Daniel Ortega y Rosario Murillo han convertido a Nicaragua en un santuario para extranjeros de alto perfil acusados de corrupción. Tres ex presidentes centroamericanos destacan entre los personajes que han buscado refugio en el país en los últimos años para huir de la justicia en sus respectivos países.
Panamá confirmó que Nicaragua dejó vencer el salvoconducto de Martinelli y denunció la falta de cooperación del régimen
Antes de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, de 73 años, el ex presidente panameño protegido de Ortega y Murillo, llegaron a Nicaragua los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes Cartagena (2009-2014), fallecido en enero pasado a los 65 años, y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), de 80 años, ambos requeridos por la justicia de El Salvador por casos de corrupción.
Martinelli vive en una especie de limbo diplomático. El régimen de Ortega y Murillo le otorgó asilo político y desde febrero de 2024 permanece refugiado en la embajada nicaragüense en Panamá. Sin embargo, Nicaragua se ha negado a recibirlo debido a una alerta roja de Interpol que se conoció después de que se anunciara su viaje.
Ricardo Martinelli seguirá como asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, luego de que el régimen de Ortega se negara a recibirlo
No obstante, el diario panameño La Prensa ha señalado la contradicción del régimen nicaragüense, que en el pasado ha concedido asilo a otros fugitivos con órdenes de captura internacional en su contra.
“El gobierno de Nicaragua ha asumido una postura contradictoria respecto al asilo político del expresidente Ricardo Martinelli. Por un lado, le concedió asilo, pero al mismo tiempo se niega a permitir su ingreso al país debido a una supuesta alerta de la Policía Internacional (Interpol)”, señaló el periódico en un artículo publicado este lunes.
“La copresidenta nicaragüense Rosario Murillo defendió esta decisión el lunes, argumentando que su gobierno no acepta a personas con alertas internacionales, una postura que contrasta con decisiones previas del régimen sandinista”, agregó.
El diario se refiere, entre otros casos, al de Sánchez Cerén, quien llegó a Nicaragua en julio de 2021 en busca de refugio, pese a tener una orden de captura internacional en su contra por acusaciones de corrupción y malversación. Se le señala de haber recibido pagos irregulares por 530.000 dólares cuando era vicepresidente de Mauricio Funes.
Tanto Sánchez Cerén como Funes Cartagena obtuvieron la nacionalidad nicaragüense de forma expedita, lo que impide su extradición, ya que la Constitución de Nicaragua prohíbe la entrega de sus ciudadanos a otros países. Interpol retiró el nombre de Sánchez Cerén de la lista roja en septiembre de 2021.
El expresidente panameño Ricardo Martinelli se refugió en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá el 2 de febrero de 2024, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá ratificara una sentencia de julio de 2023 que lo condenó a 10 años y 6 meses de cárcel, además de una multa superior a 19,2 millones de dólares, por el escándalo conocido como New Business. Este caso involucra la compra de una editorial de periódicos con dinero proveniente de sobornos.
El 7 de febrero de 2024, el gobierno nicaragüense le otorgó asilo político, argumentando que era perseguido por razones políticas y que su vida corría peligro.
Martinelli, empresario y político panameño, fue presidente de Panamá entre 2009 y 2014 y buscaba postularse nuevamente al cargo. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema lo dejó inhabilitado para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, en las que, según las encuestas, era el favorito.
Su compañero de fórmula, José Raúl Mulino, asumió la candidatura en su lugar y ganó las elecciones con más de un tercio de los votos. Mulino no emitió el salvoconducto que Martinelli necesitaba para salir de la embajada hacia Nicaragua de inmediato, sino hasta el 28 de marzo, cuando el expresidente llevaba más de un año refugiado en la sede diplomática nicaragüense.
Sin embargo, el régimen de Ortega se negó a recibirlo, alegando que se trataba de una trampa o “emboscada”, ya que se activó una orden de captura internacional contra él.
“Hemos comunicado a las autoridades panameñas que mientras ellos no resuelvan esta incongruencia, no podemos, como autoridades de un Estado responsable y humanista, aceptar lo que consideramos una emboscada. Tanto el ciudadano expresidente, en condición de asilo y refugio en nuestra sede diplomática, estaría expuesto a acciones agresivas, como el mismo Gobierno de Nicaragua, al que se pretende generar un conflicto internacional que ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nos pertenece”, señaló la Cancillería de Nicaragua en un comunicado.
El primer expresidente en buscar refugio en Nicaragua fue Mauricio Funes Cartagena, quien falleció en enero de este año como ciudadano nicaragüense.
El 30 de julio de 2019, Funes, su esposa, Ada Michel Guzmán, y sus hijos, Carlos Manuel Mauricio Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, fueron declarados oficialmente ciudadanos nicaragüenses mediante la resolución número 3119, publicada en el diario oficial La Gaceta.
Funes fue condenado en ausencia a 14 años de prisión por negociar una tregua con pandillas en El Salvador, la cual buscaba reducir las tasas de homicidios a cambio de beneficios para los líderes pandilleros encarcelados.
El expresidente enfrentaba cuatro procesos penales en su país. La Fiscalía salvadoreña lo acusaba de peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de unos 351 millones de dólares del presupuesto público, en un esquema que involucraba a familiares, amigos y exfuncionarios.
Salvador Sánchez Cerén, profesor y exguerrillero, sigue siendo buscado por la justicia de su país. En julio de 2021, la Fiscalía General de El Salvador presentó cargos de corrupción en su contra por recibir pagos irregulares cuando era vicepresidente de Mauricio Funes. Pocos días después de que la Fiscalía formalizara la acusación, el régimen de Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense a él y a su familia.
Nicaragua tiene una larga tradición de ofrecer refugio a prófugos de la justicia desde los años 80, durante la revolución sandinista, una política que se ha acentuado tras el regreso de Ortega al poder en 2007.
Uno de los casos más notorios es el del italiano Alessio Casimirri, condenado en ausencia en su país a seis cadenas perpetuas y 24 años de prisión, además de dos años de aislamiento diurno, por su participación en el secuestro y asesinato del primer ministro Aldo Moro en 1978.
Casimirri ha vivido en Nicaragua por 42 años y posee un restaurante de mariscos a 13 kilómetros de Managua.
En 1984, el mismo Pablo Escobar Gaviria estuvo refugiado en Nicaragua y realizó transacciones que vincularon al gobierno revolucionario con el tráfico de drogas. Barry Seal, el doble agente de la DEA cuya historia fue llevada al cine con Tom Cruise como protagonista, fotografió a Escobar junto a funcionarios sandinistas transportando droga en un aeropuerto de Managua.
El ex narcotraficante colombiano Carlos Lehder, recientemente liberado después de 34 años de prisión en EEUU, también se refugió en Nicaragua junto a otros capos de la droga del Cartel de Medellín, según relató en un libro publicado bajo el título “Vida y Muerte del Cartel de Medellín”.
“Nicaragua es un paraíso para corruptos notables”, afirmó a Infobae Javier Meléndez, investigador y director del centro de pensamiento Expediente Abierto. “Nicaragua como paraíso residencial es un activo que se ofrece y se vende al que paga. ¡Y debes pagar bien! No importa si eras mi amigo o enemigo ideológico. No importa si eres un paramilitar asesino, un guerrillero narcotraficante, un expolítico salvadoreño de izquierda o uno hondureño de derecha y ladrón”.
Fuente: Infobae
