La Fiscalía federal de Santa Fe formalizó la investigación penal contra el responsable de un campo de cultivo de frutillas de Arroyo Leyes, a quien se le dictó prisión preventiva por 150 días, por la explotación laboral y reducción a la servidumbre de 45 personas, entre ellas dos adolescentes, halladas en condiciones de hacinamiento.
De acuerdo a lo constatado por la fiscalía, se detectaron diversos indicadores de vulnerabilidad social en las víctimas, la mayoría oriundas del Chaco, quienes eran sometidos a extensas jornadas laborales que comenzaban de madrugada.
Algunos vivían en galpones de chapa con piso de tierra, dormían en camas hechas de cajones de madera, no tenían acceso al agua potable ni a sanitarios, y les daban linternas para seguir trabajando por la noche, publicó el portal fiscales.gob.ar.
El acusado es Franco Poccia, un productor de 25 años, integrante de una conocida familia en Santa Fe, quien dirigía las tareas en el campo de frutillas.
Poccia quedó imputado como autor del delito de trata de personas con la finalidad de reducción a servidumbre. En relación a 43 personas es agravado por tratarse de más de tres víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad y la consumación de dicha explotación; y respecto de otros dos casos, a los mismos agravantes se le sumó que las víctimas son menores de edad.
La imputación fue formulada por el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez y su par Milagros Traverso el 4 de octubre pasado ante el juez de Garantías de Rosario Eduardo Rodríguez Da Cruz, quien dictó la medida cautelar de 150 días de prisión preventiva efectiva el 7 de octubre.
El fiscal Rodríguez afirmó que “desde la perspectiva de la dignidad humana, en términos colectivos y de las condiciones relativas a la vivienda y al lugar, la conducta del imputado afectó múltiples derechos, las condiciones de trabajo, la salud e integridad física”. Además, consideró que “las víctimas vivían en un contexto de clandestinidad”.
Según Rodríguez, el caso tuvo “un impacto interprovincial por el alejamiento de las víctimas de su lugar de origen, en situación de vulnerabilidad social, bajo pobreza extrema”.
La investigación se inició luego de que un trabajador oriundo de Chaco denunciara la situación de explotación el 17 de septiembre.
El denunciante relató que había llegado junto a otros dos amigos a trabajar al campo de frutillas de Arroyo Leyes tras contactarse con Poccia, quien les pagó los pasajes y se comprometió a abonarle mil pesos por cajón cosechado, cifra que luego redujo a 600 pesos.
También contó que dormían en camas hechas con cajones de verduras, dentro de un galpón de chapa, con piso de tierra, que no tenían agua potable (tomaban de pozo) ni baño, y que debían adentrarse en un monte para higienizarse o hacer sus necesidades. Los días de cobro, además, les descontaba la comida, que les fiaba un almacén lindero vinculado a un allegado al imputado.
Como no tenían horarios fijos, trabajaban de corrido desde las 3 de la madrugada con linternas, hasta la noche del mismo día, al mismo tiempo que recibían malos tratos, gritos, insultos y empujones por parte de los capataces y el encargado. Fue precisamente luego de una discusión con esas personas que denunció la grave situación.
De la constatación, se determinó que Poccia era el responsable del emprendimiento, y se procedió a su detención.
El relevamiento concluyó que ninguna de las personas que estaban en el campo tuvo trabajos previos, que no tenían estudios, que eran migrantes internos, y que la mayoría eran hombres jefes de familia. “Trabajaban desde las 2 o 3 de la mañana, lo cual se notó al momento del allanamiento a las 9 de la mañana, cuando ya estaban cansados por el trabajo nocturno y las jornadas extensas”, remarcó la fiscal.
Además, la Fiscalía citó el informe de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que confirmó varios indicadores de vulnerabilidad: tenían camas hechas con pallets, baños improvisados, cargaban agua de pozo en bidones de agroquímicos de los que bebían, utilizaban para lavar y bañarse, garrafas de gas e instalaciones eléctricas a la vista, y vivían en condiciones de cuasi esclavitud y hacinamiento.
Las víctimas dormían en camas hechas con cajones de verduras. – Foto: Unidad Fiscal Santa Fe
Consultado por El Litoral, Pedro Busico, a cargo de la defensa de Poccia, explicó que las víctimas referidas por la fiscalía “en realidad es gente que viene a Santa Fe por necesidad de trabajar, que vive en el campo porque elige vivir en el campo y que trabaja las horas que quiere pero no está obligada por el empleador”.
También fue contundente en cuanto que “las personas que estaban en el campo pidieron quedarse ahí, a pesar de la presencia de la Uatre, Renatre y un organismo de protección de víctimas de trata”.
Y continuó: “Quieren quedarse hasta diciembre, que es lo que acordaron con Poccia, porque ganan 300 mil pesos por semana y trabajan entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía o de madrugada hasta 9 am si hace mucho calor”.
Según reveló el portal Zona Crítica, personal de la comisaria de Rincón (con jurisdicción en amplia zona de la costa) le llegó a informar a Poccia que tres trabajadores “golondrina” lo habían denunciado mediante llamado al 911. Esa información había sido derivación para su averiguación formal a la Unidad de Orden Público costera. La advertencia de la policía a Poccia quedó registrada en una comunicación telefónica que el imputado tuvo con un amigo, en donde le comenta que la policía le advirtió sobre la denuncia.
Fuente: Rosario 3
