En el marco de la investigación por una denuncia presentada por Afip en agosto de 2020, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, procesó a 14 ex directivos de la firma Vicentin. Les achaca la presentación de facturas truchas y fraguar exportaciones que no existieron para acceder a millonarios créditos fiscales y defraudar al Estado. Además, se les trabó un embargo sobre sus bienes y para quienes no tuvieran nada a su nombre se les ordenó una inhibición de 100 millones de pesos a cada uno.
Los ex directivos de Vicentin procesados son Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Herman Vicentin, Oscar Vicentin, Rubén Vicentin y Norma Vicentin. La causa, iniciada tras una denuncia de la Afip en agosto de 2020, hacía referencia a presuntas maniobras delictivas cometidas entre 2016 y 2019. Por el momento, las 14 personas continuarán en libertad aunque por las leyes citadas en el procesamiento son pasibles de recibir penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión.
En su dictamen, el juez Alurralde consideró a los ex directivos de la firma agroexportadora coautores penalmente responsables por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, con un agravante por la participación de dos o más personas, que puede elevar la eventual condena mencionada a un mínimo de cuatro años de prisión efectiva.
En la denuncia, Afip argumentó que Vicentin, durante un lapso de tres años, presentó facturas falsas provenientes de proveedores ficticios para solicitar reintegros de IVA «vinculados a operaciones de exportación»: «Se encuentra constatado que la firma percibió, en los períodos fiscales 2016 a 2019, sumas millonarias por parte del Fisco Nacional en concepto de reintegros».
En tanto, el magistrado remarcó en su resolución que pudo acreditar la denuncia realizada por la agencia estatal: «Hicieron figurar proveedores inexistentes, transporte de granos con evidentes signos de desuso y deterioro, impropios del giro comercial fingido y con movimientos bancarios que no se corresponden con la facturación, insuficientes empleados en relación de dependencia para cumplir con las tareas que demanda su funcionamiento o directamente inexistentes, vehículos incluidos en las cartas de porte que no eran aptos para el transporte de mercaderías y supuestos lugares de explotación inexistentes. Es decir, no funcionaba ninguna planta industrial u oficinas de administración», destacó.
Fuente: Diario Uno
