La historia comenzó el año pasado, con más de 90 pedidos de informes por parte de la oposición de Boca sobre contratos, sueldos, cantidad de socios y demás. Los benditos informes nunca llegaron (el club ni siquiera los contestó), pese a todo la Asamblea aprobó el balance con los votos del oficialismo y el representante de la minoría en la Mesa Directiva del órgano, Sergio Brignardello, hizo la correspondiente denuncia a la Inspección General de Justicia.
El motivo: no se sabía qué se estaba votando y así no podía representar correctamente a los socios que no votaron a la actual conducción. Finalmente, luego de varios meses, la IGJ le dio la razón al denunciante.
¿En qué consiste la resolución del organismo? Por empezar, una sanción leve, la menor de todas: un apercibimiento al club, que luego podría transformarse en algo más si vuelve a incurrir en estas prácticas, pero por lo pronto, la asamblea no fue anulada. Y la más importante: obliga a Boca a crear un reglamento en el que se contemple el derecho a la información del socio, que deberá aprobarse en asamblea y puesto a disposición de la IGJ.
Por supuesto, le ordena además a la institución a responder a los pedidos de Brignardello y a informar a la minoría sobre los muchos datos que fueron solicitados. Ejemplos: ¿cuántos socios tiene el club? ¿Son activos, adherentes? ¿Hubo adherentes que lograron la condición de activos? ¿Cómo y cuándo? ¿Cuántos empleados hay? ¿Cuánto cobran los integrantes del Consejo de Fútbol en su carácter de contratados (no son dirigentes)? ¿Cuáles son los montos de los acuerdos publicitarios?
Todos puntos que no están desmenuzados, que nunca fueron informados y que por eso la oposición se negó a votar en la Asamblea donde se trató el balance, en octubre pasado. En breve llegará la respuesta de Boca, que debería dar a conocer lo que le piden. En definitiva, como siempre dice Juan Román Riquelme, el club es de los socios.
Fuente: TyC
