El juez federal Sebastián Casanello fue sorteado para subrogar el tribunal 11 y se haría cargo de la Causa Seguros, la investigación por presuntos hechos de corrupción contra el expresidente, Alberto Fernandez. La decisión se da después del sorteo realizado en Comodoro Py.
Casanello tiene tres días hábiles para aceptar la subrogancia del juzgado número 11. Si es así, desde el 12 de febrero Casanello reemplazará a Julián Ercolini, el magistrado que estuvo al frente del juzgado 11 en los últimos años. El nuevo juez tendrá que decidir si procesa al expresidente y al resto de los imputados, salvo que lo haga el propio Ercolini antes de irse.
El magistrado completó este miércoles la ronda de 39 indagatorias en el expediente de la causa, y quedó habilitado a definir la situación procesal de Fernández.
Revés para Alberto Fernández: la Justicia rechazó la recusación que hizo contra Ercolini en la causa Seguros
En tanto, el jueves, la Justicia rechazó la recusación que presentó Alberto Fernández contra el juez Ercolini, al que acusó de tener una “enemistad manifiesta” contra él.
La decisión estuvo a cargo del camarista Roberto Boico, que indicó que las críticas presentadas del exmandatario contra Ercolini “no avalan objetivamente el temor de parcialidad que se invocó en pos del apartamiento”. Y agregó: “Tampoco tiene entidad para esa solución, lo traído a colación sobre las ‘razones de decoro y delicadeza’ que impondrían la inhibición del juez, pues solo quien (eventualmente) se excusa está en condiciones de calibrar hasta qué punto un supuesto de violencia moral puede afectar su poder de decisión libre e independiente”.
Fernández expuso el lunes ante el juez Boico por el planteo de recusación. “Ercolini me quiere preso. Estoy seguro que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas (la de seguros y la de violencia). Salgamos de los formalismos y veamos lo que ha ocurrido”, afirmó. Y agregó: “No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”.
Para demostrar esto, se entregaron en la audiencia páginas de chats entre Fernández y Ercolini. Estas pruebas, según el exmandatario, probarían que ambos tenían una relación personal y académica que luego finalizó.
La acusación contra Alberto Fernández en la causa Seguros
La Justicia investiga la contratación irregular de seguros para organismos del Estado a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del exmandatario. en la causa, Alberto Fernández está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
En su presentación ante la Justicia, Alberto Fernández declaró que no incurrió en ninguna irregularidad o acto de corrupción relacionado con el decreto que involucra a Nación Seguros: el expresidente negó categóricamente haber ayudado a su amigo Héctor Martínez Sosa a conseguir contratos con el Estado como broker.
Fernández, que se negó a responder las preguntas del juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo, defendió el decreto 823/2021, que obligó a las entidades estatales a contratar pólizas a través de Nación Seguros. “En lugar de pagarles a empresas privadas, podíamos direccionar esos recursos a una aseguradora que los dirigía a Banco Nación para mejorar la existencia crediticia”, señaló.
“Cuando asumí en 2019, el sistema financiero estaba en ruinas, y la Argentina atravesaba una grave crisis económica. En ese contexto, dicté el decreto 823/2021, con el objetivo de optimizar los recursos públicos y evitar que el Estado continúe pagando primas a empresas privadas que no favorecían los intereses nacionales”, explicó el mandatario.
En uno de los pasajes más importantes de su declaración, Fernández detalló que el decreto no fue impulsado exclusivamente por él, sino por una serie de organismos del Estado, como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros. “Este decreto fue una decisión política, no debe ser objeto de judicialización. Lo que buscamos fue generar la mejor sinergia entre los recursos públicos y mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado”, aseguró el expresidente.
Según él, el decreto estableció que todos los seguros contratados por el Estado debían ser dirigidos a Nación Seguros, la aseguradora estatal, para reducir la salida de divisas al exterior y evitar la contratación de intermediarios privados, lo que permitía, de acuerdo a la versión de Fernández, “una mejor gestión de los recursos fiscales”.
