El exgobernador de Entre Ríos, y actual El embajador en Israel y Chipre fue hallado culpable de delitos contra la administración pública durante su gestión.
El embajador en Israel y Chipre y exgobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Urribarri, un hombre muy cercano al kirchnerismo y principalmente a Cristina Fernández de Kirchner, fue condenado este jueves a 8 años de prisión por delitos contra la administración pública durante su gestión.
El tribunal que emitió el fallo estuvo compuesto por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. La audiencia comenzó el 27 de septiembre pasado y se extendió, debido a la complejidad de los delitos investigados, a la profusa prueba documental que se va exponiendo en el debate y a la cantidad de testigos previstos.
Los delitos acusados son Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. Los fiscales calculan un desfalco que supera los 7 millones de dólares.
Es la primera vez desde la restauración democrática que un tribunal entrerriano decide un fallo de este tipo. Hubo una lógica expectativa porque el principal acusado es nada más y nada menos que el exgobernador entrerriano, que también fue presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Además intentó ser precandidato a presidente en 2015. Precisamente la instalación de su frustrada candidatura está dentro de los gastos irregulares que se juzgan.
La Fiscalía había solicitado 12 años de cárcel para Sergio Urribarri, 10 para el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Baéz y el funcionario del Senado, Juan Pablo Aguilera (cuñado de Urribarri); ocho para la contadora Corina Cargnel y cinco para el exministro de Turismo Hugo Marsó. Para todos, además, se pidió una multa de 90.000 pesos.
Las acusaciones fueron por los delitos de Negociaciones incompatibles, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
Además solicitaron pena para Gerardo Caruso (imputado por el desvío de fondos para instalar publicidad de Urribarri en Mar del Plata), cinco años de prisión; Gustavo Tamay (acusado de certificaciones de publicidad amañadas, en el marco de su rol en el área de Comunicación del Gobierno de la provincia), cuatro años de prisión; para el empresario Germán Buffa, tres años de prisión condicional; para el contador Gustavo Tórtul, tres años de prisión condicional; para el diseñador gráfico y empresarioE miliano Giacopuzzi solicitó cuatro años de prisión; para Maximiliano Sena la pena de dos años; para Luciana y Alejandro Almada (socios en la empresa de Aguilera, a través de la cuál se desviaban fondos) pidieron tres años de prisión condicional.
El megajuicio acumula cinco legajos por presunta corrupción en el gobierno de Entre Ríos, bajo los mandatos del exgobernador Sergio Urribarri -quien está exceptuado de participar de la audiencia para cumplir con sus tareas en las embajadas de Israel y Chipre, donde vive actualmente con su esposa Ana Lía Aguilera-.
El primero de los legajos investigados en el Ministerio Público Fiscal se conoce como “causa de la vaca” o “causa de las imprentas”. Tiene como imputados al exgobernador Urribarri; el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador y empleado del Senado; a Alejandro y Luciana Almada; a Maximiliano Sena; a Emiliano Giacopuzzi -los cuatro como directivos de las empresas Tep y Next-; a Gustavo Tamay como responsable de certificación de publicidad en la vía pública del exMinisterio de Cultura y Comunicación; y a Corina Cargnel, contadora de las empresas.
Se ventila también el legajo conocido como “sueño entrerriano” que acumula tres expedientes: la causa Cumbre del Mercosur; Parador Playero en Mar del Plata; y Solicitada, todas vinculadas a desvíos de fondos oficiales a fines proselitistas. Los imputados son Urribarri; Báez; Gustavo Javier Tórtul; Aguilera; Cargnel; el exministro de Turismo; Hugo Marsó; y Gerardo Caruso. La hipótesis acusatoria sostiene que a través de gastos del Gobierno de Entre Ríos se financió la campaña presidencial del exgobernador Urribarri.
El último legajo del megajuicio es el conocido como “Global Means”, a partir del cual se investigó la adjudicación de publicidad en 18 medios gráficos del país a una empresa que, cuando recibió el beneficio, no estaba constituida como tal y tampoco aparecía en el registro de proveedores del Estado.
Además de los fiscales, en el debate intervinieron los defensores Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Emilio Fouces; José Velázquez; Ignacio Díaz; Juan Méndez y Miguel Cullen.
