Esta mañana, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la eliminación de fondos fiduciarios por 2 mil millones de dólares.
“Entendemos que carecen de transparencia y son parte de las cajas de la política”, precisó el funcionario, quien argumentó que este gasto representa un ajuste de medio punto del Producto Bruto Interno.
El ajuste estaba incluido dentro del paquete de medidas presentado en la Ley Bases (ley ómnibus), pero quedó trunca en Diputados, luego de que Milei decidiera retirar el proyecto ante la falta de apoyo de las provincias.
En sí, por mayoría, los Diputados no dieron el visto bueno al proyecto que le otorgaba al mandatario el poder de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.
No obstante, y pese a la espalda del Congreso y de los mandatarios provinciales, Milei decidió avanzar por decreto en la eliminación de los fondos fiduciarios, aunque desde el Ejecutivo no precisaron cuáles se eliminarán en esta primera etapa.
Técnicamente, un fideicomiso es un instrumento legal que involucra a tres partes clave: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. El fideicomitente transfiere ciertos activos o propiedades al fiduciario, quien los gestiona de acuerdo con los términos establecidos en el contrato del fideicomiso. El beneficiario es la parte que eventualmente se beneficiará de los activos del fideicomiso.
Es decir, que mediante de este acuerdo, se crea una estructura que permite la transferencia de bienes de un propietario a un gestor designado, quien los administra en beneficio de terceros, los beneficiarios. Sin embargo, por su figura legal, tiene muchos menores controles que las partidas que integran el Presupuesto, por lo que se transforma en un instrumento menos transparente que el gasto público habitual de las reparticiones del Estado, aprobado por el Congreso.
