Cada seis años, la historia se repite en Venezuela. El régimen pone en marcha todas las estrategias que le son posibles con tal de evitar una derrota en las urnas, sabiendo que no cuenta con respaldo popular. Pero la elección presidencial de este domingo no parece ser una elección más en el país caribeño. Nicolás Maduro sabe que sus opciones son el fraude electoral o admitir la derrota.
A diferencia de comicios anteriores, en los que la oposición se abstuvo o se enfrentó dividida al chavismo, esta vez la elección de María Corina Machado como candidata presidencial en primarias dio un impulso al antichavismo para avanzar en su estrategia para defender la democracia a través del voto.
Como era de esperarse, el régimen desplegó todo su arsenal de artimañas para dar una batalla que solo ha demostrado el carácter autoritario del chavismo y el hastío de un pueblo agotado de la crisis.
El primer golpe fue la inhabilitación de Machado. No importó el Acuerdo de Barbados, ni haber obtenido una aplastante mayoría en las elecciones primarias, ni ningún tipo de recurso apelando al Tribunal Supremo de Justicia, afecto al régimen. El chavismo ya había decidido que ni ella, ni ninguno de los integrantes de su equipo podrían postularse a la Presidencia, con lo que se dio comienzo a una nueva ola de represión que tuvo al menos 305 víctimas en los últimos meses.
Los ataques contra el equipo de Machado comenzaron en el mes de enero, cuando fueron detenidos los coordinadores regionales del partido político Vente Venezuela, Luis Camacaro (Yaracuy), Juan Freites (La Guaira) y Guillermo López (Trujillo).
En marzo, el régimen, a través de la Fiscalía General de la República, detuvo a Emill Brandt Ulloa, coordinador del partido en Barinas. En la misma semana, detuvieron a Joe Villamizar, coordinador del municipio Girardot del estado Aragua.
Para ese entonces, se conoció también que el régimen dictó órdenes de detención contra otros siete miembros del equipo de María Corina Machado que no pudieron ser efectuadas. Oswaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, y Magalli Meda lograron refugiarse en la embajada de Argentina en Caracas, antes de que pudieran ser capturados por las fuerzas de Maduro.
Varios organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas (ONU), reportaron un incremento en el número de denuncias realizadas a lo largo de la carrera electoral. De acuerdo a las estadísticas publicadas por el Foro Penal, una ONG dedicada a la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, hasta el 22 de julio de 2024, se contabilizaron un total de 305 presos políticos, entre ellos 275 hombres y 30 mujeres. Apenas un recorte que ilustra las consecuencias del sistema de terror orquestado por la dictadura de Maduro.
“Es un mecanismo de intimidación que trata de socavar la plataforma que sostiene un camino hacia unas elecciones libres,” evaluó el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, durante un diálogo con Infobae, en donde señaló que las detenciones arbitrarias tuvieron como blanco a ‘personas que han apoyado directa o indirectamente la gira nacional o campaña política de María Corina Machado y Edmundo González.
De los 305 detenidos, 151 eran civiles; los 154 restantes, integrantes de las fuerzas militares. Todos fueron detenidos por diferentes motivos; sin embargo, el abogado defensor de los derechos humanos apuntó que todas las causas concluyen en un mismo fin: intimidar a la población.
Uno de los casos más recientes que se erigió como una postal de la persecución política que se vive en Venezuela tuvo como protagonista a Ricardo Albacete Vidal, un empresario que fue arrestado a principios de julio por haberle brindado hospedaje a María Corina durante su viaje al Estado de Táchira. “Hemos procedido con la detención del empresario Ricardo Albacete Vidal en cumplimiento de la ley”, declaró en su momento el fiscal general de Venezuela, William Saab, quien reconoció que no había ninguna prueba de que hubiera incurrido en actividades ilícitas. Un hecho que no impidió que este fuera privado de su libertad. Por este motivo, Romero subrayó que “la medida tenía como fin intimidarlo y castigarlo”.
El caso no solo funciona como ejemplo, sino que también expone una nueva traba que fue impuesta por la Justicia para evitar que los presos políticos puedan acceder a una defensa. “Este año se puede caracterizar por precisamente la falta de acceso a Tribunales, la falta de acceso a expedientes y restricciones tanto físicas como obstáculos diversos a la defensa privada”, denunció Romero al mencionar que tuvieron que formularse varias denuncias en el fuero internacional al tratarse de la única vía posible para asistirse.
La situación se torna más compleja a la hora de hablar de aquellos detenidos que se encuentran en una especie de “purgatorio judicial”. Pero, ¿de qué se trata ese plano intermedio que fue construido por la Justicia chavista? Básicamente, el término hace alusión a aquellas personas que han permanecido detenidas por tiempo indefinido. Sin importar que el plazo establecido por la ley – tres años en prisión preventiva – haya sido superado.
Mientras que 145 de las personas que fueron detenidas ya cuentan con una condena, aún hay 160 reclusos que están a la espera de ser enjuiciados y condenados. No obstante, el director de Foro Penal advirtió que “lo que ocurre con esas personas es que no hay forma de acusarlas, no hay forma de sustentar su prisión y las mantienen privadas de libertad sin ningún tipo de justificación”.
Al mismo tiempo, Romero remarcó que la mayoría de los detenidos en esta situación son militares, debido a que “son el grupo que se ha querido intimidar en mayor proporción”. De hecho, mencionó que el coronel retirado José de Jesús Gámez de Bustamante es una de las víctimas de este método, debido a que lleva doce años en prisión preventiva. “No ha tenido ni siquiera la oportunidad de realizar la primera audiencia de juicio”, indicó.
Sin embargo, los datos que serían verdaderamente alarmantes corresponden a la escalada represiva que se reportó entre el 4 y el 14 de julio pasado, donde se contabilizaron un total de 71 detenciones arbitrarias que tuvieron como víctimas a 66 hombres y a 5 mujeres. Asimismo, informaron que en el 61.9% de los arrestos hubo participación de organismos estatales.
Según el organismo, unos 44 casos fueron vinculados a la Policía Nacional Bolivariana (PNB); 9 al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); 4 a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); 2 a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); 2 a civiles armados; 1 a tránsito y 9 denuncias cuyos autores no fueron identificados. Incluso, la PNB (9), el Sebin (1) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (1) fueron acusados de haber sido parte de los 26 denuncias por hostigamientos.
A esto se le suman 11 casos de obstrucción en la vía pública, con la intención de bloquear la realización de actos de campaña proselitista, varias represalias con retención de bienes que implicaron el cierre de un restaurante de empanadas en Corozo Pando, donde María Corina había comprado un desayuno, tres allanamientos de propiedades y hasta una suma de 20 atentados contra la libertad de expresión y el acceso a la información.
El retrato del terror que atraviesa a la sociedad venezolana ha sido reiterativo a lo largo de las últimas dos décadas, sin embargo, no deja de ser preocupante para los especialistas ante la posibilidad de que el chavismo pudiera recurrir a una de sus conocidas estrategias para bloquear el camino hacia la libertad. “Como toda sociedad, requiere justicia y paz”, reflexionó el presidente de Foro Penal al remarcar que “establecerla es un ejemplo de justicia y, obviamente, es la respuesta a las víctimas”.
Fuente: Infobae
