Una amplia mayoría de 25 países rechazaron la legitimidad de la votación al aprobar una resolución en la Asamblea General, que señaló que “no fueron libres, justas ni transparentes” y que “no tienen legitimidad democrática”
En un quiebre sorpresivo, el gobierno de Alberto Fernández condenó formalmente por primera vez las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, al respaldar en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una resolución aprobada por una amplia mayoría de países que rechazó las últimas elecciones presidenciales en las que Daniel Ortega se adjudicó un cuarto mandato, al indicar que “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
La resolución fue aprobada en la Asamblea General por 25 votos a favor, siete abstenciones, y apenas un voto en contra, Nicaragua, que denunció una “grosera injerencia” y “campañas terroristas” en contra de su soberanía, y quedó aislado como nunca antes en la región.
A diferencia de otras votaciones, la Argentina esta vez quebró con México, que se abstuvo de respaldar el documento, al igual que Bolivia.
“La Argentina reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, que para nuestro país representa un valor superior e irrenunciable”, dijo Pablo Anselmo Tettamanti, secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería. “Hemos acompañado el actual proyecto de resolución con la convicción, la esperanza y la voluntad política de seguir trabajando a favor del dialogo y la solución pacifica de nuestras diferencias en verdadero beneficio de nuestros pueblos”, completó.
La resolución recibió el respaldo de El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela –el gobierno de Juan Guaidó–; Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y la Argentina. Otros siete países se abstuvieron: Honduras, México, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice, Bolivia y Dominica. La delegación de San Cristóbal y Nieves estaba ausente. Nicaragua fue el único país que votó en contra.
Las últimas elecciones presidenciales en Nicaragua en las que Daniel Ortega se proclamó ganador y se adjudicó un cuarto mandato consecutivo recibieron un amplio repudio internacional y fueron tildadas como una “pantomima de una elección” por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Antes de los comicios el régimen sandinista encarceló a decenas de rivales políticos, incluidos candidatos presidenciales, a los que Ortega acusó de “traición a la patria”.
El proyecto de resolución había sido impulsado por ocho países –Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, y Antigua y Barbuda– y recibió un apoyo mucho más amplio del que necesitaba, una señal de que a pesar de las diferencias ideológicas que reinan en la región, los abusos de Ortega fueron tan marcados que ningún gobierno lo respaldó.
La resolución pide además al Consejo Permanente de la OEA que haga “una evaluación colectiva inmediata” sobre los comicios y “tome las acciones apropiadas”, un mandato que podría derivar en la activación de la Carta Democrática y la expulsión de Nicaragua del organismo multilateral.
El documento reitera además el llamado a “la liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”.
Varios países fustigaron la votación en Nicaragua en la Asamblea General y reclamaron una acción contundente contra la nación centroamericana. La Carta Democrática Interamericana de la OEA exige a los países defender la democracia en la región, y describe las consecuencias para los gobiernos que violan derechos humanos.
“La credibilidad de la OEA como institución en defensa de la democracia depende de estar a la altura de esa carta”, remarcó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
Ortega y sus funcionarios han denunciado una ofensiva en contra de la soberanía de Nicaragua. “Nicaragua, señor presidente, merece respeto, no sanciones ni amenazas, no bloqueos ni actitudes belicosas”, había dicho durante el encuentro regional el delegado nicaragüense, Michael Campbell.
El canciller Santiago Cafiero había elevado el tono contra Managua al hablar ante la Asamblea General, pero a la vez había defendido la política del Gobierno de “no injerencia en asuntos internos de otros países” para eludir una condena a las elecciones. La Casa Rosada había adelantado una nueva abstención.
“Es claro que el respeto a la no intervención acompañada por el diálogo entre nuestros gobiernos no puede ignorar la violación de los derechos humanos, en particular de los derechos políticos, en un contexto de elecciones, donde las proscripciones y los presos políticos no tienen lugar”, había afirmado Cafiero durante su intervención en el inicio de la Asamblea.
El respaldo del Gobierno a la resolución marcó un quiebre: la Casa Rosada se había abstenido en dos ocasiones de respaldar resoluciones en la OEA que condenaban las violaciones de derechos humanos y el encarcelamiento de rivales políticos de Ortega. En el Gobierno aducían un enfrentamiento con el secretario General de la OEA, Luis Almagro. Esas abstenciones habían generado durísimas críticas de organizaciones de derechos humanos, y habían causado frustración en el gobierno de Joe Biden.
