Este martes, desde las 8:30, se reanudaron los alegatos de la Fiscalía en el juicio oral por la obra pública que recibió para Santa Cruz el empresario Lázaro Báez y que tiene a Cristina Kirchner como principal imputada. El fiscal Diego Luciani comenzó con el análisis de las 51 obras públicas que recibió Báez y concluyó que “las licitaciones eran una ficción porque no hubo control”.
La segunda audiencia se inició sin la presencia de la Vicepresidenta que pidió autorización para ausentarse hoy y el próximo viernes por “tareas parlamentarias”. El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py aceptó el pedido.
“La contratación pública, la inversión pública es uno de los ámbitos mas proclives para los actos de corrupción. La administración debía ser muy cauta y rigurosa al momento de disponer los fondos del estado porque son los fondos de todos los argentinos, no de un gobierno, solo los administra y los debe administrar bien”, inició el fiscal y agregó que en los casos de las obras de Báez “las medidas de prevención fueron destrozadas por la propia administración pública”.
Y comenzó a analizar las obras. Los primeros ejemplos fueron los de cuatro licitaciones que se hicieron de manera simultánea “con una inadmisible celeridad que no estaba justificada”. Fueron licitaciones que se convocaron a fines de 2006 y se adjudicaron a principios de 2007. “Los contratos fueron firmados a pocos meses de comenzar la veda invernal, por lo que como establecía el contrato no se iba a poder comenzar los trabajos”, detalló Luciani y dijo que las licitaciones se adjudicaron en 45, 47, 46, 62 días desde el llamado a licitación. “Con una rapidez asombrosa, con una publicidad casi nula”, criticó.
La primera obra fue la pavimentación de 39 km de la ruta nacional 288 por 192 millones de pesos. A la licitación de presentaron Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Petersen. Las tres primeras de Báez y la cuarta “de cortesía”, dijo el fiscal porque ofreció un 20 por ciento más y quedó descalificada. La obra se le adjudicó a Gotti que se la cedió a Austral. El plazo de la obra era de tres años pero se extendió 120 meses y no finalizó.
La segunda obra fue la repavimentación de 67 km de la ruta 261 con un presupuesto de 93 millones de pesos. Se presentaron Kank y Costilla, Austral Construcciones y Petersen. Volvió a calificar “de cortesía” a Petersen que quedó descalificada porque presentó una garantía incorrecta. “Competencia ficticia”, calificó Luciani.
La pavimentación de 22 km de la ruta 40 fue la tercera obra. Con un presupuesto de 121 millones se presentaron Austral Construcciones-Gotti, Kank y Costilla y Petersen, que fue descalificada por una oferta 20 superior. Ganó Austral-Gotti.
El mismo esquema se dio para el ripiado en la ruta nacional 3: se presentaron Kank y Costilla, Austral Construcciones y Petersen. La última hizo una oferta de 20 por ciento más y fue descalificada. Ganó Austral Construcciones por 238 millones de pesos, 39 mas del presupuesto oficial.
“Nos permite dejar en claro que no solo hubo un direccionamiento grosero sino la falta de un adecuado control que tiene consecuencias nocivas para la administración. Y esto tiene como explicación que la orden de beneficiar a Báez venía de lo mas alto del poder ejecutivo”, analizó el fiscal.
Luciani analizó otra obra. Fue la renovación de canteras en la ruta nacional 3 por 75 millones de pesos. El fiscal señaló que el dictamen de la comisión de adjudicación se firmó el 30 de enero de 2007 y la preadjudicación de la obra un día antes, el 29 de enero de 2007, cuando debe ser al revés. “Es inexplicable”, sostuvo.
La Fiscalía comenzó ayer sus alegatos en el juicio oral. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, señaló ayer el fiscal, dejando en claro que pedirá que la Vicepresidenta de la Nación sea condenada.
Ayer la CFK estuvo presente por videoconferencia. Vestida de blanco, escuchó como Luciani manifestó que tiene acreditado que “entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”.
La de este lunes, fue la primera vez que Cristina Kirchner escuchó una acusación en su contra que terminará con un pedido de condena.
El momento de mayor tensión de la jornada de ayer fue cuando el fiscal mostró prueba que hasta ahora no se conocía: mensajes de Whatsapp del celular del ex secretario de Obras Públicas, José López en los que entendió que la ex presidenta ordenó pocos días antes de dejar el gobierno en 2015 que a Báez se le pague todo lo que se le adeudada por las obras públicas en Santa Cruz. Fueron 537 millones de pesos por obras que no se iban a terminar. Lo llamó “plan limpiar todo”.
El fiscal relató la maniobra desde su inicio. Fue pocos días que Néstor Kirchner asumió en mayo de 2003 como presidente de la Nación cuando Báez creó Austral Construcciones. Primero marcó que tanto el ex mandatario como el empresario eran “amigos íntimos”, algo que CFK “admitió en su indagatoria” y que además eran “socios comerciales”. “Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias. Se ha intentado ocultar esto que esta acreditado y que nosotros lo vamos a sacar a la luz y eso explica el por qué del favorecimiento a Lázaro Báez”, acusó.
Luciani hizo referencia a una declaración de Alberto Fernández -como testigo en el juicio- para fundamentar la relación de amistad entre el ex jefe de Estado y Báez. El actual Presidente “declaró que a Báez lo conoció en El Calafate cuando se lo presentó Néstor Kirchner en su casa”.
El fiscal también apuntó al resto de los acusados y señaló que fueron llevados para ejercer funciones en Nación durante la administración de NK. Nombró a Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, a López, a Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente, y a Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad. Todos continuaron en sus cargos en las dos presidencias de Cristina Kirchner, de 2007 a 2015.
Para el fiscal así se buscó “interponer barreas de contención para distanciar la responsabilidad de la Presidencia de la Nación”. “Los ex presidentes se valieron de personas de máxima confianza para desarrollar la maniobra. Las relaciones entre todos es inocultable”, remarcó.
También dijo que los organismos de control no hicieron su trabajo y que eso formaba parte de la maniobra ilegal. Y puso como ejemplo que Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, fue designada como adjunta en la Sindicatura General de la Nación, el organismo que debía controlar al Ministerio de Planificación Federal.
En rigor, Minnicelli estuvo en el cargo entre 2003 y 2007. Sus allegados recordaron que Manuel Garrido, entonces titular de la Oficina Anticorrupción, había limitado su órbita de acción y por eso no intervenía en cuestiones vinculadas al Ministerio de Planificación. “Los fiscales usan a Alessandra para generar suspicacias sobre los temas de control y omiten maliciosamente mencionar la resolución de la OA”, aseguraron ante la consulta de este medio. También recuerdan que Minnicelli llegó a ese cargo por su relación con Néstor Kirchner -a quien conocía desde los 5 años- y sus antecedentes laborales en funciones similares y no por su vínculo con De Vido.
En el juicio -que comenzó en mayo de 2019- se investigan las presuntas irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz. El fiscal sostuvo que en esas obras hubo sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.
Luego de Luciani, habló el fiscal Mola, quien hizo referencia a cómo Báez compró otras empresas constructoras de Santa Cruz para quedarse sin competencia en la provincia. Las 51 obras públicas que se debaten en el juicio comenzarán a ser analizadas en la audiencia de este martes.
En la hoja de ruta que trazaron los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, la idea es que haya veredicto antes de fin de año. El pedido de condena para funcionarios -que la Fiscalía ya adelantó que hará para Cristina Kirchner- suele estar acompañado con la inhabilitación -en muchos casos es de manera perpetua- para ejercer cargos públicos.
Si la vicepresidenta es condenada puede apelar pero recién cuando se conozcan los fundamentos de esa decisión, lo que quedará para el 2023, para que sea revisada primero por la Cámara Federal de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso excede los plazos para que la condena quede eventualmente firme, por lo que podría presentarse a las elecciones del año que viene.
En este marco, Cristina Kirchner difundió semanas atrás un video en el que sostiene que su condena ya está “escrita” y “a esta altura, hasta firmada”.
Junto con la vicepresidenta, Báez, De Vido, López, Carlos Kirchner y Periotti también están siendo juzgados el ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
Cuando la Fiscalía finalice su alegato será el turno de cada una de las 13 defensas. Cada una tendrá tres audiencias. Comenzará la de Báez y la de CFK será la sexta.
Fuente: Infobae
