El líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, fue detenido esta mañana en el marco de una causa que investiga a la agrupación por amenazas y mensajes violentos. Su arresto fue parte de un conjunto de operativos que incluyeron las detenciones de otros dos miembros de Revolución Federal.
Los tres delitos que se investigan son incitación a la violencia, apología del crimen e instigación a cometer delitos, informaron fuentes judiciales.
En este expediente, que tiene un punto de contacto con el del atentado contra Cristina Kirchner, la vicepresidenta fue aceptada este martes como querellante. Brenda Uliarte, una de las detenidas por el intento de homicidio de Cristina Kirchner, había asistido a al menos una manifestación de Revolución Federal (la marcha de antorchas del 18 de agosto pasado frente a la Casa Rosada) y se evaluó que las dos causas se tramitaran juntas, pero finalmente se decidió que siguieran en juzgados separados. Las detenciones ordenadas hoy fueron dispuestas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
La instrucción de la causa está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. Fuentes del caso informaron a LA NACION que en el dictamen en el que pidió las nuevas medidas, Pollicita dijo que los hechos bajo investigación en esta causa forman parte de un clima social de violencia que tuvo su máxima expresión con el atentado contra Cristina Kirchner.
Hoy se realizaron en total 11 allanamientos y se detuvo, además de a Morel, a otras dos personas vinculadas a Revolución Federal: Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra, según pudo saber LA NACION de fuentes vinculadas al expediente.
Los tres fueron detenidos en sus domicilios, informaron fuentes del caso. Morel, en Munro; Sosa, en Villa Ballester, y Guerra, en Moreno.
La fuerza encargada de los procedimientos fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que este mediodía buscaba a una cuarta persona, sobre quien también pesaba una orden de detención. Los allanamientos incluyeron operativos en la carpintería de Morel y la sede de dos fideicomisos a través de los cuales él habría recibido dinero. Según Morel, el dinero en cuestión era el pago por objetos de carpintería. Como sus supuestos compradores, Morel identificó a la firma Caputo Hermanos. Fuentes judiciales dijeron hoy a LA NACION que no se firmaron órdenes de allanamiento en esa empresa sino en los fideicomisos, pero la dirección allanada coincide con la de Caputo Hermanos.
El origen de la causa
Esta causa penal se inició por una denuncia que recibió por mail la Policía Federal Argentina, en la que un hombre informaba que en las redes sociales estaba circulando “un perfil que atentaría contra la democracia y que incitaría al odio y violencia política, de forma directa al Presidente y Vicepresidenta de la Nación”, relató en el expediente el juez Martínez de Giorgi.
El perfil al que el denunciante se refería era la cuenta de Instagram @revolucionfederal. La publicación que citaba decía: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”.
Cuando Martínez de Giorgi recibió esta denuncia le preguntó a la jueza María Eugenia Capuchetti si ella estaba investigando a Revolución Federal dentro de la causa por el atentado contra Cristina Kirchner. La jueza le respondió que no. “No obstante -dijo Martínez de Giorgi en uno de sus fallos-, se remitió a este juzgado un informe elaborado por la Agencia Federal de Inteligencia, que da cuenta que personas integrantes de dicha agrupación se encontraban vinculadas al hecho –de público conocimiento- investigado en dicho expediente”. El juez se refería así al nexo de Uliarte con Revolución Federal.
