Se trata de una presentación del fiscal Eduardo Taiano, que investiga una serie de contratos que fueron firmados bajo la gestión de Claudio Chiqui Tapia.
Las oficinas de la AFA fueron allanadas este jueves por efectivos de la Policía Federal Argentina en el marco de una causa que investiga una supuesta «defraudación y lavado de dinero» a partir de una serie de contratos firmados durante la gestión de Claudio Chiqui Tapia para la explotación de derechos comerciales y digitales del fútbol argentino.
Además de Tapia, la denuncia por «administración fraudulenta y lavado de activos» alcanza al expresidente de Nueva Chicago Daniel Héctor Ferreiro -ahora distanciado del mandamás de la AFA, el dirigente de Barracas Central Yonatan Sanzi y los empresarios Guillermo Tofoni y Carlos Varela por unos convenios firmados a partir de 2017 entre la casa de la calle Viamonte 1366 y las empresas “Cellbank S.A.”, “Metro World Digital S.A.”, “World Eleven S.R.L.” y “World Eleven Sport S.A.”.
La investigación comenzó el pasado 23 de marzo a partir de una denuncia efectuada por la Asociación Argentina por la Transparencia Financiera en el Fútbol ante la fiscalía de Guillermo Marijuán, quien dio inicio a la causa que recayó en el juzgado N° 12 a cargo de Sebastián Casanello y en la fiscalía N°8 subrogada por Eduardo Taiano. Este último fue quien ordenó el operativo. Toda la documentación solicitada fue entregada por la dirigencia.
La denuncia inicial indicaba que Sanzi, también responsable de los seleccionados nacional de futsal, habría solicitado a la firma Cellbank cien mil dólares estadounidense para «avanzar en la celebración de un contrato comercial para la utilización de la imagen de los seleccionados nacionales».
La misma asociación denunció más tarde que Ferreiro, todavía con funciones en la AFA, habría consignado una deuda en carácter de acreedor con Nueva Chicago por el mismo monto al tiempo que la AFIP lo investigaba por supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas.
Más tarde otras denuncias alcanzaron a Tapia, a quien acusaron de haber cedido «la exclusividad digital de la AFA» a favor de la sociedad “World Eleven”, presidida Tofoni, quien en los últimos años, incluso en los tiempos de Julio Grondona, se encargó de la organización de los diferentes amistosos que disputó el seleccionado nacional.
A su vez, Chiqui también fue denunciado por la supuesta firma de un contrato con la empresa “Metro World Digital”, cuyo presidente sería Carlos Varela.
Varela, quien se habría constituido como “agente digital exclusivo” de la AFA según la denuncia, es quien reemplazó a Tapia en la presidencia del Club Barracas Central, una vez que tomó las riendas del fútbol argentino en 2017. Cuando cumplió su mandato, Varela -empresario del rubro de la recolección de residuos- fue reemplazado por Matías Tapia, uno de los hijos del dirigente.
Mientras la investigación avanzaba en la Justicia, la diputada Graciela Ocaña había citado a Tapia y los miembros del Comité Ejecutivo de la AFA para pedir explicaciones por la firma de estos contratos.
“Estamos pidiendo que Tapia venga al Congreso a explicar una serie de contratos que firmó, entre ellos con esta empresa, World Eleven Sports S.A, a la que se le cede parte de los beneficios que la AFA recibe para organizar partidos no oficiales. El contrato que firman, de 2022 en adelante, incluye la conformación de un instituto de fútbol a nivel mundial, auspiciado por la AFA, donde no sabemos qué beneficios tendrán los clubes asociados”, había advertido Ocaña en declaraciones a Radio Rivadavia.
Las denuncias por estos contratos habían salido a la luz en marzo pasado en el medio de una ola de cuestionamientos hacia Tapia por una serie de irregularidades en la asamblea virtual que hace año desembocó en su reelección “por aclamación”. Traicionado por viejos aliados y con un descontento creciente por parte de algunos dirigentes de peso con llegada la Casa Rosada, la suerte de Tapia parecía echada. Pero finalmente, el mandamás de la AFA había logrado realinear tropas para mantenerse en su silla. Ahora vuelve a quedar en el centro de la escena. Y será la Justicia la que decidirá si las denuncias tienen entidad o no.
