos sobre el desempeño de funcionarios del MPA.
En las últimas semanas también trascendieron medidas disciplinarias contra integrantes del organismo. Entre ellas, la destitución de un fiscal y la suspensión por tres meses de una fiscal en relación con la actuación frente a una denuncia por violencia de género de una mujer que posteriormente fue asesinada.
A ese escenario se agregó un pedido formulado por el Colegio de Jueces de Segunda Instancia para que se analice la actuación de fiscales en distintas causas relacionadas con la investigación que derivó en la condena del exfiscal Regional Patricio Serjal.
La situación de Mariana Ortigala
Uno de los puntos que se busca esclarecer está relacionado con Mariana Ortigala, extestigo considerada clave en investigaciones vinculadas con la organización criminal Los Monos y que posteriormente fue condenada por delitos de extorsión y estafas inmobiliarias.
El Colegio de Jueces solicitó que se investigue si existieron omisiones o demoras en la investigación de determinados hechos que podrían haberla involucrado, pese a que habría elementos que la vinculaban con distintas maniobras delictivas.
Ortigala fue condenada mediante un procedimiento abreviado en el que reconoció responsabilidad por algunos hechos. Sin embargo, el pedido apunta a determinar si existieron otras investigaciones que debieron avanzar y no lo hicieron, entre ellas una presunta extorsión contra el empresario del juego Leonardo Peiti.
En ese contexto aparece mencionado el fiscal Luis Schiappa Pietra, quien había intervenido en causas en las que Ortigala era considerada informante y posteriormente consolidó una posición de relevancia dentro del MPA.
También cuestionan actuaciones en la causa por Pillín Bracamonte
La actuación de Schiappa Pietra también quedó alcanzada por otros pedidos de investigación presentados ante la Auditoría de Gestión por abogados de Rosario, esta vez en relación con la causa que investiga el asesinato del exjefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte.
La investigación había quedado inicialmente en manos del fiscal Alejandro Ferlazo, quien posteriormente fue apartado por decisión del fiscal Regional Matías Merlo. La causa pasó entonces a Schiappa Pietra y Georgina Pairola, quien también fue mencionada en las presentaciones.
De acuerdo con el planteo realizado por los abogados, uno de los aspectos que debería ser analizado es el tratamiento dado a determinadas personas presentadas durante las investigaciones como informantes o testigos protegidos.
Otro pedido alcanza a una fiscal
El listado de funcionarios cuya actuación fue puesta bajo análisis incluye además a la fiscal Alejandra Del Río Ayala.
En su caso, un juez de la provincia habría solicitado que se investigue su accionar dentro de una causa relacionada con una denuncia por abuso sexual.
Los distintos planteos todavía deben atravesar las instancias correspondientes para determinar si existieron efectivamente irregularidades y, eventualmente, responsabilidades individuales.
Un organismo bajo revisión
Los distintos episodios se producen mientras las autoridades del MPA impulsan un proceso de revisión y cambios internos.
La sucesión de denuncias, pedidos de investigación y sanciones disciplinarias instaló nuevamente el debate sobre los mecanismos de control y supervisión dentro del organismo judicial.
El caso Ríos Artacho, por la extensión temporal de las presuntas maniobras y por el área en la que se habrían producido, constituye uno de los principales focos de atención. A la vez, los pedidos vinculados con Ortigala, la causa por el crimen de Pillín Bracamonte y otras investigaciones mantienen bajo análisis el desempeño de distintos fiscales.
Por ahora, serán las investigaciones correspondientes las que deberán establecer si hubo omisiones, irregularidades o responsabilidades en cada uno de los casos señalados.
