La justicia federal en distintas jurisdicciones ha avanzado sobre denuncias contra el presidente de Unión. Sin embargo, y luego de dos años de abrirse un proceso penal, la causa que se tramita en el MPA está parada.
Han pasado más de dos años desde que un grupo de dirigentes y la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, aportaran con sus denuncias en la Unidad de Delitos Complejos del MPA una serie de situaciones que dan cuenta de un proceso más que irregular por parte del empresario y dirigente de Unión desde que asumió las riendas del club en 2009.
En septiembre de 2019 las fiscales Mariela Jiménez y Laura Urquiza allanaron seis domicilios – entre ellos, la sede del club, la empresa de Spahn, la casa de un familiar directo y de una contadora – en búsqueda de documentación contable de la entidad deportiva. La denuncia original, firmada por tres socios, referenciaba un proceso fraudulento, que el presidente fue construyendo a lo largo de los años al frente del club y en el que el manejo de las finanzas de la entidad civil se confundía con el de sus empresas, con pocos controles externos y con contabilidades ocultas.
Pero los sucesivos requerimientos de la justicia federal a Spahn en causas por evasión, ya sea en sus empresas como en el club fueron encendiendo alertas en otras agencias estatales de control. En el último lustro el presidente tatengue debió rendir cuentas en el fuero federal por distintos motivos. Por ejemplo, en julio de 2019, la Afip lo denunció a él y a Unión por apropiación indebida de tributos, en la que el Estado Nacional cuantificó un perjuicio económico de casi 2 millones de pesos.
Dos años sin respuesta
La denuncia presentada en 2019 por un grupo de socios señalaba que en los últimos años Unión, con su presidente y su comisión directiva a la cabeza, fueron incapaces de rendir subsidios ordenadamente ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia que, en más de una ocasión, apercibió a la entidad por insuficiente o deficitaria justificación de subsidios del Estado provincial. A todo esto, también manifestaron oportunamente que el empresario y dirigente no cumplía los plazos internos para realizar asambleas, al punto que debió mediar – y luego convocarla – la Inspección General de Justicia a través de una Resolución interna.
En una de las últimas Asambleas de socios Spahn dijo que “el pasivo actual, el que tanto estamos discutiendo, es igual al que recibí yo cuando ingresé a este club en mi primer año”.
Luis Spahn aseguró que el club mantiene una deuda con él, su hermano y sus hijos de U$S 5.550.073. Sin embargo, el pasivo del Club Atlético Unión, al 30 de junio de 2009, era de U$S 4.690.000, es decir un millón de dólares menos. Luego de la Asamblea celebrada en agosto de 2019 se conformó un órgano auditor que analizó balances de los ejercicios contables del año. Tres de ellos fueron controlados de forma “externa” por la contadora Laura Brasca, quien trabaja en relación de dependencia en la firma Celestino Spahn S.A desde hace 19 años. La hija de la contadora cumple además tareas de contabilidad dentro del club, de acuerdo a averiguaciones que hicieron los denunciantes y aportaron a la justicia.
Inconsistencias
Ante las falencias e inconsistencias del “informe de deuda” suministrado en la referida Asamblea por el Presidente y el Tesorero –el que se plasmó en una planilla de Excel y sin entregar copia alguna a los asistentes – se conformó la comisión auditoria que fue integrada por doce asociados de distintas agrupaciones y coordinada por el respetado contador Raúl Lovaisa. Las conclusiones del trabajo fueron aportadas a la Inspección General de Personas Jurídicas y a la Unidad Especial de Delitos Complejos del MPA. Allí se destaca que “no fueron aportados ninguno de los elementos solicitados por esta Comisión Auditora para validar la deuda informada por la Comisión Directiva según balances presentados al cierre de cada ejercicio considerado (…) no se pudieron constatar las acreencias manifestadas en el informe presentado en la Asamblea Extraordinaria por la suma de U$S 5.550.073 visto que el Club manifiesta mediante Nota de fecha 22/10/2019 que “no existen ningún tipo de instrumento y/o contrato (mutuos, cesiones, donaciones) efectuados con la familia Spahn”.
La comisión especialmente conformada para corroborar o contrastar “la planilla Excel” de Spahn y su Comisión Directiva halló otro dato escandaloso: en al menos 183 oportunidades el club efectuó devoluciones a la familia Spahn por $58.364.097,89 entre los ejercicios económicos 104 a 112 (ambos inclusive), concluidos el 30 de junio de los años 2010 a 2018 (ambos inclusive). En la Asamblea de socios, el presidente del club lo había negado categóricamente. Es decir, Spahn, como presidente del Club, le canceló a su familia un importante monto de dinero (como acreedor) pero ninguna de esas operaciones habrían sido registradas formalmente ya que ante el requerimiento de los auditores sobre si, por ejemplo, se bancarizaron los pagos, si hubo intereses o compensatorios, esa información no fue aportada por la entidad deportiva.
La sombra del lavado
Hay dos operatorias de venta de jugadores que están en la mira de la justicia. Una es la relacionada a la venta del jugador Franco Soldano al Olimpyakos de Grecia, su posterior préstamo al Club Atlético Boca Juniors y el consecuente perjuicio económico para el club. Soldano llegó a Unión en 2014 y permaneció en la entidad hasta el 2018, donde jugó 90 partidos y convirtió 22 goles. Su buen nivel lo puso en la consideración mundial de clubes. Spahn lo cotizó en 4 millones y medio de dólares, sin embargo lo vendió al equipo griego en U$S 850.000. El delantero goleador, de 24 años, sin lesiones, con pasaporte comunitario había sido «malvendido” por Unión pero el presidente no dio explicaciones. Soldano volvió al país para reforzar el plantel de Boca Juniors, que pagó un préstamo de U$S 300.000 por 18 meses con una opción de compra de 5 millones de la moneda estadounidense. Por donde se mire la transacción el que siempre pierde es Unión. Para un grupo de socios puede esconderse detrás de esa flagrancia una maniobra de lavado de dinero por lo que solicitaron a la Unidad de Información Financiera que revise ése y otros pases, como por ejemplo el de “Quique” Triverio, que también quedó bajo la lupa de la justicia federal. Hace un mes, la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó la sede del club en búsqueda de información contable. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, investiga una serie de maniobras posiblemente vinculada al lavado de activos mediante el pase de jugadores a México, uno de ellos es el de Triverio al Toluca. La denuncia original se remonta a julio de 2019 cuando en la Procuraduría contra el Lavado de Activos de la nación ingresó un escrito que referenciaba maniobras de lavado por parte de un intermediario llamado Uriel Pérez Jaurena en la que podría relacionarse la existencia de cuentas bancarias en el exterior con dinero proveniente del narcotráfico. Debajo de esa lupa quedó el pase de Triverio. La sospecha es que por el jugador el Toluca de México pagó 2 millones y medio de dólares pero Unión habría asentado sólo 850 mil. El resto del dinero, se cree, era repartido por los actores que intervenían en la transacción. De acuerdo a una noticia publicada en el diario Infobae, la justicia habría detectado además que desde una cuenta a su nombre Uriel Pérez transfirió al Toluca 250 mil dólares.
PERICIA TERMINADA
El perito contable de la Corte, Germán Pérez, presentó a principio de año el informe final sobre el requerimiento hecho por las fiscales Mariel Jimenez y Laura Urquiza en el Legajo de Investigación Fiscal CUIJ N° 21-08212882-1 “SPAHN, Luis S/ Casos especiales de defraudación”. Sin embargo, y a pesar de toda la prueba presentada, la causa pareciera estar en pausa.
